Es un hecho que en el casco urbano de San José del Guaviare existe una red de explotación sexual infantil. Sin embargo, una investigación periodística ha prendido las alarmas por una presunta violación de una niña indígena de diez años a manos de un soldado estadounidense, así como de la violación masiva a otra niña por parte de militares colombianos
Anna Margoliner
San José del Guaviare se ha convertido en noticia continental por cuenta de una investigación periodística hecha por la cadena de televisión estadounidense Univisión. En ella, revela el medio de comunicación, presuntamente una niña indígena de diez años fue violada por un soldado estadounidense, al mismo tiempo que se denuncia una violación masiva a otra infanta por parte de militares colombianos en 2019.
El primer caso se conoció tras la evidencia del embarazo de la menor en aquella época, quien fue trasladada por su tío al hospital regional al verla en su intento por abortar. Según Univisión la joven no hablaba español, se comunicaba con su tío gesticulando.
A partir de ese momento inició una investigación por parte de las entidades pertinentes (el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Gobernación del Guaviare, la regional de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía regional, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia) quienes aún no responden por este caso y de los demás que se han venido denunciando hasta el 2022.
Se habla de una red de explotación sexual infantil, en la cual uno de los focos identificados es la población indígena de niños y, especialmente, niñas de las comunidades Jiw y Nukak Makú que se encuentran en una condición de alta vulnerabilidad dadas las condiciones en las que viven.
Con respecto a esto, el presidente Gustavo Petro manifestó a través de Twitter el pasado 13 de enero: “He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”. Dicha comisión, según los comunicados y las redes sociales de las instancias correspondientes empezó labores de investigación el mismo día.
Condiciones de las comunidades indígenas
El conflicto armado que se extendió en Colombia a lo largo del siglo XX declinó en la presencia de diferentes actores armados en las diferentes regiones del país. En la zona amazónica se identifican varios: militares, paramilitares, algunas disidencias y la población civil, dentro de la cual están presentes las comunidades indígenas que han habitado este territorio desde hace mucho tiempo.
Dentro de ellas, las comunidades en cuestión que se han visto afectadas no solamente por la violación a los derechos humanos sino por la alteración de sus costumbres, cultura y territorio habitado. Los Nukak Makú eran originalmente nómadas, habitaban la selva y esta les daba sustento, sin embargo, como resultado del conflicto se vieron obligados a migrar hacia los cascos urbanos y establecer el sedentarismo para sobrevivir.
Algunos testimonios de la propia comunidad mencionan las condiciones precarias en que habitan al ser víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto. En el reportaje hecho por Univisión se cuenta, entre otras cosas, las consecuencias de la vulnerabilidad de los y las niñas indígenas derivando incluso en el consumo de sustancias psicoactivas:
“En el atardecer del 3 de octubre cuando preparábamos las cámaras para una entrevista frente al río Guaviare con Gustavo Enrique Ricardo, un misionero cristiano que convivió 10 años con los Jiw para aprender su idioma, un grupo de tres niños y una niña se acercó a saludar a Ricardo.
“Hablaban jiw entre ellos. Ricardo notó una protuberancia en la ropa de los niños y se percató que los rayos del sol habían delatado una partícula amarilla adherida a la punta de la nariz del niño mayor. De inmediato el misionero entendió que los niños escondían Bóxer debajo de sus pantalonetas. Les pidió en su idioma que lo entregaran. Uno a uno fue sacando unas botellas amarillas pequeñas con el químico. Unos sonrieron nerviosos. Otro que estaba compungido dijo que quería ingresar a la escuela.
“Pagaron cincuenta centavos de dólar por cada botellita, según lo admitieron, pero fue imposible convencerlos de que nos indicaran dónde compraban el pegante. A cada pregunta respondían levantando el brazo hacia el cielo. ‘Por allá’, decían.
De acuerdo con el informe del ICBF, algunos niños describieron a los distribuidores del químico como vendedores ambulantes que van ‘caminando por las calles con unas cajitas y venden cigarrillos, bombones, papas fritas y sicoactivos como Bóxer’. El teniente de la policía Víctor Sanabria, jefe de la Seccional de Protección, nos confirmó que no existe una sola investigación judicial por distribución de dosis personales del pegante”.
Militares estadounidenses y explotación sexual
La presencia de militares estadounidenses en el territorio nacional bajo el marco del conflicto armado se remonta históricamente a los esfuerzos del Estado por erradicar el comunismo que fue catalogado como amenaza interna y todo aquel que estuviera cercano a él así fuera mínimamente. Se tiene conocimiento de manuales contrainsurgentes diseñados por militares estadounidenses adaptados al contexto colombiano.
Incluso en el 2009, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia cuya finalidad supuesta era la lucha contra el narcotráfico. Este nunca entró en vigencia debido a la negativa por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, existió la presencia de contratistas civiles y militares en el territorio nacional, reportado incluso por la BBC en el caso de la tropa élite que llegó a Colombia en el 2020.
Las denuncias han aparecido en múltiples ocasiones. Renán Vega menciona en su libro Injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado que: “Hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos, que forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio denominado como «imperialismo sexual», similar a los efectos que se producen en todos los lugares donde se encuentran militares de los Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur. En uno de los casos más sonados, en Melgar y en la vecina Girardot, 53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico”.
Vulnerabilidad de las mujeres
Estructuralmente, son las mujeres quienes sufren los peores estragos de la guerra. Han sido botín de guerra durante siglos y, en el caso del conflicto armado colombiano, no es la excepción. Las torturas, abusos sexuales, prostitución, entre otras, aparecen en muchos testimonios. La explotación sexual infantil en el caso presentado en el Guaviare demuestra la ineficiencia que han tenido los entes estatales con respecto a la defensa de las mujeres, los y las niñas, además de la precariedad en que viven las poblaciones civiles que se encuentran en medio del conflicto.
Como respuesta a ello es necesario que el Estado tome las medidas necesarias para evitar la prostitución de las niñas y jóvenes indígenas, más cuando son las Fuerzas Militares quienes hacen parte de este abuso y lo promueven. Además, abre debates con respecto a los encuentros culturales entre las comunidades indígenas y los nuevos medios sociales en que se ven inmiscuidas a raíz del desplazamiento.
Si bien la cosmovisión de estas comunidades habla de la libertad sexual de la mujer después de su desarrollo corporal, no se puede permitir el abuso sexual y la prostitución promovidas por el hambre y la necesidad.
Al cierre de la edición, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que “el caso específico del cual se refiere el medio de comunicación Univisión no existe”.
