El reinicio de las negociaciones del Estado, en cabeza del Gobierno nacional, con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tiene unas particularidades que de ser aprovechadas sacarán adelante el proceso. Entre esas está que el Gobierno entiende que la paz solo se consigue con cambios políticos, económicos y sociales
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
“Esperamos que el momento de cambio que vive Colombia, que se ha expresado de múltiples formas en las calles, en las urnas, y que exige que haya cambios de fondo… Entendemos ese grito y nos hacemos responsables de él. ¿En qué sentido? Esta mesa debe ser y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana”.
Así lo dijo el comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Pablo Beltrán, quien es el jefe de la delegación de esa guerrilla en las negociaciones que se retomaron el pasado 21 de noviembre, en el parque nacional Waraira Repano de Caracas, Venezuela.
En este primer encuentro, las delegaciones mantuvieron una reunión en horas de la mañana, y en la tarde emitieron un comunicado conjunto y en rueda de prensa dieron por reiniciada la mesa de negociaciones.
Se habla de reinicio porque las partes han acordado continuar con el proceso instalado en Quito en febrero de 2017, entre esa insurgencia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Para muchos, esta decisión por fin le da un carácter de política de Estado a la búsqueda de la paz, más allá de las intenciones u objetivos de cada gobierno. Gustavo Petro entiende que la paz es una política de Estado, que no depende de la voluntad de uno u otro presidente.
Además, no se pueden perder los avances obtenidos con Juan Manuel Santos. Sobre el particular, Víctor de Currea Lugo le dijo a VOZ: “Sería un terrible error botar a la basura una agenda que duró como tres años de discusión. Pero hay que recordar dos experiencias en el proceso del ELN y el gobierno de Santos que hay que recuperar, que son la tregua bilateral de 101 días y las audiencias de participación de la sociedad civil que se hicieron en Tocancipá. A mi juicio, son los dos más importantes logros de ese proceso, y hay que retomar esas enseñanzas”.
Pero no solo es este el punto que diferencia este proceso de los anteriores con otros grupos alzados en armas. Hay unas particularidades que al ser aprovechadas pueden ser determinantes en el éxito de las negociaciones, siempre y cuando tengan el respaldo de la sociedad civil, de las comunidades de los territorios históricamente abandonados por el Estado -en los que se han desarrollado diversos conflictos armados-, y de los poderosos sectores políticos y económicos que en otras oportunidades han torpedeado las conversaciones.
Coincidencias políticas
Entre las características del proceso están las similitudes o identidades en la concepción política del Gobierno y lo expresado históricamente por esa guerrilla. Y es la visión de desarrollo económico sin exclusión, de cambios de fondo en las relaciones económicas y de una real participación democrática de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Esos puntos coincidentes se evidenciaron en los pronunciamientos de los jefes de las delegaciones y del comisionado de paz, en la reinstalación de la mesa. Fue así que Pablo Beltrán manifestó: “En Colombia todos tenemos que cambiar, son cambios de largo plazo, pero tiene que haber transiciones hacia esos cambios. En ese sentido, nos hacemos presentes acá, en un ideal: los colombianos no podemos vernos como enemigos, la labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar unos puntos comunes, de construir una nación en paz y equidad, esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta mesa”.
A su turno, el alto comisionado de paz Danilo Rueda expresó: “Este gobierno es para el fortalecimiento de la democracia, para reconstruir el Estado de derecho en muchos territorios de Colombia, lo que pasa por la solución de deudas históricas con las comunidades”.
Participación de la sociedad
Asimismo, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, comentó: “Estamos abocados a unas conversaciones con una organización que también quiere un cambio real, y articula la paz no solamente como un problema de dejación de las armas, sino articulada con las necesidades de cambio que beneficie a las comunidades. Creo que ahí hay unos puntos de encuentro que también se van a manifestar a través de este proceso”.
Las coincidencias de las delegaciones quedaron consignadas en el punto cuatro de la Declaración de Wararia: “Compartir que la construcción de la paz como política de Estado trasciende temporalidad con compromisos permanentes y verificables que siembren certeza de una nueva cultura de paz, fundada en cambios reales que permitan la superación de la violencia política y sus causas”.
Aunque la premisa es que la paz se negocia entre enemigos, el analista y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, le señaló a VOZ que se está rompiendo ese paradigma, porque en este caso se negocia entre partes que tienen identidades: “La primera, que es posible construir un acuerdo de paz con participación de la sociedad, y la segunda, que la paz requiere de cambios”.
No obstante, no se puede cometer “el gran error de pensar que Petro es del ELN o que el ELN es petrista”, advirtió Víctor de Currea Lugo, quien agregó que otra cosa es que existan coincidencias de esta insurgencia con el Gobierno, como rechazar el asesinato de líderes sociales, un Estado social de derecho, una discusión seria sobre la reforma minero–energética e impuestos progresivos, entre otros. Asuntos a los que se oponen sectores de la burguesía.
Diferencias en los procesos
La negociación también tiene grandes diferencias, sobre todo, con el proceso con las FARC.
Pues el sabotaje, la traición y los sistemáticos asesinatos de los firmantes del Acuerdo de La Habana han incrementado la desconfianza del ELN.
Para Celis, una gran diferencia es que a las FARC les tocó negociar con un sector del sector tradicional, y el ELN lo hará con un gobierno de izquierda. “La segunda es que el ELN negocia teniendo como referencia la negociación con las FARC, es decir, tendrá en cuenta los desaciertos, aciertos e incumplimientos, y hay más ánimo en la comunidad internacional para discutir el tema del narcotráfico”.
Además, identifica que en esta negociación habrá la participación de la sociedad que no tuvo el proceso de La Habana, que se centró en las discusiones de la guerrilla con el gobierno.
En palabras de Víctor de Currea Lugo, el ELN no quiere negociar, sino abrir un espacio para que la sociedad se manifieste. “Alguna vez Pablo Beltrán comentaba que la gente en 2014 les decía que hicieran como las FARC, y después de que vieron todos los incumplimientos del Gobierno, les decían ‘No vayan a hacer como las FARC’. Ellos dicen ‘somos campesinos y si se levanta un avispero, se alborota, cogemos por otro lado’”.
La desconfianza de la guerrilla
Otro elemento a resaltar es que el ELN encuentra a un interlocutor que, a diferencia de los gobiernos anteriores, entiende que la paz es con cambios reales en las estructuras políticas y económicas de la sociedad.
Es así que el Gobierno de Gustavo Petro deja atrás el modelo de negociación en medio de la guerra para, según resultados militares presionar en la mesa, y de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues esas condiciones hacen parte de un paradigma que buscaba deslegitimar a los actores armados y su rendición. De la misma manera, es consciente de que esta guerrilla no está derrotada, dividida y narcotizada, como lo repiten constantemente los enemigos de la paz y los medios de comunicación corporativos.
“Por eso el ELN contrapropone que la negociación se desarrolle en medio de una tregua bilateral y que se vaya firmando y se vaya implementando. Además, el ELN es consciente de toda la inmensa cantidad de traiciones e incumplimientos que el Estado colombiano ha hecho a todo tipo de acuerdos. La desconfianza del ELN no es gratuita”, explica De Currea Lugo.
Ese procedimiento se ratificó con las palabras del alto comisionado cuando en Caracas indicó: “Lo que vamos asumiendo como compromiso de Gobierno y del Estado lo vamos cumpliendo. Las palabras son realidades y las realidades demuestran la voluntad”.
A Luis Eduardo Celis le gusta la idea porque crea confianza y cree que mucho de lo que se acuerde podría articularse al Plan Nacional de Desarrollo y ser ejecutado rápidamente.
Todos los sectores
Ahora bien, una de las dificultades del Gobierno es que, aunque tiene legitimidad y amplio
respaldo popular, hay sectores económicos, políticos y militaristas que rehúsan los cambios que implican la paz, porque afectan sus intereses o su statu quo.
En ese sentido, para Luis Eduardo Celis es un acierto que el Gobierno se piense la paz como la ampliación de la precaria democracia, donde la Constitución se refleje en derechos para el conjunto de la sociedad. Y, “Es buena noticia que el señor Lafaurie haga parte de la delegación del Gobierno, porque es una voz que colocará sus énfasis, sus puntos. Como decía León Valencia, ‘Esto va a ser una negociación del Gobierno con el ELN y también una negociación al interior de la delegación del Gobierno, con el liderazgo del comisionado de paz y el jefe de la delegación’. Entonces, la negociación puede incluir factores importantes de la sociedad colombiana hacia un acuerdo nacional, sacar la violencia de la política y necesitamos cambios y transformaciones. Y, si el Centro Democrático entra en un acuerdo, es una maravilla”.
Uno de los sectores que se ha opuesto a la paz con cambios de fondo en las relaciones económicas, está representado por este partido. De ahí la importancia de que uno de sus líderes haga parte de la delegación del Gobierno, porque no solo le da mayor legitimidad al proceso, sino que latifundistas y ganaderos harán parte de los acuerdos y su implementación en los territorios.
Acerca de este asunto, Víctor de Currea Lugo recuerda que en Colombia se mantiene un poder real político, económico y militar que refleja las lógicas de la derecha, por tanto, “hay que diferenciar entre ser Gobierno y ser poder, porque Petro es Gobierno, pero no es poder. Visto así, hay que buscar mecanismos para que las élites ratifiquen el compromiso, lo que podría iniciarse con la presencia del presidente de Fedegán en la mesa”.
Sin embargo, el pronunciamiento de Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, al conocerse la designación de José Félix Lafaurie como parte de los negociadores del Gobierno, fue tímido y solo atinó a expresar que este “llevará la opinión de muchos sectores, que por obvias razones, mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”.
A cuidar el proceso
La manera como están planteadas las negociaciones, las coincidencias de las partes y la representatividad de la delegación del Gobierno permiten soñar con el éxito del proceso. Es una oportunidad para que, con participación de las comunidades, se diriman los conflictos sin violencia.
No obstante, hay que tener cuidado porque los enemigos de la paz, quienes quieren continuar con regímenes autoritarios, quienes se lucran con la guerra, quienes se oponen a cambios políticos continúan al acecho, listos a sabotear a la primera oportunidad.
Es ahí cuando toma mayor importancia la participación de todos los sectores sociales, que es a lo que ha apuntado el Gobierno al nombrar sus negociadores y dar participación a Acopi, Fedegán, militares en retiro y activos, defensores de derechos humanos, lideresas de sectores feministas, líderes sociales y ambientalistas, que en las discusiones con las comunidades y organizaciones sociales fortalecerán las conclusiones y ayudarán en una rápida implementación.
Para el Gobierno es fundamental el éxito de la negociación porque, aunque esta guerrilla es solo uno de los actores de la guerra, la paz total es uno de sus propósitos. Pero también, porque el ELN mantiene bases sociales en territorios de la Colombia profunda a los que el Estado quiere entrar con inversión social; otro de sus objetivos.
Y, para la sociedad, la paz total es un viejo anhelo que espera ser conseguido en el Gobierno del cambio, con salud, educación, alternativas económicas, reparación a las víctimas, justicia y participación que permita la construcción de una verdadera democracia.
