En defensa del campo y de los trabajadores, la movilización social única alternativa

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Este lunes 19 de agosto se da inicio a las jornadas de protesta nacional y paro indefinido. En este momento político, los sectores clasistas vamos tomando posiciones para participar con el elemento más efectivo: la movilización social. El diagnóstico va desde el pesimismo en desánimo hasta el optimismo de lograr detener las políticas que hasta hoy se han aplicado, pero el fondo del asunto es que debemos estar a la altura de las circunstancias, poniendo a prueba nuestra capacidad de convocatoria, nuestra iniciativa política y nuestros argumentos.

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Al discurso de modernización de la oligarquía entreguista debemos anteponer el discurso de proteger los intereses nacionales, la soberanía y el uso de las riquezas naturales en bien del pueblo trabajador colombiano.

Algunos señalan que en poco más de dos décadas los gobiernos tiraron por la borda mucho de lo avanzado en cinco siglos de resistencias indígenas, negras y populares; y de 200 años de lucha por la independencia económica, política y cultural.

Bastaron 20 años de políticas neoliberales, de privatizaciones, de tratados de libre comercio, de apertura indiscriminada de mercados, para colocar los bienes naturales de la nación a punto de la extinción y el agotamiento.

Fueron dos décadas para desmantelar la industria, el campo, el comercio, los servicios financieros y echar por tierra los avances en la construcción de un sistema de derechos sociales, de seguridad social y de derechos humanos, conquistados al costo de la vida del pueblo colombiano.

Actualmente, gran parte del territorio nacional ha sido entregado al capital extranjero por medio de la venta de tierras e inmuebles y mediante concesiones mineras y petroleras.

El capitalismo neoliberal y sus tratados de libre comercio se impusieron a contracorriente de la legalidad y de la voluntad popular. Por eso se implementaron por medio de atroces carnicerías de las tropas oficiales y paramilitares, en cumplimiento de estrategias militares dirigidas desde el Pentágono norteamericano. De otra manera, hubiera sido imposible llevar a cabo la precarización del trabajo, la desarticulación del territorio nacional, el despojo del petróleo, los minerales y la biodiversidad por parte de la oligarquía y del imperialismo.

Además del dolor de la guerra sin tregua, aun en el último periodo en que se entablaron los diálogos de paz con la insurgencia, cuyo resultado no ha sido la seguridad sino la catástrofe humanitaria, Colombia sufre un terrible drama social que se evidencia en la violencia social generalizada en campos y ciudades, en el pésimo servicio de salud que enriquece a entidades financieras y mata a miles de personas, en el desempleo y la marginalidad que destruyen familias y empujan a tantos colombianos a la delincuencia, la prostitución y el vicio.

Ante estas penurias de la miseria y la desesperanza, la riqueza nacional se concentra en las manos de pocas familias. Quienes tienen suerte de conseguir un trabajo o rebuscar su subsistencia en cualquier oficio deben contentarse con salarios miserables. Los índices de pobreza crecen a pesar de la propaganda oficial de la “prosperidad para todos”. Otros buscan horizontes de vida fuera de nuestras fronteras.

Por eso, la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares (CONAP) convoca a todas sus organizaciones sindicales, agrarias, de mujeres, barriales, estudiantiles, culturales y de víctimas del terrorismo estatal, a sumarse en la medida de sus condiciones y posibilidades a las jornadas de protesta nacional y paros indefinidos en todas las regiones del país.

Nos sumamos al llamamiento contenido en el pliego de peticiones:

“Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de seis obligaciones políticas y legales básicas:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías”.

Se requiere una opción popular que desplace del gobierno a los responsables del desastre nacional y de la ocupación neocolonial. Esa posibilidad se viene abriendo paso desde la resistencia civil, comunitaria y popular.

Al acumulado de la catástrofe, también corresponde un acumulado de rebeldías, proyectos y esperanzas similares a los de otros momentos cruciales en la historia. Esta en juego nuestra propia supervivencia, y las próximas generaciones.

Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares (CONAP)