En el marco del reciente estallido social, en Paipa y Sogamoso fueron arrestados siete jóvenes que supuestamente pertenecían a la Primera Línea. Lo que se consideró en su momento como un falso positivo judicial, fue confirmado el pasado 28 de febrero cuando la justicia falló en derecho y dictaminó la libertad de las víctimas
Violeta Forero
@Violeta_Forero
Después de casi cuatro meses de detención, Álvaro Rincón Monroy, juez primero municipal del circuito de Duitama, determinó que no había suficientes pruebas contra quienes estaban privados de su libertad por supuestamente pertenecer a la Primera Línea durante las manifestaciones del 22 de noviembre del 2021, cuando siete jóvenes fueron capturados por concierto para delinquir, violencia contra servidor público, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, perturbación en transporte público y tráfico de sustancias peligrosas.
“El pronunciamiento escuchado que nos da la razón, significa que la protesta no es un delito sino un derecho en un Estado democrático como Colombia y por tanto se ha levantado la medida de aseguramiento privativo de la libertad contra los siete jóvenes que participaron en las manifestaciones del paro nacional en las ciudades de Paipa y Duitama”, concluyó el abogado Pedro Suárez Vacca.
No existe material probatorio
Al momento de ordenar las capturas, la Fiscalía indicó que quienes habían sido señalados como presuntos responsables, habían atacado la planta física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, todo porque en medio de los enfrentamientos entre la Policía y quienes se manifestaban, resultó herido un miembro de la fuerza pública y un conductor de un camión de la institución que se encontraba en el lugar. Lo que no se cuenta en los medios de comunicación es que, durante estas manifestaciones, también hubo varios marchantes heridos y fallecidos no solamente en Boyacá, sino en todo el país.
“Se trató de señalamientos genéricos, el bloqueo de vías en un solo carril es un acto legítimo en el ejercicio de la protesta, no existe material probatorio que los vincule con los hechos y las escuchas de las llamadas no definen que estas personas puedan ser responsables de los daños a los vehículos (…) Debe existir suficiencia probatoria para la privación de la libertad para evitar injusticias que posteriormente puedan causar condenas por daño antijurídico al Estado y la Fiscalía”, dice el fallo dictaminado por el juez Monroy.
El caso de Juli
Uno de los casos más sonados fue el de Juliana Higuera, mamá, estudiante y feminista quien en varios momentos ha dejado claro que defender los derechos humanos no es un delito, así como tampoco lo es ejercer su derecho a la protesta en contra de un gobierno injusto e infame. Incluso, la etiqueta #LibertadParaJuli fue protagonista durante estos meses de dolor y ausencia.
Cuando Juliana obtuvo su liberación, diferentes sectores feministas, políticos y sociales, salieron a respaldar la noticia. Definitivamente los montajes judiciales siguen siendo una estrategia del gobierno para intimidar a la juventud, para amilanar a las voces rebeldes que suplican un cambio y para desgastar a las corporaciones y organizaciones sociales que luchan porque se respeten los derechos humanos.
Bienvenida la libertad para Juli y los seis compañeros que fueron injustamente arrestados.
