“Exigimos que este pacto de silencio mantenido durante 30 años, finalmente se rompa, que los criminales asuman su responsabilidad y digan la verdad que tanta falta le hace al país”: Héctor Jaime Beltrán
Carolina Tejada
Un miércoles 6 de noviembre de 1985, se llevaría a cabo una de las tragedias más grandes para el país. La acción del M19, que pretendía presionar a los magistrados de la corte para enjuiciar a Belisario Betancur por el incumplimiento con los temas de paz, pasó a un segundo lugar después de conocerse los resultados de las acciones militares por parte del ejército nacional, que cobraría varias vidas y once personas desaparecidas, las cuales salieron con vida del palacio en compañía de los militares.
El 6 de noviembre de este año, se realizó un acto público en el que el Estado debería pedir perdón a los familiares de las víctimas. Héctor Jaime Beltrán, es el padre de Héctor Jaime Beltrán, uno de los meseros de la cafetería, desaparecido forzadamente por las fuerzas militares en los hechos del Palacio de Justicia. Este hombre que ha acompañado cada acto de exigibilidad de la verdad sobre el paradero de su hijo, leyó, con voz temblorosa, una carta en relación a la justicia en Colombia.
En su carta afirmó: “Aceptamos este acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, ordenada por la Corte Interamericana de derechos humanos como medida de reparación por el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo consideramos que quienes deberían estar aquí ante las víctimas y sus familiares, reconociendo su responsabilidad y afrontando el juicio de la sociedad son, el expresidente Belisario Betancur Cuartas, que nunca asumió la grave responsabilidad que le corresponde, sus ministros que encubrieron los hechos, y la cúpula militar de la época, que retuvo arbitrariamente, torturó y desapareció a nuestros familiares”.
El saldo de la tragedia de aquel 6 de noviembre que aún continúa en la impunidad, fue de 94 muertos y 12 personas desaparecidas. En esta acción en donde se pensaba que las fuerzas militares estaban irrumpiendo en el palacio con el objetivo de frenar la acción militar del M19 y proteger la vida de los civiles, entre ellos, empleados, visitantes, nunca se pensó que las personas aparentemente rescatadas, fueran retenidas, torturadas y desaparecidas por sus rescatistas: las fuerzas militares.
Quienes fueron asesinados al interior del palacio, no se les permitió el levantamiento de sus cuerpos, todos fueron llevados al patio central del primer piso, desnudados, apartados de sus pertenencias y lavados con una manguera con agua de los carros de bomberos. Nunca se permitió una inspección, las pruebas de lo ocurrido, pareciera que se las llevó el agua porque todo desapareció como por arte de magia.
“Hace 30 años las armas silenciaron las leyes”, fueron las palabras de Orlando Quijano, representante de las víctimas de tortura.
Francisco Lanao, esposo de Gloria Ansola, abogada visitante del Palacio de Justicia y quien fuera desaparecida, también se refirió a la necesidad de que Colombia pueda avanzar hacia la tan anhelada justicia para las víctimas de crímenes de Estado. Recordó cómo en el gobierno de Belisario Betancourt, en julio de 1986, después de crear una comisión de la verdad, en el informe desaparecieron a los desaparecidos, ahondando en el dolor de quienes exigían el derecho a la verdad y la aparición con vida de sus seres queridos.
Mencionó cómo la labor de Eduardo Umaña Mendoza constituyó un gran apoyo a las familias reclamantes, “su labor permitió mantener abierto el caso a pesar del pacto de silencio entre el gobierno, las fuerzas militares, gran parte de la prensa y de la sociedad”.
Pasaron 20 años, para que la justicia colombiana iniciara una investigación por desaparición forzada. Este hecho se debió a la presión de las familias y por otro lado, a que en 1998, lograran que se exhumaran de una fosa común en el cementerio del sur, los cuerpos de varias víctimas del Palacio, sin identificar.
En el 2004, Ángela María Buitrago, se convertiría en la primera fiscal con valor, que le otorgaría a las familiares de las personas desaparecidas, el avance en su clamor por la justicia. Algunos de los responsables de este crimen fueron llevados a la cárcel. Para el 2010, dos jueces María Stela Jara y María Cristina Trejos, condenaron a los coroneles Plazas Vega y Arias Cabrales, ambas fueron amenazadas por esta decisión, en el caso de María Stela Jara, le costó el exilio.
Sin verdad, no hay justicia
Hasta el día de hoy, la justicia colombiana ha vacilado en ejecutar los fallos judiciales que han surgido en favor del caso, la justicia sigue coja para las víctimas del palacio. Por eso a pesar de que a tientas el gobierno nacional acogió la decisión de la Corte Interamericana, de pedir perdón y aceptar la responsabilidad del Estado frente al holocausto, las familias, consideran que aún es ineludible conducir las investigaciones necesarias para encontrar la verdad, hallar a las víctimas desaparecidas, y hacer justicia.
En la intervención que las familias hicieron en la Plaza de Bolívar, donde se llevó a cabo el acto de reconocimiento por parte del Estado en cabeza de Juan Manuel Santos, el señor Héctor Jaime Beltrán no dudó en afirmar: “No es razonable perdonar a quien no ha pedido perdón, el perdón requiere verdad. Arrepentimiento y justicia, justicia real, el perdón y la reconciliación solo será posible cuando los responsables asuman su responsabilidad ante la sociedad”.
Por su parte Alejandra Rodríguez, hija del administrador de la cafetería, y nieta de la persona que acudió a la Corte Interamericana para demandar la ausencia de garantías frente al caso, mencionó: “No queremos una verdad a cuenta gotas, queremos una verdad completa”.
