Las y los habitantes de Cundinamarca denuncian un exagerado aumento del impuesto predial y alzas en los servicios públicos
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
El 16 de julio en diversos municipios de Cundinamarca se presentaron movilizaciones en contra de la actualización del catastro y el alza en los servicios públicos. El paro se llevó a cabo en Soacha, Facatativá, Villeta, Gachancipá, Ubaté, Fómeque, Albán, Tocaima y Fusagasugá.
La gestión catastral ha implicado aumentos del monto del impuesto predial por encima del 4,51 por ciento para predios urbanos y 2,55 por ciento para predios rurales, “esto afecta a pequeños propietarios en las zonas rurales y urbanas respectivamente. Hecho que no se compadece con las realidades de vivienda y vida que asumen estas familias, convirtiéndose en una grave afectación a los pequeños propietarios”, comentó Kostolom*, quien es abogado defensor de derechos humanos.
Por otra parte, hay personas con altos ingresos y propiedades extensas a los cuales no se les ha implementado la gestión catastral, pues “tienen propiedades de gran tamaño e improductivas que no hacen parte de la producción agrícola familiar y del pequeño campesinado, por tal razón, deberían pagar conforme al estado actual de sus predios, y eso no está pasando”, agrega el abogado.
Multipropósito y agrario
El rechazo al catastro en Cundinamarca tiene diversos elementos, como la privatización, el aprovechamiento político y el modelo neoliberal que se sigue ejecutando en el departamento.
Pues bien, desde los escenarios populares y alternativos se defiende el carácter público del catastro en su funcionamiento y operaciones, por lo que “el catastro se debe anclar a la reforma agraria. Se debe reconocer la existencia de la propiedad colectiva”, comenta Kostolom.
La primera vez que se hace mención del catastro multipropósito es en el Acuerdo Final de Paz del 2016, ya que es un eje central de la Reforma Rural Integral, es un instrumento para dar seguridad jurídica a la propiedad y así adelantar programas de ordenamiento social para tomar decisiones de política pública sobre planeación social.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señala que “Además de contribuir a la paz y convivencia de las comunidades, permite dar soporte a un mercado de tierras más transparente, defender los derechos de propiedad y garantizar el flujo de recursos financieros para mejorar la productividad agrícola”. Por tal razón, desde los espacios populares y campesinos se exige la no privatización del catastro.
El catastro multipropósito, además de dar cumplimiento a lo acordado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno nacional y las antiguas FARC-EP, es visto como una oportunidad para la ruralidad, así lo señaló, en su momento, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González: “consideramos el catastro multipropósito como la verdadera revolución para el sector agropecuario para que podamos llevar a cabo la industrialización del campo, la productividad y para eso se necesita el catastro multipropósito”.
No hay puntada sin dedal…
Y es, por eso, que se ha notado un aprovechamiento por parte del Centro Democrático a la situación, a través de la excandidata para la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Gutiérrez, pues “lo han sabido manejar de manera discursiva anclándolo a una pretendida oposición al catastro multipropósito del Acuerdo de Paz. Esto ha generado disposición en sectores de la sociedad cundinamarqués y de dueños de grandes haciendas improductivas”, explica Kostolom.
En su estrategia de direccionamiento y aprovechamiento del paro, han usado diversos discursos que atacan a la política económica de transición y renovación energética que se ha propuesto desde el Gobierno nacional, “culpan a Petro, pero no a todas las políticas neoliberales que hemos tenido en la historia del país”, continúa el abogado.
Por tal razón, la organización de la comunidad y los campesinos debe ser con consciencia, “la organización no debe servir como una excusa para generar un ataque a los avances del Gobierno nacional”, comenta Kostolom, por tal razón, se propone seguir desarrollando esta consciencia, porque no debe ser aceptable que quienes enarbolaron e implementaron durante años el neoliberalismo que privatizó a las empresas públicas, sean los dueños de las narrativas y discursos del actual paro.
Región Metropolitana
Ahora bien, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca juega un papel fundamental en la gestión catastral, por lo cual “hay unos intereses que rondan en el catastro y la Región Metropolitana. Diversas voces de las regiones de Cundinamarca han denunciado, que se busca abrir el paso a ese proyecto que solo va a favorecer el capital inmobiliario, mas no potenciar el trabajo agrícola de los territorios”, puntualiza el abogado defensor de derechos humanos.
Es necesario recordar que la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es un modelo asociativo que reglamenta y articula la toma de decisiones territoriales, de servicios públicos, de movilidad, ambientales, sociales, con base en las necesidades y potencialidades de cada uno de los territorios.
El proyecto busca desarrollar decisiones territoriales, no obstante, con temor de que haya intereses individuales en una articulación entre el catastro y la Región Metropolitana, los cundinamarqueses están denunciando movimientos de corrupción que afectan a la población rural.
¿Y las respuestas?
Con una respuesta dispersa, el gerente de la Agencia Catastral de Cundinamarca, William Rozo, aseguró que la actualización catastral es necesaria, pues hace veinte años no se hacía. Mientras que el gobernador Jorge Rey dice estar buscando soluciones para las exigencias del pueblo.
“Rey encarna a un sector ligado a favores de los intereses de privados, y de corrupción. El departamento no es ajeno de saber quiénes son las personas de la idea del modelo neoliberal en Cundinamarca”, afirma Kostolom.
Las escuetas respuestas de las instituciones y el aprovechamiento de la derecha de las movilizaciones, muestran la necesidad de un nuevo diseño de investigación para un modelo catastral justo y agrario, ya que la gestión catastral debe ser un pilar para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado.
“Se debe garantizar los derechos de las y los habitantes del departamento, en especial de los campesinos y campesinas, y los trabajadores y trabajadoras que se encuentran concentrados en las grandes urbes de Cundinamarca”, finaliza el jurista y defensor de derechos humanos.
* El entrevistado pidió usar un pseudónimo por su seguridad