Diana Carolina Alfonso
En México, el 2024 arrancó con un hashtag bastante polémico. #AMLONarcoPresidente lideró las tendencias de la red social X hasta febrero. El objetivo era generar un panorama distorsivo en la previa electoral, como ocurrió en Brasil y Argentina.
En aras de aportar al bienestar informativo del proyecto integracionista latinoamericano, y antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de junio, el Semanario VOZ realizará una entrega quincenal sobre la situación en México.
El ‘narco’: ¿un sujeto transversal?
Con los sucesos de las Torres Gemelas en 2001, y tras la expansión e imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ se convirtió en un mantra cotidiano en el panorama internacional. Sin embargo, la historia mexicana reciente desnuda los engranajes de la militarización de la seguridad, sus intenciones reales y las consecuencias a mediano y largo plazo.
En 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó la Operación Michoacán, abrebocas de una guerra inventada que dejó hasta la fecha 350.000 homicidios y más de 72.000 desaparecidos. Iniciada la guerra contra las drogas, el efecto multiplicador de la militarización de la seguridad triplicó los índices de violencia.
En su condición de vecino inmediato, México siempre fue un lugar de tráfico y de tránsito ilegal hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los móviles del fenómeno militarista desencadenado por el gobierno de Calderón? ¿Quiénes se benefician y cómo se ejerce la responsabilidad asimétrica de los Estados Unidos en esa relación bilateral?
La política antidrogas de los Estados Unidos ha condicionado el panorama de la seguridad mexicana desde la promulgación de la Ley Harrison en 1914, que prohibía la venta y el consumo de opiáceos. Como consecuencia, el número de turistas estadounidenses que solicitó entrar a México aumentó de 14 a 130 en 1919, y de 418 a 735 en 1920. Similares fracasos se acumularon durante el auge marimbero de los años sesenta, y la intervención más asidua de la DEA en los ochenta, que pretendía contener la expansión de las rutas de la cocaína que llegaban desde Colombia, y que poco a poco se enraizaban en las economías locales de México.
¿Debilidad estatal o participación premeditada?
Según el sociólogo mexicano Luís Astorga, el entendimiento tácito entre poder político y narcotráfico se basaba en el cumplimiento de los siguientes requerimientos: a) el producto estaría destinado a la exportación; b) los narcos no le disputarían espacios de poder a los políticos profesionales y c) las decisiones del gobierno federal serían acatadas sin discusión. No obstante, en la década de 1970 el país se encaminó hacia la apertura política y la descentralización fiscal. La crisis hegemónica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la proliferación de pequeños partidos locales, generaron nuevas mediaciones estructurales entre el poder político y los traficantes, antaño supeditados al control del ejecutivo. Desde entonces, las corporaciones policíacas y de seguridad asumieron la doble responsabilidad extralegal de proteger y contener a los traficantes.
El asesinato del agente de la DEA ´Kiki´ Camarena y del piloto Alfredo Zabala en 1985, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, puso al descubierto las relaciones delincuenciales al norte y sur del Río Bravo. El exagente de la DEA Héctor Berrellez estuvo al frente de la Operación Leyenda que desarticuló el Cartel de Guadalajara como respuesta a los asesinatos de Camarena y Zabala, y aseguró que en los crímenes habrían tenido también responsabilidades al menos agentes de la DEA, la CIA y el gobierno mexicano.
Según documentos del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), en los últimos años cerca de 13.000 armas enviadas por los Estados Unidos se han extraviado en México. Estos hechos demuestran la vinculación estratégica entre las agencias norteamericanas y las organizaciones criminales.
Estados Unidos: juez y parte
El carácter prohibicionista de la guerra contra las drogas hace énfasis en la producción y distribución de la mercancía, soslaya la compra y el consumo, y encubre el potencial intervencionista del gobierno norteamericano. Esto ocurrió tanto en Laos en los años cincuenta; en los barrios antes controlados por las Panteras Negras en Estados Unidos; en Centroamérica con el escándalo ‘Irán-Contra’, y también en Afganistán
Más que los atentados de las Torres Gemelas, fue la caída del Muro de Berlín la que hizo que la política internacional de los Estados Unidos buscara nuevos móviles para el injerencismo militarista; esta vez, bajo la excusa de la lucha contra las drogas. Con Bush hijo, la Doctrina de Seguridad Nacional, la desregulación y privatización de los aparatos de seguridad, y las aperturas neoliberales, se potenciaron las relaciones militares de dependencia violatorias del derecho internacional humanitario.
Luego del gobierno de Calderón, los casos de filtración del crimen organizado en las estructuras de seguridad se han tornado reiterativos, como lo afirma Alejandro Rodas Cobón, exmilitar preso en Sinaloa. La deslocalización y proliferación de las estructuras ilegales, la expansión del comercio de drogas, y el desequilibrio entre el poder civil y militar, profundizan la crisis humanitaria en el país azteca, sin que exista posibilidad de resolución alguna que no reclame el fin del intervencionismo norteamericano y el cambio del paradigma basado en la prohibición.
