El acuerdo es final y definitivo, es la hora de implementarlo
Carlos A. Lozano Guillén
Los acontecimientos recientes signaron para mal la vida colombiana. El primero, el plebiscito del 2 de octubre pasado que resultó en un revés para el sí al Acuerdo Final de La Habana y estancó por 40 días el camino definitivo hacia la paz estable y duradera, por lo menos respecto del fin de la confrontación armada entre el Estado colombiano y las FARC-EP durante 52 años. La victoria del no, está demostrado, fue lograda gracias a una campaña sensacionalista, sustentada sobre mentiras y montajes publicitarios, como lo reconoció el gerente de la campaña uribista Juan Carlos Vélez Uribe en entrevista al diario La República de Bogotá; y, también, a la funesta administración de Juan Manuel Santos en contravía de los intereses populares y a favor del gran capital.
El segundo, la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Donald Trump, candidato ultraderechista republicano, extravagante y ordinario, que escandalizó al mundo democrático, quien logró la victoria debido a la debilidad de la contrincante Hillary Clinton y al fracaso de la administración demócrata de Barack Obama, que agenció guerras de rapiña e incrementó la pobreza y la desigualdad en la primera potencia imperialista.
El triunfo de Trump en Estados Unidos envalentona a la ultraderecha colombiana, representada en el uribismo del Centro Democrático y en oscuros personajes como el ex procurador Alejandro Ordóñez, enemigos de la paz y del Acuerdo de La Habana. Fortalece la intransigencia del no para el logro de la paz con justicia social.
En ambos casos, la respuesta popular ha sido contundente, porque los jóvenes, trabajadores y activistas humanitarios, en las calles llamaron la atención de que no permanecerán expectantes ante la ofensiva reaccionaria contra la democracia. Así, como en el caso colombiano, los medios de comunicación y algunos de sus promotores la presenten como neutral, aséptica y antipolítica, alejada del escenario de la lucha política por los cambios democráticos políticos y sociales.
El “nuevo acuerdo”
Pasados 40 días desde el plebiscito, durante los cuales hubo numerosas reuniones en Bogotá y La Habana y manifestaciones en todo el país bajo la exigencia de acuerdo ya, los delegados del Gobierno nacional y de las FARC-EP llegaron a un “nuevo acuerdo”, como fue anunciado el sábado 12 de noviembre en La Habana, Cuba. Reunidos en cónclave, en agotadoras sesiones de hasta 12 horas diarias, lograron coronar un nuevo acuerdo que contiene precisiones, adiciones y hasta modificaciones al texto original, suscrito el 26 de agosto último en Cartagena de Indias por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez.
En realidad no es un “nuevo acuerdo”, como se le dice de manera formal. Así se llama porque fue la recomendación de la Corte Constitucional ante una eventual victoria del no, pero el texto acordado fue insertado en el original y preserva su estructura y espíritu. Son 68 nuevas páginas que fueron ubicadas en cada capítulo de conformidad a la estructura del documento que conserva el nombre de “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Tanto el presidente Santos como el jefe de la delegación oficial en La Habana. Humberto de la Calle, declararon que el “nuevo acuerdo es mejor que el anterior”, pero en realidad los sectores democráticos no tienen la misma percepción. Es un paso atrás, necesario para salvar la paz cuyo logro inmediato fue afectado por el resultado adverso del plebiscito del pasado 2 de octubre.
Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, lo definió con más precisión: “(…)presentamos a la nación colombiana el nuevo acuerdo de paz DEFINITIVO, que preferimos llamar el ACUERDO DE LA ESPERANZA, poderoso instrumento para la democratización del país y para la materialización de los derechos de la gente” (los resaltados son de Márquez). “Cedimos hasta el límite de lo razonable y de lo aceptable”, dijo el comandante guerrillero Timoleón Jiménez vía Twitter: “Hemos realizado nuestro mayor esfuerzo por responder a los anhelos de paz y hemos cumplido”.
Trabajo arduo
Aunque al final fue desatado el “nudo gordiano” de más de 500 propuestas de los promotores del no, no fue fácil llegar al acuerdo. Fueron varias semanas de arduo trabajo que pusieron a prueba la voluntad de las dos partes para llegar al consenso, como lo reconocieron Humberto de la Calle Lombana e Iván Márquez. El presidente Santos también: “A los negociadores del Gobierno nacional y a los de las FARC, también un especial reconocimiento”, dijo.
Las más de 500 propuestas se agruparon en 57 temas. En 56 se aceptaron nuevas formulaciones o aclaraciones. La única que permaneció inalterable fue la participación política de los miembros de las FARC. Ninguna guerrilla en el mundo va a aceptar ir a un proceso de paz si no tiene la posibilidad de actuar en la vida democrática y política del país con plenas garantías, habían advertido numerosos observadores y expertos internacionales. Lo explicó el presidente Santos en su alocución del sábado 12 de noviembre pasado: “las FARC tiene un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”.
En el nuevo texto quedan algunas preocupaciones como dejar el acuerdo sin el blindaje constitucional (bloque de constitucionalidad), pues queda expuesto a la contrarreforma en futuros gobiernos, salvo lo que tiene que ver con DIH y acuerdos internacionales aprobados por el Congreso; incluye el concepto de “sostenibilidad fiscal” para la financiación del postacuerdo, poniendo en peligro su concreción por la falta de recursos si así lo alega el Poder Ejecutivo; y debilita el concepto de no repetición en ese hilo conductor de lo “nuevo” incorporado, que tiene tufillo de unilateralidad porque va en dirección a compromisos de las FARC, mientras el Estado oculta su responsabilidad, así como terceros civiles que son cómplices de la guerra sucia contra la izquierda y del genocidio de la Unión Patriótica como del sempiterno anticomunismo en las políticas oficiales y de las instituciones castrenses, aunque el acuerdo mantiene el criterio de universalidad porque todos los cómplices y colaboradores con los actores en crímenes de lesa humanidad deben responder.
Precisiones y anotaciones
En lo demás hubo precisiones, anotaciones y algunos cambios. El Tribunal Supremo de Paz estará integrado por colombianos, aunque se acudirá a la figura del “amicus curiae” (contribución de terceros a la solución de diferendos y litigios) extranjeros que puedan ayudar con luces y recomendaciones a las labores del tribunal. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tendrá una duración de 10 años y sus fallos serán objeto de revisión de tutela de ser el caso por la Corte Constitucional. Las penas a los guerrilleros se cumplirán en espacios territoriales específicos del tamaño máximo de las zonas veredales.
La normatividad aplicable es el Código Penal colombiano y tendrán que responder los terceros que hayan financiado y colaborado con los actores del conflicto. Las FARC harán el inventario de bienes y activos para reparar a las víctimas. Queda definido el enfoque de género y se reafirma el respeto a la igualdad y a la no discriminación.
Para tranquilidad de los capitalistas quedó establecido que no está en entredicho la propiedad privada: desde un principio está claro en el capítulo de tierras que se perseguirá el despojo de tierras que serán restituidas a sus verdaderos propietarios. Se establecieron mecanismos para una mayor cooperación de las FARC en la lucha contra el narcotráfico y “quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades”.
Son algunos aspectos substanciales del nuevo texto del acuerdo, divulgado en la madrugada del lunes 14 de noviembre, cuando este artículo ya estaba entregado para la armada. Habrá tiempo más delante de ir al fondo en el análisis del mismo. Queda claro que es el definitivo, porque el senador Uribe Vélez pide que no lo sea, para seguir dilatando el logro de la paz. No está definida aun la vía de la refrendación, pero seguramente será en el Congreso de la República, sin descartar que esté respaldado por los cabildos abiertos en los municipios colombianos.
