El Gobierno nacional viene desarrollando una novedosa campaña en contra de la economía de narcóticos, donde no se ataca al campesinado cocalero o al consumidor de sustancias psicoactivas, sino directamente al empresariado narco. Sin embargo, la política puede desatar nuevos problemas. ¿Por qué?
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
Viernes 28 de abril, nueve de la mañana. En el marco del Plan Ayacucho, la Armada Nacional incautó cerca de seis toneladas de clorhidrato de cocaína. El operativo logró resultados positivos por la acción coordinada entre las autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos. “Es uno de los mayores golpes históricos en contra del narcotráfico”, trinó el presidente Gustavo Petro.
Es el mismo viernes, pero son las seis de la tarde, cerca a las instalaciones del semanario VOZ se ha posicionado una “playita”, un punto donde se consume libremente sustancias psicoactivas. La mayoría de las personas que están ahí son jóvenes trabajadores. El olor de la marihuana invade la cuadra. Un equipo no tan periodístico llega al lugar, “pega” un porro e intenta hablar de tú a tú con la gente.
La oscuridad de la noche aun no llega, sin embargo, los ‘pelados’ no ‘copian de nada’. Una cucharita metálica se va rotando y la felpa de “harina” se va consumiendo al frente de todos. “Ya no hay pudor”, dice escandalizado un colega mientras se fuma una calada de nuestra yerba.
La crisis
Domingo 30 de abril. El diario El Espectador publica en primera plana La crisis de la coca, un reportaje escrito por el periodista Sebastián Forero Rueda. Desde Argelia, Cauca, se documenta como en los territorios cocaleros se vive una crisis sin precedentes, sobre todo en los eslabones más débiles en el circuito de la economía de narcóticos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, los territorios donde tenía presencia está insurgencia fueron ocupados por otros actores armados (entre ellos, los carteles mexicanos) inaugurando una nueva etapa del conflicto armado. Las consecuencias fueron una crisis de sobreproducción en base y clorhidrato de cocaína después de pasar por un fenómeno de altos precios para el alcaloide entre 2018 y 2022.
Además, con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro que enarbola una nueva concepción en materia de drogas, se impulsó un cambio en la estrategia llamada interdicción fluvial, aérea y terrestre para llevar al máximo las incautaciones.
Esta política cambia el paradigma en la lucha contra el narcotráfico. En vez de atacar al campesino cocalero con la erradicación forzada, se combate al negocio del narco en el momento en que transita el producto con rumbo a mercados extranjeros. El viraje institucional también coincide con la salida de 40 generales de la alta cúpula militar, tanto en la Policía como en el Ejército Nacional, una vez se inició el Gobierno del cambio.
Si bien los resultados son positivos para el país, sobre todo porque afecta considerablemente las riquezas que ostentan las élites traquetas, los pueblos que viven en los territorios cocaleros, sencillamente sufren. “Es una economía de mierda, pero es nuestra única. Sin una transición, esta crisis de la coca va a joder en serio a las comunidades campesinas que dependen de ella”, me escribe por WhatsApp Juan, un líder cocalero que persiste en liderar la sustitución de cultivos de uso ilícito en su región.
El menú
De regreso al viernes, en la “playita” buscamos conversación. El inclemente frío bogotano es acompañado por los sonidos emitidos que salen de un pequeño bafle Marshall. Se escucha hip-hop, dancehall, reggaetón, trap, dub entre otros géneros musicales.
Circula todo. Licor, cigarrillo, marihuana, perico, tusi (2C-B), MDMA (éxtasis en polvo), etc. El “porro” permite romper el hielo. Alejandro, estudiante de Talento Humano y trabajador de un call center cercano, nos cuenta que la “playita” se ha posicionado como un lugar de encuentro. “Comenzó como unas escaleras para almorzar mientras fumábamos, a ser un espacio seguro para el consumo e ideal para esperar una buena fiesta”.
Hablamos de los precios que ofertan algunos dealers amigos. De hecho, “el menú” es un mensaje de WhatsApp. Las pepas de éxtasis están entre 50 y 40 mil pesos; el cartoncito de LCD se cotiza en 40 mil; el gramo de MDMD alcanza los 150 mil pesos; y la cocaína pro, tres gramos por 90 mil. “Claro, por acá consumimos bien. Pero usted puede encontrar en cualquier ‘chirriteadero’ un gramo de ‘Pérez’ en diez lucas”.
Manuela, estudiante de una universidad cercana y compañera de nuestra fuente, aclara: “sabían que el consumo de ‘perico’ está bajando. Hay un podcast que habla sobre eso. La gente no está dejando de meter coca por la sustancia misma, sino porque reproduce unos valores narcos que se rechazan. Yo personalmente la odio”. Eso sí, dice que más tarde, en la fiesta programada, consumirá Popper.
La economía de narcóticos
Tanto el campesinado cocalero como el consumidor de sustancias psicoactivas, son los eslabones más débiles en la economía de narcóticos. Paradójicamente, también son los más atacados por la política antidrogas que históricamente ha implementado el Estado y que el Gobierno de Gustavo Petro está decidido en cambiar.
“Cuando se va hablar de la economía de narcóticos se debe entender la cadena de producción, sus momentos y los actores sociales que intervienen. Eso nos lleva a pensar en personas concretas. Por eso es mejor no hablar de narcotráfico, sino del problema narco, para que se diluciden con más precisión los alcances que tienen políticas como las de la interdicción, actualmente ejecutada por el Gobierno nacional”, reflexiona Juan Pablo Gómez, sociólogo experto en el tema.
En segunda instancia, para el académico es importante caracterizar que está economía de narcóticos, al menos en Colombia, ha permeado todas las formas de vida que rodea la sociedad. “Tiene que ver en cómo se configura la política regional, el ascenso social, la destrucción ecológica del territorio y la financiación de la guerra. En ese sentido, el empresariado de los narcóticos se desarrolla bajo las mismas dinámicas del capitalismo contemporáneo y la sociedad de consumo”.
Por eso, acierta el Gobierno nacional en atacar la mercancía al momento de ser transportada a mercados extranjeros, porque ataca el capital del empresariado narco. Sin embargo, estos golpes militares deben estar acompañados de políticas precisas que no vulneren los derechos de las personas más débiles en la cadena productiva.
“En Colombia, la economía de narcóticos no puede desligarse del problema de la tierra y la sociedad de consumo. Sobre lo primero, el complejo contexto sociopolítico de la tierra ha propiciado formas adecuadas para que el narco se desarrolle aquí y no en otro lugar. Y con el segundo ítem, el consumo de sustancias psicoactivas está relacionado en ciertas demandas de los contextos que rodean las personas. Es decir que, a la crisis de la coca en territorios como Argelia, Cauca, se le agregará seguramente cambios en el mercado interno para el consumo de sustancias”, reflexiona Gómez.
Nadie se despidió
Quienes consumen les gusta hablar sobre el tema. Por eso, en la “playita” por unos treinta minutos se contaron muchas historias. La más impresionante salió de Luis. “Conozco el caso de un amigo músico que se fue a la Argentina y terminó chupando cana por diez años. Resulta que el apartamento donde vivía junto con otro colombiano, fue allanado y encontraron un montón de trips de LCD. El dealer era el otro men, pero el que se jodió fue mi parcero”.
En Bogotá el clima es impredecible y sin aviso alguno, de un momento a otro, se cae el cielo de agua. Nadie se despidió. Al llegar al Transmilenio, leo un trino del ministro de Defensa Iván Velásquez escrito el 20 de abril: “Entre el 1 de enero y el 19 de abril de este año, la Fuerza Pública ha incautado 195.7 ton. de cocaína y destruido 67 laboratorios de cocaína y 1.664 de pasta de coca. También decomisó 1.425.939 gl. de insumos líquidos y 1.204.410 kg. de insumos sólidos. Se fortalece la lucha”. Nadie habla sobre eso. ¿Por qué será?
