Defensores de la alta montaña de Tolima, Santander, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Bogotá se dieron cita del 13 al 15 de agosto en Tasco (Boyacá).
El encuentro reflexionó acerca de las políticas de extracción y conservación, las estrategias de movilización de las comunidades, y las alternativas para una permanencia digna en los territorios.
Sentencias de las Altas Cortes obligan al Gobierno a impedir cualquier actividad extractiva en los territorios esenciales para el ciclo hídrico; y respetar las decisiones de las autoridades territoriales y poblaciones sobre cualquier proyecto extractivo.
Sin embargo, la delimitación de páramos ha sido impuesta de forma unilateral y significa la salida de los campesinos de sus territorios y la implementación de megaproyectos minero-energéticos.
La militarización de los territorios de alta montaña, y la ley Zidres, son incoherentes con el proceso de negociación y construcción de paz.
La implementación de un modelo de economía verde en las altas montañas pone un valor monetario a sus dinámicas ecológicas y aumenta su estado de vulnerabilidad.
La privatización de las aguas viola el derecho fundamental al agua.
La creciente criminalización de los defensores de la naturaleza busca detener el derecho legítimo de la protesta de los pueblos.
Los defensores de páramos proponen:
El reconocimiento de la integridad de la montaña.
El ordenamiento territorial debe ser definido con las comunidades y basado en las cuencas hidrográficas.
Fomentar figuras de ordenamiento territorial desde las comunidades como: Zonas de Reserva de la Sociedad Civil, Zonas de Reserva Campesina, Territorios Agroalimentarios, entre otros, en el reconocimiento político y cultural del campesino como sujeto de derechos y no como trabajador rural.
Fomentar acuerdos de protección entre lo rural y lo urbano que reconozca las deudas de la ciudad con los territorios rurales y territorios esenciales para el ciclo hídrico, y que construyan una política pública de inversión social en educación, salud y agua en las poblaciones de la alta montaña.
Un modelo agrícola que valore, contemple y vincule la importancia de la agricultura familiar, reconociendo que es ésta la que posibilita la soberanía alimentaria.
Que el turismo comunitario sea propuesto e implementado por las poblaciones propias de los territorios como una garantía de permanencia digna en ellos.
La gestión comunitaria del agua como un bien común y patrimonio de los pueblos.
La promoción y fortalecimiento de escuelas territoriales de las comunidades habitantes de altas montañas.
La creación del comité regional provisional para formar la Mesa de Interlocución con las instituciones que permita dialogar y generar acuerdos en relación con las políticas que modifiquen el ordenamiento territorial en la alta montaña.
Por último, expresaron su solidaridad con todos los procesos de lucha y resistencia contra el modelo de privatización de las empresas públicas y comunitarias, y contra el acaparamiento y despojo que profundiza la desigualdad socioeconómica en el país, y confirman su compromiso con la construcción de una paz desde los territorios con justicia social y ambiental.
