La experiencia del XIII Congreso resultó central para el desarrollo de la historia reciente del país. El encuentro se produjo en medio de una dura ola de violencia oficial desatada contra el movimiento popular. La política de la apertura democrática y la salida negociada para el conflicto armado marcaron un antes y un después en la colectividad revolucionaria
Grupo de Investigación Histórica
Hace 42 años el Partido Comunista llevó a cabo el XIII Congreso, que resultaría central para el desarrollo de la historia reciente del país. El encuentro se produjo en medio de una dura ola de violencia oficial desatada contra el movimiento popular. En este se formularía la política de la apertura democrática y la salida negociada para el conflicto armado.
Los planteamientos del Congreso de los comunistas de 1980 sentaron las bases para el desarrollo de conversaciones entre la insurgencia y el Estado, que, aunque no surtieron efecto inmediatamente, abrieron poco a poco la posibilidad de un proceso exitoso, que finalmente se logró con la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
La década de 1970 fue marcada por uno de los hechos de protesta social de mayor envergadura en la historia de Colombia, pero también fue un momento de creciente lucha por libertades democráticas y garantías. Además, la oposición al bipartidismo floreció, sobre todo porque se lograron caminos de unidad de las fuerzas alternativas. Pero pronto la respuesta oficial se hizo sentir con el desarrollo del militarismo y la persecución.
Necesidad de una apertura democrática
El Frente Nacional, aquel acuerdo de las oligarquías bipartidistas con el cual se suponía que el país retomaría la democracia tras el régimen de Rojas Pinilla (1953-1957), se extendió cuatro años más de lo previsto y se cerraría en 1974 bajo la presidencia del conservador Misael Pastrana (1970-1974). Este fue electo en unos comicios atravesados por las denuncias de fraude. La victoria de Pastrana, quien se encargó de liquidar el ya lánguido proceso de reforma agraria inaugurado en 1961, sirvió como excusa para el lanzamiento de la guerrilla M-19.
Además, conforme el acuerdo bipartidista llegaba a su fin, la oposición veía mayores oportunidades de acción. Para enfrentar el nuevo escenario político, diversas organizaciones del espectro democrático y de izquierda conformaron la Unión Nacional de Oposición, que logró disputarle a las colectividades tradicionales escenarios de poder local y regional. El desafío de la UNO se lo cobraron con sangre, pues su militancia comenzó a ser asesinada en diversos puntos de la geografía nacional.
Pero la cúspide de toda la situación vino con el paro cívico de 1977. Este fue convocado inicialmente como una huelga de brazos caídos por las cuatro centrales obreras existentes en ese momento, pero rompió todos los pronósticos y se convirtió en un amplio movimiento de protesta que sobrepasó a las organizaciones, que solo pudo ser controlado mediante una dura represión protagonizada por la fuerza pública.
Para diversos actores sociales, así como para las autoridades, este suceso constituyó un conato de revolución, y por ello, la respuesta oficial vino con el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), quien desató una terrible ola de represión y violencia antipopular amparado en el llamado “Estatuto de Seguridad”, que le otorgó amplias potestades a la fuerza pública, incluidas funciones judiciales. Las torturas y desapariciones estaban a la orden del día.
Un Congreso contra la represión
El Partido Comunista convocó su XIII Congreso en medio de la violencia creciente instigada por el “Estatuto de Seguridad”. Este se realizó en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá, y a él asistieron 600 delegados, entre los que se contaban las delegaciones fraternales. Además, la fecha resultaba muy simbólica, pues por ese momento se conmemoraban 50 años de existencia de la organización.
Durante el encuentro, los análisis apuntaron a señalar las serias limitaciones de la democracia colombiana, sobre todo por cuenta del desarrollo del militarismo, el cual fue estimulado tanto por liberales como conservadores como respuesta al auge popular. Por eso, lo que el momento exigía era una salida democrática, una solución negociada a la guerra.
De esta forma, en este Congreso se propuso que dadas las condiciones que afrontaba el país por ese entonces, la lucha que se mostraba como fundamental era por la apertura democrática, para conquistar libertades ante el avance del militarismo; esto a su vez suponía la búsqueda de la unidad del campo popular; y, por último, la tarea inmediata consistía en la conformación de una candidatura de convergencia de todas las fuerzas democráticas para la derrota del régimen represivo.
Por eso el Congreso concluyó que la tarea más urgente consistía en frenar el militarismo, pues de esa manera se abriría el camino para derrotar a las tendencias más reaccionarias que eran predominantes en el poder en aquel momento. Para conseguir tal cosa, el Congreso señalaba que el camino consistía en ampliar la acción de masas, medio por el cual debería lograrse una convergencia amplia de las fuerzas democráticas y populares que estaban contra la reacción. Solo así se podría aislar a las corrientes más radicales del bipartidismo, que se habían amparado en los sectores más beligerantes de las fuerzas armadas.
La tarea imperiosa consistía entonces en dirigir todas las acciones, desde las reivindicativas hasta las políticas, a lograr una apertura democrática, y a promover este objetivo entre las corrientes populares, apuntando a la conformación de un frente democrático que pueda impulsar los cambios que el país demandaba. En medio de este esfuerzo, la salida negociada a la guerra debía priorizarse.
La lucha por la paz
Los debates del XIII Congreso del PCC definieron el camino de la solución democrática al conflicto, aunque se reconocía la complejidad del mismo y las causas objetivas que lo habían desatado. De hecho, el Congreso enfatizó que la lucha armada era el resultado de la resistencia popular, que se remontaba a casi cuatro décadas, y que esta no había surgido como resultado de alguna disposición política de ninguna colectividad concreta, sino que respondía a la violencia latifundista. Tal resistencia había cambiado en los últimos años, afirmaba el Congreso, ante la violencia militarista organizada por la injerencia de los Estados Unidos.
Así pues, el XIII Congreso reconoció el carácter histórico de la lucha armada, por lo que esta era susceptible de transformar en tanto la situación política presentara cambios determinados. Específicamente, los comunistas consideraban que, si la situación política del país cambiaba de manera favorable, tendiente a un viraje de carácter democrático, se abriría una nueva perspectiva en la que la lucha de masas tomara nuevas formas de acción.
De tal manera, el Partido, reconoció que las formas de lucha de las masas no se originaban en dictados arbitrarios de la política de algún partido, consideraba que ninguna organización podía perpetuar de manera unilateral determinadas formas de acción. Si las circunstancias cambiaban, estas exigían nuevas formas de acción. Entonces, una potencial apertura democrática iría de la mano de transformaciones en la forma en que el pueblo actuaba.
Aunque las conclusiones del XIII Congreso fueron criticadas por muchas organizaciones ultraizquierdistas, el desenvolvimiento de los hechos a partir de este encuentro fue mostrando los alcances de los postulados que de él surgieron.
Las FARC iniciaron negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur en 1984, e incluso, ante el diálogo, el ministro de Defensa del presidente conservador, el general Landazábal Reyes, reconoció que el conflicto armado se originaba por causas objetivas. Y posteriormente otras organizaciones insurgentes iniciaron sus propias negociaciones de paz.
Aunque la década de 1980 finalmente no fue un periodo de paz, la salida negociada al conflicto terminó demostrando su validez, primero en la década de 1990 con los acuerdos con grupos como el M-19, y finalmente en el siglo XXI con los acuerdos de La Habana.
