Convenios entre empresas mineras y batallones militares
Redacción Política
Por el orden de 45 mil millones de pesos se encuentran suscritos contratos de custodia entre las empresas del sector minero energético y el Ministerio de Defensa. En la Comisión Segunda del Senado de la República, se denunció esta práctica que a juicio del senador Iván Cepeda es una privatización de la fuerza pública.
En una década, entre 1995 y 2005, se han firmado 1.229 convenios con el Ministerio de Defensa y con batallones del Ejército colombiano que están relacionados directamente con hechos de falsos positivos. “Se calcula que 68.255 miembros de la Fuerza Pública hacen parte de las unidades dispuestas para estos convenios”, explicó Cepeda.
El senador del Polo Democrático Alternativo enfatizó en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. “Entre 2005 y 2007, Torres Escalante estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 víctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando. Según las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, existen seis investigaciones contra Henry Torres”, señaló Cepeda.
Otra denuncia surgida en el debate fue la actuación de la empresa Metapetroleum, subsidiaria de Pacific Rubiales, que según los trabajadores, se hace contra organizaciones sociales. Los empleados de la empresa denunciaron infiltraciones en reuniones y seguimientos a líderes sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio ético” contra la empresa que se llevó a cabo entre el 11 y el 12 de julio de 2013. Ese tipo de actuaciones generadas presuntamente por miembros de los batallones que custodian el área de explotación de la multinacional petrolera fue calificado de ilegal, desproporcionado e inconstitucional, “esas no son las tareas de la fuerza pública” señalaron los denunciantes.
“En un escenario de posconflicto armado no tiene ningún sustento jurídico la realización de este tipo de convenios que llevan a la privatización de la fuerza pública”, indicó Cepeda quien a reglón seguido le solicitó al Ministerio de la Defensa que aclare “por qué se le da carácter confidencial a estos convenios”. El senador solicitó intervención de los organismos de control para que hagan seguimiento a la ejecución de los contratos.
