El nuevo gabinete

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Editorial del Semanario VOZ

La primera victoria del paro nacional agrario y popular fue la crisis ministerial, que demostró la incapacidad del Gobierno Nacional para afrontar con actitud positiva una situación de esta naturaleza. El Gobierno actuó con displicencia, no supo responder con argumentos las peticiones de las organizaciones sociales. Prefirió el camino de la descalificación y de la represión. Los campesinos y los trabajadores pedían el diálogo para resolver los conflictos sociales que motivaron la protesta.

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La crisis ministerial devino de la espectacular caída del presidente Santos en la encuesta de Gallup, que colocó su imagen favorable en apenas 21 por ciento y en 71 por ciento desfavorable, así como el rechazo a sus políticas y resultados tras tres años de gestión. En buena medida, la responsabilidad, además del presidente que es la principal, es de los ministros, un grupo de tecnócratas, llenos de teorías, pero alejados de la realidad política y social del país. Las famosas locomotoras nunca despegaron, salvo la de la minería, repudiada en las regiones porque es la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y al precio del desastre ambiental, rechazado por los habitantes afectados.

La “prosperidad democrática” se convirtió en una frase hueca al igual que la llave de la paz en la mano del presidente. Simple retórica, discursos demagógicos que no conmueven a nadie. Los diálogos de paz, lo más importante en los tres años de la administración Santos, están al vaivén de los pronunciamientos del presidente y de los ministros, que un día los alaban y al otro los cuestionan; un día Santos dice querer reunirse con el comandante de las FARC y al otro día da la orden de ejecutarlo. Son contradicciones en el discurso gubernamental, más aún, son concesiones al militarismo y a la extrema derecha uribista que le exigen poner fin a las conversaciones con la insurgencia.

El país necesita no solo nuevos ministros más compenetrados con la realidad nacional, sino nuevas políticas que apunten a la democracia y a la justicia social, precisamente el punto nodal de la Mesa de La Habana, si es que se quiere un acuerdo definitivo de paz estable y duradera. No sirven la demagogia y los pomposos anuncios como el del pacto nacional agrario con empresarios y campesinos, cuando aquellos se oponen a la reforma agraria, a revisar los TLC, a tocar la estructura de la tenencia y del uso de la tierra y a las zonas de reserva campesina. ¿Qué pacto agrario puede haber en esas condiciones? Lo que se requiere es atender las peticiones y demandas de la MIA, el CNA y las llamadas Dignidades, que van al centro de las necesidad para conjurar la crisis del campo.

No parece que los nuevos ministros den la talla en esta dirección. Salvo la designación de Alfonso Gómez Méndez y Amilkar Acosta, personalidades democráticas, amigos de la paz y del acento social en las políticas oficiales, los demás están en la misma dirección de los salientes. Amilkar Acosta, por ejemplo, critica la venta de Isagen, de los TLC y está por la paz con justicia social, orientaciones que contradicen la política del Gobierno. ¿Podrá hacer algo positivo en esas condiciones? Es dudosa la posibilidad de que Gómez Méndez logre una profunda reforma a la justicia, que permita agilizar su aplicación correcta sobre la base de las garantías, el debido proceso y de desmontar las provocaciones contra dirigentes sindicales, populares y de la izquierda.

Inaceptable la designación de Rubén Darío Lizarralde en el Ministerio de Agricultura, clave para resolver la crisis social, ficha del latifundismo, gerente de Indupalma por casi dos décadas y comprometido hasta los tuétanos en el negociado de los terrenos baldíos en el oriente del país. Como dijo el senador Jorge Robledo “es una provocación”.

Mientras tanto, otros incompetentes como el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, queda atornillado en el cargo, con el gran anuncio de fortalecer el ESMAD, escuadrón de represión y de violencia, denunciado y censurado por su actuación criminal en las movilizaciones recientes. Pinzón es un enemigo declarado de los diálogos de paz, un agente del militarismo y no es propiamente la garantía de un gabinete de “paz y unidad” como lo define el mandatario colombiano. En el Ministerio del Medio Ambiente fue designada Luz Helena Sarmiento, antigua funcionaria del BID, orientada con las recetas neoliberales y del libre mercado aperturista.

No se ve muy bien el nuevo gabinete ministerial para los desafíos que tiene el país de construir paz con democracia y justicia social.