La suspensión de los diálogos fue una flagrante violación gubernamental del Acuerdo de La Habana, porque el mismo Gobierno fue el que exigió dialogar en medio del conflicto
Hernando López
Con el acostumbrado morbo mediático que tienen algunas noticias importantes en Colombia, el general Rubén Darío Alzate es esperado con expectativa por la “gran prensa”, no tanto para que se reanuden los diálogos de La Habana, sino para que explique en detalle su conducta de violar los protocolos de seguridad y sobre todo qué hacía de civil y sin ninguna protección, acompañado de la abogada Gloria Alcira Urrego, agraciada funcionaria de la Fuerza de Tarea Titán, comandada por el oficial que pasó a la historia como el primer general activo del Ejército retenido por la guerrilla de las FARC-EP.
Sin duda que el general Alzate tendrá que dar muchas explicaciones ante sus superiores, y el Gobierno Nacional también tendrá que informar con franqueza al país y al exterior los detalles de lo ocurrido en este impasse, como lo calificaron las FARC-EP, que afectó el funcionamiento de la Mesa de La Habana. “El general en su laberinto”, parodiando la célebre obra de Gabo sobre el Libertador, tendrá que explicar paso a paso su insólita conducta.
Muchas historias se tejen alrededor de esta situación. Que el general Alzate fue engañado por la guerrilla. “Le tendieron una trampa”, dicen algunos en inocente explicación. Otros, más suspicaces, plantean la posibilidad de un romance con su acompañante. Y no faltan quienes aseguren que el oficial llegó al caserío Las Mercedes porque estaba interesado en promover obras sociales, en plan de la acción cívico-militar aunque sin compañía de sus soldados y vestido de civil con un atuendo ligero de camiseta y bermudas. Hay otra versión, poco difundida, que maneja la inteligencia militar, de que el general Alzate iba en búsqueda de una bruja, ya conocida, que le adivina la suerte y lo protege con sus menjurjes de todos los males, incluyendo de los ataques de la guerrilla.
La suspensión de los diálogos
Conocida la retención del general Alzate, el presidente Santos, en alocución pública por las cadenas de radio y televisión, dijo: “Mientras esta situación no se solucione les he reiterado a los negociadores que no podrán viajar a La Habana para reanudar las negociaciones”.
El anunció de la suspensión de los diálogos, aunque significó la flagrante violación del Acuerdo de La Habana, fue respaldada por la “gran prensa” y sectores del establecimiento, pero rechazada por algunos amigos del gobierno y de manera rotunda por las organizaciones que defienden la salida política y los diálogos de paz. Las FARC-EP no ocultaron su enojo ante la errática decisión:
“La Delegación de Paz de las FARC-EP manifiesta su sorpresa por el anuncio del Presidente Santos de suspender las conversaciones de paz de La Habana. Para asombro del mundo, esta decisión la toma un gobierno que ha negado, tozudamente, la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio que ayude a desescalar el conflicto. La posición de dialogar bajo el fuego, cada día arrastra mayor insensatez”.
“Esperando que cesen las incoherencias del gobierno, que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar la Mesa, seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones, atendiendo a lo convenido en el Acuerdo General de La Habana, donde se establece que las ‘conversaciones serán directas e ininterrumpidas’. Queremos que este impasse sea resuelto lo más pronto posible para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final”, dijo la declaración leída por el comandante Pastor Alape desde La Habana.
De manera más rotunda el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en un comunicado divulgado el lunes 24 de noviembre pasado, advirtió que el proceso de conversaciones no se puede reanudar “así no más”. Corrieron la mesa, dijo, sugiriendo que el Gobierno violó lo acordado.
Prueba de fuego
Lo cierto es que el proceso de paz de La Habana, dos años después de su fase pública, está pasando su más dura prueba de fuego, porque a raíz de la retención del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes, en Chocó, el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender los diálogos hasta que no se dé su liberación. Al momento de escribir este artículo estaban anunciadas sus liberaciones, aunque una declaración de la Delegación de Paz de La Habana, el pasado domingo 23 de noviembre, y el propio Timochenko, advirtieron que los operativos militares y el desembarco de tropas en la región podrían demorarlas.
En estas condiciones, la reanudación de las conversaciones de paz se prolongará más tiempo, porque de acuerdo a la decisión de Santos hasta tanto no estén liberados el general Alzate y sus acompañantes, así como los dos soldados profesionales de Arauca, se mantendrá la orden de no retorno de los delegados oficiales a La Habana.
En el comunicado, la delegación de paz de las FARC-EP dice lo siguiente: (…) “Ocurre que la zona del Atrato y sus principales afluentes ha sido copada militarmente con desembarcos de tropas y bombardeos, sobrevuelos de aeronaves de inteligencia, y el establecimiento de medidas que restringen el movimiento de la población civil compuesta fundamentalmente por pueblos indígenas y comunidades afro. Dichas comunidades prácticamente han sido sitiadas por el ejército.(…) Si el protocolo se observa rigurosamente como ha ocurrido en otras ocasiones, podremos afirmar que el próximo martes (25 de noviembre) los soldados profesionales capturados en combate en Arauca podrán abrazar la libertad”.
De inmediato, el Ministerio de Defensa ripostó que desde el sábado anterior quedaron suspendidos los operativos militares de conformidad con el protocolo acordado con el CICR, aunque no desmintieron el desembarco de tropas que aún se mantiene, como un anuncio de lo que vendrá después de las liberaciones. Así las cosas, si el protocolo de seguridad es respetado con rigor, las liberaciones del general Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego se darán con prontitud. Lo que se daba por descontado al cierre de esta edición es que los soldados profesionales Pablo César Rivera Capella y Jhonatan Andrés Díaz Franco quedarían en libertad en la fecha anunciada.
Mal precedente
La decisión del presidente Santos, a juicio de numerosos analistas y conocedores del tema de la paz, fue precipitada y bajo presión del alto mando militar, porque ha sido él mismo el principal defensor de la decisión de dialogar en medio de la guerra y de la confrontación. “Nada de lo que ocurra fuera de la mesa debe alterar su funcionamiento”, han dicho los miembros de la delegación oficial en la capital cubana.
Pero además, como lo señaló el editorial de VOZ de la semana pasada, es un mal precedente, porque con el mismo argumento tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP podrán decidir la suspensión de la mesa cada vez que un acto o hecho de guerra los afecte. En adelante, la principal tarea de las partes es reconstruir la confianza en el respeto al Acuerdo de La Habana suscrito por los voceros gubernamentales y guerrilleros.
La decisión del mandatario es una abierta violación del Acuerdo de La Habana, porque como lo recordó un comunicado de la insurgencia, dicho acuerdo consigna que las “conversaciones serán directas e ininterrumpidas”.
Por esta razón, contrario a los que sostienen que de este impasse los diálogos saldrán fortalecidos, más bien salen lesionados en la confianza recíproca. Habrá que reconstruirla, como lo reclama el comandante de las FARC-EP. Estas ya anunciaron en La Habana que no se levantarán de la mesa hasta tanto no haya un acuerdo de paz, el Gobierno Nacional debería decir lo mismo y sin rechazar el clamor de importantes sectores del país y del exterior de que “llegó la hora de la tregua y del cese bilateral de fuegos” en contravía a la exigencia uribista y de miembros de la Unidad Nacional del cese unilateral de fuegos. Hasta de exóticas exigencias como la del Centro Democrático de ubicar a los guerrilleros en campos de concentración, algo propio a su estirpe hitleriana.
