Fuerzas Militares: Escándalo tras escándalo

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Una de las instituciones que exige a gritos una pronta reforma democrática de fondo, con la peor situación en la crisis moral que afecta a los poderes del Estado.

Hernando López

Semana tras semana aparecen nuevos escándalos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares, que involucran a altos y medianos oficiales, suboficiales y soldados, personal civil a su servicio, siempre en conexión con mafias de la delincuencia común. La explicación de la cúpula militar, del Gobierno Nacional, del Establecimiento y los medios de comunicación es la misma, se repite como en círculo vicioso: “Son manzanas podridas al interior de las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, se generalizan y se extienden a distintas unidades de las instituciones castrenses.

La clase dominante, muy contenta con la adhesión militar, al precio de guardar silencio ante los escándalos de corrupción, asume su defensa, colmándolas de elogios y calificando a sus integrantes de “héroes de la patria”. Todos se guardan la espalda. Los militares guardan silencio ante la crisis moral del país político tradicional, que degrada a los poderes del Estado, y estos guardan silencio ante los chanchullos y manejos sin control del presupuesto de los militares. “Yo te cubro y tú me cubres”.

Los militares son una logia especial llena de comodidades y de prebendas en el Estado. Además de ser intocables. En los diálogos de La Habana, los voceros gubernamentales, con pleno respaldo del presidente Santos, frenan cualquier intento de abrir el debate sobre la democratización y depuración en las Fuerzas Militares. No están en el debate, son un inamovible. Al tiempo que gozan de una publicidad sin límite en radio y televisión para demostrar que constituyen la institución de más alta aceptación en medio de la crítica nacional al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.

Son “los héroes del Estado que llevan sobre sus hombros la principal responsabilidad de la confrontación armada”. Llevan adelante la guerra que la oligarquía le declaró a sus opositores, incluyendo la guerra sucia y los nexos, siempre silenciados, con los paramilitares y narcotraficantes, con la colaboración de dirigentes políticos tradicionales, empresarios, ganaderos y otras yerbas.

Un botón de muestra

Para la muestra el botón de las confesiones y escandalosas declaraciones de los capos paramilitares en Justicia y Paz, que apuntan a denunciar esas turbias relaciones y el papel que jugó el militarismo en favor del fenómeno paramilitar. Generales en todas las épocas favorecieron el accionar criminal contra la izquierda y los activistas sindicales y populares.

Los actos de corrupción recientes, numerosos por cierto, son mañas viejas, tan antiguas como el conflicto. Los militares son los principales usufructuarios de la guerra; no solo porque son protagonistas de primera línea, sino porque manejan el presupuesto que incluye partidas y gastos sin ningún control. A disposición del Ministerio de Defensa hay un presupuesto equivalente a más del 5% del Producto Interno Bruto. La pulcritud del manejo presupuestal está amenazada por los gastos secretos y de seguridad nacional que escapan al control estricto de la Contraloría General de la República.

Durante el régimen de Estado de Sitio en tiempos de la vigencia de la Constitución del 86, se beneficiaban con doble tiempo de servicio y con ingresos y bonificaciones especiales. Con la Constitución del 91 se acabaron los estados de excepción permanente, pero las gabelas y prebendas se establecieron por vía administrativa. Amén de que nunca perdieron el manejo presupuestal. Son los que se lucran de la confrontación. Explicable, entonces, la oposición a los diálogos de paz en sectores de la cúpula militar y de los militares en retiro, corrientes militaristas que estimulan la confrontación.

Corrupción extrema

Históricamente hay situaciones de corrupción al interior del Ejército que nunca desaparecieron. Como las mafias que venden libretas militares, salvoconductos para porte de armas, dinamita y otros materiales bajo control de Indumil, un verdadero antro de irregularidades que nadie jamás se atrevió a tocar.

En estas condiciones, es vital para la paz democrática la reforma a fondo de las Fuerzas Militares. No solo para erradicar las prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional y del anticomunismo que aprendieron los militares en la Escuela de las Américas, presentes aún en los convenios de cooperación con los militares norteamericanos, sino para establecer rigurosos controles del gasto público, para evitar que civiles y militares hagan su agosto con contratos y con la inversión del presupuesto para la defensa. Un país en paz debe tener como base la transparencia y la elevada moral y ética de toda la función pública, sin excepciones.

Los escándalos recientes han estremecido al país, aunque el manejo mediático y el nefasto papel de los grandes medios de comunicación se encargaron de bajar el volumen de la gravedad de las denuncias. Los militares anunciaron investigaciones disciplinarias y la Fiscalía las acciones judiciales, y con eso se tapa lo demás: la profunda crisis moral de las instituciones castrenses, que ameritan reformas democráticas de fondo.

Son veintidós los generales de la República que están en el ojo de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación por “falsos positivos”, mientras que el general Freddy Padilla de León, ex comandante de las Fuerzas Militares, fue denunciado por cobrar una exorbitante suma de casi 285 millones de pesos por una incapacidad del 52,76% al dejar el cargo en 2010. Sin embargo, Padilla después fue embajador en Austria hasta 2013 y en 2014 fue candidato al Senado por el Partido de la U. No se le notó la incapacidad que le significó la cuantiosa indemnización del Estado.

Miles de investigaciones

Son más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales que realizaron los militares en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Hay apenas 819 condenados y 4.262 uniformados investigados por el mismo delito, llamado por la prensa “falsos positivos”. Y otros dos mil militares son investigados por violaciones de los derechos humanos y otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La semana pasada se conoció que una red de corrupción en el Ministerio de Defensa defraudó en más de 25 mil millones de pesos el sistema de retiro de las Fuerzas Militares. Integrada por militares activos y en retiro, y civiles al servicio de la entidad, se dedicó a traficar con pensiones e indemnizaciones falsas. Los delincuentes cobraban hasta 40 millones de pesos por la gestión ilegal.

Treinta y cinco personas fueron capturadas, 14 militares activos, 15 retirados, un contratista y cinco expertos en temas de salud que operaban en varias regiones del país. En la lista de beneficiarios aparecen hasta condenados por los “falsos positivos”, como el teniente Fernando Murcia Peña, condenado a 19 años por el asesinato de un campesino en Putumayo; y el suboficial Otoniel Aguirre Correa, que paga 23 años por un caso similar en Sucre.

Y como si fueran pocos los escándalos en las dos últimas semanas, la pasada terminó con uno nuevo, que involucra a miembros del Ejército, pues se descubrió una red que le vendía armas por igual a la guerrilla y a los paramilitares, según la información.

A pesar de la gravedad de los hechos, sumados a los escándalos en la Justicia, en el Congreso y en el Ejecutivo, las dudosas encuestas que se revelan en los últimos días quieren mostrar unas Fuerzas Militares con el más alto prestigio. Hace unos años, un director de la DEA en Bogotá, que hablaba de cómo desaparecían en manos de los militares los dineros del Plan Colombia, dijo: “Estos generales se roban hasta un hueco”.