Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA
Han transcurrido apenas dos meses y medio desde que se iniciaron las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. Si se descuentan las pausas acordadas entre las partes, que son necesarias en todo proceso de diálogo, el tiempo se reduce a menos de dos meses de trabajo. Sin embargo, hay quienes haciendo caso omiso de que se trata de resolver un conflicto que lleva medio siglo, se apresuran a pedir resultados inmediatos.
El periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente de la República, afirma que “llevamos cinco meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto”. De dónde le resultan cinco meses, si las conversaciones comenzaron el 19 de noviembre del año anterior? Él, que hizo parte de las reuniones exploratoria que condujeron a la suscripción del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sabe mejor que nadie que dicho acuerdo, que apenas se limita a definir la Agenda y la reglas de juego para las conversaciones, requirió más de seis meses de trabajo (entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012), por lo que resulta desproporcionado reclamar resultados sobre los temas de fondo en el breve término de dos meses.
El Presidente de FEDEGAN, reconocido opositor a la salida negociada, se negó a participar en el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, realizado en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre por el PNUD y la Universidad Nacional a instancias de la Mesa de Conversaciones de La Habana, y ha dicho abiertamente que “el proceso de paz no va para ninguna parte”.
El Secretario General de la Conferencia Episcopal afirmó que “El proceso de paz comenzó mal”, porque no se cumplieron requisitos que, a su juicio, han debido pedírseles a las FARC antes de iniciar los diálogos, olvidando que una forma de impedir el diálogo es hacer exigencias que sólo pueden ser resueltas en la mesa de conversaciones.
No podían faltar las declaraciones provocadoras del Procurador General de la Nación, otro enemigo jurado de la paz, quien ha dicho que los guerrilleros que tengan condenas no podrán participar en política, con lo cual desconoce abiertamente el delito político.
Mientras tanto, el máximo jefe de la ultraderecha y el guerrerismo, Álvaro Uribe, ataca permanentemente el proceso de diálogos, porque para él la única alternativa aceptable es el exterminio militar de los guerrilleros o su rendición. Lo que en realidad quiere el señor Uribe es la guerra infinita que le permita seguir derivando de ella dividendos políticos.
Al comienzo de las conversaciones la organización Colombianas y Colombianos por la Paz les propuso a la partes acordar una “tregua o cese al fuego bilateral” y, desde entonces, las FARC han insistido en la propuesta, encontrando siempre la negativa rotunda del gobierno, que lo que anuncia reiteradamente es la intensificación de la ofensiva militar.
Las FARC, por su parte, ordenaron una tregua unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013, pero la reiniciación de hostilidades y la captura de algunos integrantes de la Fuerza Pública, cuya liberación ya ha sido anunciado por las FARC, les sirvió de pretexto a los enemigos de la paz para lanzar una nueva ofensiva contra las conversaciones de La Habana, cuando de lo que se trata es de una consecuencia de negociar en medio del conflicto.
La posición del Gobierno Nacional ante la andanada guerrerista del militarismo y la ultraderecha es confusa, por decir lo menos. Unas veces dice que hay “avances” en el proceso, lo que hace suponer que las cosas van bien. Otras, descalifica las propuestas de la guerrilla, hace amenazas y pone ultimátums, como el de que el Acuerdo Final debe concretarse a más tardar en noviembre de este año. Un día afirma que no volverá a referirse a Uribe y otro les pide respeto a las FARC para “la dignidad del Presidente Uribe”. Con razón, el columnista de El Tiempo, Pedro Medellín, concluye que “la negociación está en un momento difícil, más por cuenta de las interferencias y el mal manejo de los que están fuera de la mesa y del propio Gobierno”.
Lo cierto, es que no ha habido ni habrá un proceso de paz, exento de dificultades, lo que no impide que se pueda avanzar, como lo consignan las FARC en un reciente comunicado en el que dicen que “Nadie se ha puesto de pie o anunciado formalmente con retirarse. Por el contrario, las dos partes trabajan en busca de puntos de aproximación sobre el tema agrario, con el afán de producir acuerdo significativos que representan avances ciertos hacia la terminación del conflicto y la paz”.
Todos estos hechos demuestran que para que las conversaciones puedan llegar a feliz término deben sortear múltiples y difíciles obstáculos que sólo podrán superarse con la más amplia movilización de las masas para defender el proceso de paz.
Es el momento de unir todas las fuerzas partidarias de la paz en un Frente Amplio y dotarlo de una agenda de lucha para impedir que los sectores guerreristas cumplan sus objetivos de sabotear los diálogos, y hay que convertir las conversaciones en un proceso que nos conduzca a la “construcción de una paz estable y duradera”, tal como se consigna en el Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2013
