Héctor José Valencia Beltrán
Directivo sindical de AICA
La situación económica y social de la mayoría de la población del departamento del Caquetá se torna sumamente incierta, especialmente para las comunidades rurales y campesinas, quienes además de afrontar la represión oficial, la persecución, la estigmatización con señalamientos ofensivos de alto funcionarios del Estado, como las esgrimidas por el ministro de Agricultura, con sus epítetos al referirse a las zonas de reservas campesina, creadas al amparo de la legalidad burguesa, el desplazamiento forzado por la acción de los grupos paramilitares, conocidos ahora con el eufemístico nombre de las bacrim y otros elementos y factores del enrarecido clima político a nivel regional y nacional, se adiciona los efectos negativos de la puesta en marcha de los proyectos minero-energéticos, con la concesión del territorio a las transnacionales, incluido material de playa de importantes ríos que bañan nuestro departamento, con la generación de los fenómenos ambientales y sociales que la expoliación y explotación de estos recursos naturales desencadena, especialmente la del petróleo.
El panorama descrito es complementado con la deficiente acción del denominado Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, tal es el caso concreto de la educación en zonas rurales del Caquetá.
Transcurrido el primer periodo académico del año lectivo 2013, por lo menos el 60% de los establecimientos educativos ubicados en regiones agrarias no tienen asignados los docentes y directivos docentes, para que asuman la responsabilidad en la orientación y socialización de los procesos formativos de los niños y jóvenes, consecuencia lógica de la aplicación a tabula rasa del decreto 2355 del 24 de junio de 2009 “por la cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas”, vía expedita para la privatización de la educación, por cuanto la administración, dirección, supervisión y orientación del proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación, se transfiere en su totalidad a los oferentes privados, sin tener en cuenta exigencias de la ciencia, la pedagogía y las estrategias metodológicas para la proyección integral, ética, social y científica de los estudiantes.
Las comunidades han expresado su preocupación y han solicitado a través de las organizaciones populares, especialmente las juntas de acción comunal, el cumplimiento oportuno de los deberes y obligaciones del Estado, garantizando a cabalidad los derechos fundamentales de los pueblos, en los que se incluye la educación gratuita, con calidad y a cargo del Estado.
La Asociación de Institutores del Caquetá (AICA), organización sindical del magisterio regional, viene exigiendo a la Administración Departamental realizar los trámites necesarios para que la totalidad de la educación sea administrada por el ente territorial certificado, sin tener que recurrir a la intermediación de los oferentes privados, por los traumatismos que año tras año se presentan desde que se implementó este sistema de contratación, incumpliendo el calendario escolar y por lo tanto temáticas relacionadas con los saberes y conocimientos en el ámbito escolar.
El secretario de Educación, William Renán Rodríguez, se comprometió a realizar un estudio para actualizar la planta de cargos de la secretaría a su cargo, teniendo en cuenta que la vigente fue aprobada por el ministerio del ramo en el año 2003. Lo anterior indica que se presentará al Gobierno Nacional una propuesta contextualizada para el nombramiento en carrera de los administrativos, docentes, directivos docentes y psico-orientadores en los establecimientos educativos, con lo cual se optimizará la calidad de la educación en el Caquetá.
La inconformidad y protesta de estudiantes, padres de familia, docentes tercerizados y la organización sindical AICA, llevó a que el día 3 de abril del presente año se concretara una reunión y se suscribiera un acta, con la presencia del secretario de Educación, del diputado Eduardo Franco Jojoa, representante del PDA en la Asamblea Departamental, del presidente de AICA y de voceros de las comunidades de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en las que se enuncian una serie de acuerdos y compromisos como los de agilizar procesos para que se puede dar inicio al año lectivo 2013 en la mayoría del sector rural del departamento.
Ante el incumplimiento de la firma de la denominada “contratación de la administración del servicio educativo” con la Diócesis de Florencia y el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán, se organizó y realizó un mitin en la plazoleta de la Gobernación del Caquetá el viernes 5 de abril, donde se denunció la catastrófica situación de la educación rural departamental y se responsabilizó al gobierno del MIRA, encabezado por Víctor Isidro Ramírez Loaiza, por la lentitud, parsimonia y las dilaciones derivadas de la tramitología que obstaculizan solucionar la problemática suscitada.
Por solicitud de algunos directivos docentes, del coordinador de Educación Municipal de Cartagena del Chairá, de maestros que aspiran a que se dé continuidad en su trabajo por la experiencia, actualización y capacitación académica y pedagógica y dirigentes de las comunidades como el presidente de la Asociación Comunal de Juntas de Cartagena del Chairá, Misael Caro, se solicitó y realizó una nueva reunión con la presencia del secretario de Educación departamental, de representantes de las organizaciones comunales y populares de los municipios de Cartagena del Chairá, Puerto Rico y Milán, del directivo sindical de AICA Héctor José Valencia Beltrán, estudiantes y padres de fFamilia, abordando y analizando la problemática presentada en educación, las implicaciones del decreto 2355 de 2007 y las alternativas de solución.
El gobierno departamental, a través del doctor William Renán Rodríguez, se comprometió a firmar el convenio a más tardar el 8 de abril de 2013, con la Diócesis de Florencia y el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán.
En la reunión hubo intervenciones en las que se denunció la explotación laboral a que son sometidos los docentes tercerizados, se les cancela salarios sin tener en cuenta su escalafón docente, y, a través del tiempo, algunos oferentes privados, solamente tienen en cuenta títulos de bachilleres o técnicos, desconociendo la formación profesional que con esfuerzo y dedicación se ha adquirido.
Se manifestó por parte del secretario de Educación la decisión de liberar maestros de los establecimientos educativos ubicados en el sector urbano para cubrir plazas en las zonas rurales. Esta política constituye un atropello a las conquistas laborales de los maestros que se han ganado el derecho a desempeñar sus funciones y actividades en cabeceras municipales, por concurso de méritos y en cumplimiento de la normatividad y los parámetros definidos para sus respectivos traslados. Se espera que no se incurra en una flagrante violación de la Constitución y la ley, reiterada en varias sentencias de la Corte Constitucional, como el de la estabilidad laboral en el sitio de trabajo y el no desmejoramiento de la ubicación geográfica del docente. El magisterio del Caquetá sabrá librar las luchas necesarias para hacer respetar los derechos adquiridos.
Se considera por parte de los maestros del Caquetá y de los dirigentes y militantes de las organizaciones sociales y populares, que en vez de incurrir en estas medidas, se debe exigir al Gobierno Nacional más inversión en educación y salud y menos presupuesto en la guerra, porque cada vez que se anuncia una protesta social se tienen disponibles tanques y otros artefactos de guerra contra nuestro pueblo. En la aplicación de estas medidas de represión no se escatiman recursos del erario público.
Esta conflictividad social reafirma la necesidad de luchar por la paz democrática con justicia social. Por lo tanto es pertinente la exigencia al Gobierno de avanzar sin trabas y artilugios jurídicos en la negociación política con la insurgencia de las FARC-EP, con el objetivo de allanar caminos que permitan construir democracia avanzada en nuestro país.
