Aunque la infraestructura es necesaria, no debe ser financiada con deuda
Heidy Sánchez Barreto (*)
El alcalde Carlos Fernando Galán presentó ante el Concejo de Bogotá la solicitud de un nuevo cupo de endeudamiento por 13,1 billones de pesos, distribuidos en 9,6 billones de pesos para financiar proyectos incluidos dentro del Plan de Desarrollo Distrital, PDD, y 3,5 billones de pesos para adelantar el pago de la cofinanciación de la troncal de la Calle 13 de Transmilenio.
De esta manera, el burgomaestre da continuidad a la política de endeudamiento de la ciudad y afecta los bolsillos de las y los bogotanos que pagan esta deuda a través de sus impuestos.
La Administración radicó la solicitud de un nuevo cupo de endeudamiento, por un lado, dividiendo en dos el monto e insistiendo únicamente en la suma de 9,6 billones de pesos, tratando de ocultar el cupo solicitado para la troncal de la Calle 13 de Transmilenio (3,5 billones de pesos) bajo la excusa de que es un recurso obligatorio porque es la cofinanciación en la que confluye la Nación, sin embargo, ¿por qué la fuente tiene que ser el endeudamiento?
Por otro lado, por primera vez en la historia, no hay descripción detallada de los proyectos en los cuales se invertirá; no hubo ningún anexo al respecto, solo por una solicitud posterior de las y los concejales se entregó un archivo con un escueto resumen de la inversión.
La mayor parte del endeudamiento se destinará al desarrollo de infraestructura vial y proyectos que benefician directamente a las empresas de la construcción y el transporte, así como al capital privado sobre los derechos de las comunidades vulnerables.
Endeudarse para pagar sobrecostos
El 46,6% (5,7 billones de pesos) de la solicitud del cupo se dirige a movilidad. Este monto financiará varias obras que benefician al modelo de concesión privada del transporte en buses, como la terminación de la troncal Av. 68 y su conexión con la Carrera 7ª, la finalización de la troncal Av. Ciudad de Cali, así como la gestión predial y traslado de redes para el corredor de la Séptima.
El corredor de la Séptima, de Galán, es el mismo corredor verde de Claudia López por el que, en 2020, se solicitaron 2,1 billones de pesos del cupo de endeudamiento, sin importarles que la comunidad no esté de acuerdo con esta obra al ser una extensión del modelo de Transmilenio.
En cuanto a la Avenida 68, esta obra tiene retrasos significativos que han generado sobrecostos superiores a los $500 mil millones. Esta obra se contrató en 2020 con fecha de entrega prevista para 2025, actualmente sólo se encuentra en 51% de avances y, de seguir el actual ritmo, podría retrasarse hasta el 2028, lo que generará aún más sobrecostos. Es decir, se endeuda a la ciudad para cubrir la ineficiencia de los privados.
Por otra parte, el IDU solicitó recursos de cupo para la conservación de la malla vial arterial (1,3 billones de pesos) y para la conservación de espacio público $259.593 millones, lo que es inequitativo con la comunidad debido a sus grandes necesidades, pues no cuentan con vías dignas para transitar.
Obras nuevas y por terminar
El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, divide la solicitud de los recursos del cupo en obras de nueve proyectos nuevos (2,1 billones de pesos) y dieciséis proyectos por terminar ($177,732 millones).
En cuanto a las obras nuevas, el principal contrato es el de la avenida Suba-Cota por 1,2 billones de pesos, lo que representa el 10,17% de la totalidad del cupo solicitado, proceso que ya ha implicado una adición presupuestal de $2130 millones y presenta un retraso del 17,35%, justificado por el incumplimiento del contratista consultor.
Con respecto a las dieciséis obras por terminar, es importante mencionar que estas vienen con retrasos que han implicado sobrecostos y la propuesta es pagarlas a través de cupo de endeudamiento, entre estas están:
La Avenida El Tintal/ Grupo 1, a cargo del contratista Consorcio Vías del Sur, tiene una solicitud de $2800 millones, por cronograma debía haber finalizado el 1 de agosto de 2023, desde entonces ha tenido una adición de $22.073 millones, principalmente por costos relacionados con las prórrogas y promesas de finalización de obra desde 2022.
La Av. Mutis/Entre Tv. 112B Bis A y Cra. 112, con una solicitud de $14.961 millones, no se relaciona ni contrato ni cronogramas. La Av. Villas/ Entre Calles 153 y 170 Fase 2, con una solicitud de $1600 millones, aunque está incluido como obra por terminar piden recursos para estudios y diseños a realizar hasta en el segundo semestre de 2025.
Transmilenio
Se pide un cupo adicional de vigencias futuras por un valor de 3,5 billones de pesos para la troncal de la Calle 13 de Transmilenio, lo que representa el 29,21% de toda la solicitud. Aunque el dinero está asegurado, justifican la solicitud para poder adelantar los pagos mientras se recibe la cofinanciación de la Nación.
Se evidencia la preocupación por hacer del sistema de transporte un negocio rentable para los operadores, mientras que las otras necesidades de las y los ciudadanos no son prioridad. Si bien la infraestructura es necesaria, no debe ser financiada con deuda.
El segundo sector con mayor asignación en este cupo es el de Hábitat, con 1,4 billones de pesos, lo que representa el 11,42% de la solicitud. De esta cifra, $817.305 millones se destinan para subsidios de vivienda, que no son directamente para las personas vulnerables, sino para las constructoras, ya que las personas vulnerables de la ciudad no pueden acceder a créditos.
El engaño
A pesar de la crisis de agua, en general, el Plan de Desarrollo Distrital, PDD, tiene énfasis en el desarrollo de proyectos con mayor impacto económico y beneficios para los operadores del sector privado.
Este nuevo cupo de endeudamiento, especialmente para el sector de la construcción y el de movilidad, limita la inversión y la efectividad de las políticas de redistribución y el beneficio directo a las comunidades más vulnerables.
Esto evidencia la mentira en el discurso que se vende a los ciudadanos sobre el desarrollo, la protección, el mejoramiento de los servicios para mejorar niveles de calidad de vida y la redistribución del ingreso. En realidad, los principales recursos se están yendo hacia el bolsillo de los privados, que no solo ganan con el negocio, sino también con los sobrecostos de las obras.
