En medio del debate ocasionado por el archivo del proyecto de ley de reforma laboral y con la propuesta presidencial de una consulta popular, la tan publicitada crisis de energía eléctrica ha perdido exposición. Aquí volvemos sobre esta problemática sensible para todos y todas
Carlos Fernández
La perspectiva de la crisis sigue vigente. El asunto es de largo aliento y debe ser visto en su conjunto y, luego, en sus partes componentes para lograr, al final, una síntesis satisfactoria de lo que debería hacerse en términos coyunturales y, sobre todo, estructurales.
El hecho de que, para el suministro de energía eléctrica, el país dependa en un 70% de fuentes hídricas hace que el sector eléctrico presente una elevada vulnerabilidad ante fenómenos de sequía.
La posibilidad de la crisis
En la medida en que el cambio climático hace más frecuentes estos fenómenos, el suministro de energía se ve enfrentado a incertidumbres que exigen una estructura sólida de producción y distribución, acompañada de la búsqueda y puesta en funcionamiento de fuentes alternativas renovables, en un proceso de transición.
Las discusiones actuales, relacionadas con las posibilidades de un apagón eléctrico ante el fenómeno de El Niño de 2024, cubren una serie de aspectos que van más allá de los meramente técnicos. El caso de Bogotá, al respecto, es emblemático. El presidente usa este caso para mostrar y demostrar sus argumentos en favor de la transición energética, y tiene razón en el largo plazo.
En el corto plazo, los aspectos que trascienden lo técnico tienen que ver con un posible “apagón financiero” que afrontarían algunas de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de este servicio, en razón de la falta de pago del mismo por sectores de la población a los que el aumento de las tarifas se les hace insostenible, así como a una eventual falta de pago por parte del Gobierno nacional de la parte de los subsidios a los sectores más pobres que le corresponde. La denominada “opción tarifaria” fue decretada durante el gobierno de Iván Duque y que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a asumir dentro de la fracasada ley de financiamiento.
Estructura del sector eléctrico
Fue el fenómeno de El Niño, ocurrido entre 1991-1992, el que puso en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico colombiano existente en ese entonces, pues durante un año fue necesario racionar el suministro de energía hasta en un 25% por día, en promedio. Hasta más o menos el año 1940, el sistema era operado por capitales privados. Luego, se dio un proceso de transformación que hizo que el Estado asumiera la responsabilidad de la prestación de este servicio.
Los grandes apagones del año 1992 dieron pie a que, durante el gobierno de César Gaviria, se reformara la estructura del sistema eléctrico colombiano, mediante la ley 143 de 1994. Esta ley concretó una de más amplia cobertura, pues cubría el conjunto de los servicios públicos colombianos, la 142 del mismo año.
El nuevo sistema permitió la operación de capitales públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el funcionamiento del sector y, a decir verdad, el sistema resultante ha podido responder al consumo ordinario, así como a las dificultades comerciales y de política que surgen entre los participantes del sistema.
La coyuntura eléctrica
Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2024, la Defensoría del Pueblo registró 5.938 eventos de conflictos manifiestos entre la población colombiana y diversas entidades públicas y privadas. De esa cifra, 720 eventos, el 12% tuvieron relación directa con la prestación y acceso a los servicios públicos domiciliarios, en una progresión que hizo que pasaran de 135 eventos en 2022 a 211 en 2023 y a 374 al finalizar agosto de 2024. De estos 720 eventos, 366 (50,8%) estuvieron relacionados con el servicio de energía, los cuales tuvieron como motivos i) la falta de continuidad en el servicio, 286; ii) las elevadas tarifas, 76, y iii) las fallas en la infraestructura, 4.
Cada una de estas causas revela un problema que se entrelaza con los otros y que muestra las fragilidades del sistema, a despecho de los elogiosos comentarios sobre el mismo que hacen los fautores de estudios interesados en promover la privatización del sector donde las ganancias son mayores y la asunción por el Estado de las actividades menos rentables.
Así, la falta de continuidad en el servicio es ocasionada por deficiencias marcadas de las empresas distribuidoras y comercializadoras que, en el desarrollo de su actividad, sufren conflictos de interés con los generadores pues estos aprovechan su posición dominante para vender la energía a los primeros en la bolsa de energía, donde, en muchas coyunturas, obtienen mejores precios que mediante la suscripción de contratos fuera de la bolsa.
El problema de las tarifas
La segunda causa en importancia de la conflictividad social ocasionada por la prestación del servicio de energía eléctrica se relaciona con las elevadas tarifas que surgen de la fórmula tarifaria en la que se incluyen factores como las variaciones, por lo general al alza, de la compra de energía y el costo de las pérdidas de energía por las llamadas restricciones, que tienen que ver con el retraso en la ejecución de los proyectos, como si este fuera atribuible a los consumidores y no a los operadores del servicio.
El problema de las tarifas ha sido particularmente álgido en la Costa Atlántica, en donde se presentan, exacerbados, factores de mal manejo de la operación que, a su vez, dan pie a robos de electricidad que se incluyen, también, en la tarifa, generando un círculo vicioso en el que la deficiencia empresarial la paga el consumidor.
Subsidios y opción tarifaria
Un factor relevante está relacionado con los subsidios que pagan los consumidores de estratos 5 y 6 y el sector industrial y comercial a los de los estratos 1, 2 y 3. Cuando esta transferencia no es suficiente para cubrir la parte de la tarifa que pagan los consumidores de estratos más bajos, el Gobierno nacional debe asumir la diferencia. Las restricciones fiscales que ha tenido que afrontar el actual gobierno han generado un rezago en el pago de este subsidio, que se basa en el principio de solidaridad.
El actual ministro de Minas y Energía informó hace pocos días que el Gobierno se estaba poniendo al día con esta obligación. La cuestión es: ¿qué tanto afecta esta solidaridad a los sectores industriales y comerciales en su tasa de ganancia? Para Fedesarrollo, este subsidio, en lo que tiene que ver con industriales y comerciantes, afecta su tasa de ganancia y hace que pierdan competitividad en el mercado. En verdad, se requiere una revisión de esta fórmula, pero, sobre todo, revisar la clasificación de la población por estratos, pues no es el mejor mecanismo para saber quiénes ameritan el subsidio y quiénes no.
Por último, el rezago en el pago de la opción tarifaria que, supuestamente, está asfixiando a las empresas comercializadoras y creando dificultades para el pago de la energía a las generadoras, no ha encontrado fórmula de solución luego de que el Congreso hundiera el proyecto de ley de financiamiento, en el cual se incluyó el pago de esta opción por parte del Gobierno.
Las soluciones propuestas hasta ahora sólo implican tratar de resolver un problema coyuntural, generado por el anterior gobierno, cuando lo que se requiere es reformular el funcionamiento de todo el sector, cosa que ha enunciado el actual gobierno pero que se ha quedado en anuncios que no se concretan en propuestas de fondo, así estas no las apoye el Congreso, por lo cual, la consulta popular debe ir porque debe ir.
*Economista
