Es evidente que, en la agonía de su gobierno y, de cualquier manera, Duque pretende dejar iniciada una práctica lesiva para el ambiente y las comunidades
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
La manera sorpresiva y arbitraria como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, dio viabilidad al Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, el pasado 28 de marzo, produjo diversas reacciones en contra.
Una de esas fue la de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que junto con organizaciones de derechos humanos interpusieron una acción de tutela contra el ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de la Corporación un Afrocolombiana de Puerto Wilches, Afrowilches.
En su comunicación del 28 de marzo, la ANLA destacó el trabajo que se ha desarrollado con las comunidades del área de influencia, desde 2019, con talleres, conversatorios, encuentros informativos y participativos, reuniones interinstitucionales y pedagogías con la asistencia de más de 1.300 personas, adicionalmente la celebración de la reunión informativa y la Audiencia Pública Ambiental con más de 2.949 y 5.140 reproducciones de la transmisión respectivamente.
Sin embargo, Rosa María Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, manifestó: “Hemos interpuesto esta acción de tutela ante la omisión del ministerio del Interior, la ANLA y Ecopetrol, quienes pese a solicitudes realizadas y a conocer de la existencia y el registro de esta organización, avanzan de manera ilegal en el trámite de licenciamiento ambiental sin realizar el proceso de consulta previa, violando los artículos 2, 7, 40 y 330 constitucional y el art. 7 del Convenio 169 de la OIT”.
Documento inaccesible
La oposición de las comunidades al proyecto llegó al punto que bloqueó la audiencia informativa y la audiencia pública, lo que produjo que Ecopetrol y la ANLA la desarrollaran de manera virtual, con lo que verificaron en la lista de chequeo para proceder, explicó a VOZ el ingeniero de petróleos Andrés Gómez, quien hace parte del equipo técnico que analizó el informe ambiental.
“Si van a ver un informe de impacto ambiental que tiene más de siete mil páginas, inaccesible, grandísimo, pesado y verlo en un lugar en el que el internet no funciona, que se hace en un lenguaje completamente técnico y se hace en un lugar en el que no tiene acceso la mayor parte de la comunidad, estamos hablando de que condiciones reales de participación no ha habido”, anotó Gómez, quien en un texto publicado en un portal web había manifestado que los habitantes de ese territorio no habían aprobado el proyecto.
El ingeniero agrega: “La llamada ‘licencia social’, exigencia que hacía el Consejo de Estado para poder llevar a cabo los pilotos, no existe en Puerto Wilches. La violencia armada ha sido usada como herramienta de intimidación a quienes se oponen al fracking. Según denuncias recogidas en diferentes medios, las amenazas se han dado a través de panfletos, mensajes y llamadas, que llevaron al desplazamiento de tres personas de la región”.
Violencia como táctica
Andrés Gómez expresa que el caso más dramático es el de la activista de la organización AguaWil, Yuvelis Natalia Morales, quien para salvar su vida tuvo que exiliarse en Francia. “Esta cadena de hechos ha llevado a que incluso Juan Pablo Ruiz, miembro de la Comisión sobre fracking llamada ‘de expertos’, pagada por el gobierno Duque y de la que parte la inconveniente idea de los pilotos, afirme que en contextos de violencia, la obtención y permanencia de la ‘licencia social’ para cualquier actividad, más aún para una tan controvertida como el fracking, no es viable. (…) “Las condiciones de violencia que se han vivido en los PPII impiden que estos generen el proceso de participación, conocimiento y transferencia de información que valida su ejecución”.
Por otra parte, el líder de Puerto Wilches, Jorge Eduardo Ardila, comentó a VOZ que, a través de la Alianza Colombia Libre de Fracking, organización asesorada por expertos en aguas, geología, derecho, ingeniería de petróleos, biología y medio ambiente entre otros, se hicieron observaciones acerca de la ausencia de líneas base de salud, ambiente y economía.
“Se requiere tener aspectos en cuenta al momento de hacer estudios, para luego poder hacer comparaciones y ver lo que se tenía y lo que se entrega después del proyecto de investigación integral. Ni Ecopetrol ni el Gobierno ni quienes quieren hacer fracking tenían estas herramientas construidas, nosotros las evidenciamos para evitar el proyecto y habíamos logrado que se aplazara”.
Fauna y flora
Sobre salud, hace poco tiempo arribaron al territorio estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena para encuestar a las familias de las veredas, pero muchas se negaron.
“En cuanto a fauna y flora ellos tienen unos documentos en los que registran la biodiversidad que hay en el municipio y aseguraron que reubicarían a los animales que hay en el lugar para no causarles daño, pero en realidad lo que harán es desplazarlos de manera forzada porque pretenden poner bocinas con una frecuencia tan fuerte que aleje la fauna del sitio. Por eso no les damos validez”, argumenta el líder social.
Acerca de aguas subterráneas es casi imposible hacer un mapa en el municipio -explica-, porque hay mucha agua en el subsuelo, aunque no se sabe bien en dónde. “Tú aquí cavas dos metros y encuentras agua, entonces, ellos no saben lo que hay y no pueden decir que no va a salir afectada. Nos muestran unos mapas hídricos que no representan realmente lo que hay”, comenta Jorge Eduardo Ardila.
Para las comunidades y las organizaciones sociales, se está ante un proceso exprés en el que se han denunciado irregularidades, es un proceso que de alguna manera es la entrada al fracking comercial.
La resistencia seguirá
Por ahora la licencia ambiental no está en firme porque debe enfrentar otras acciones que se harán para ser detenida, ya que además de la tutela se llevará a cabo otra acción por no haber tenido en cuenta las observaciones de terceros intervinientes, relacionadas con el medio biótico, con condiciones de hidrología, hidrogeología y línea base de salud que no fueron incorporadas o tenidas en cuenta en la decisión de la ANLA.
A las comunidades les han dejado claro que el fracking va porque va. Así le contaron a VOZ varios de sus líderes y asesores técnicos de las organizaciones, quienes dijeron que funcionarios de Ecopetrol, del Gobierno, la ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander se lo han expresado.
Por su parte, las comunidades en respuesta se organizan, se unen, estudian y buscan acciones legales para detener la decisión gubernamental. “Ya veremos cómo detener esto, si nos establecemos en la localidad donde se hará el pozo para evitar que entre la maquinaria, porque ya nos dijeron que van a traerla, o buscar otras alternativas para detener eso. Porque a pesar de todo lo que les hemos demostrado, los argumentos que les presentamos, de todos los estudios que se han hecho desde la Alianza, teniendo los testimonios de otros países donde se ha establecido el fracking, no hemos podido frenar el proyecto. Por esas razones, la comunidad se ha ido mentalizando de ir a enfrentarse de otras maneras, con el Esmad o con lo que ellos manden, pero el pueblo no va a permitir que se haga fracking”, concluye el líder comunitario.
