El coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo tiene una larga lista de crímenes, a pesar de que fue denunciado desde 1994 por el semanario VOZ. La cúpula militar lo protegió, lo ascendió y lo ubicó en oficinas de inteligencia que facilitaron su actividad delictiva. Un caso de complicidad e impunidad.
Hernando López
En mayo de 1994 el semanario VOZ conoció por información de un alto oficial del Ejército en retiro que en la Brigada #2 de Inteligencia de la II División del Ejército operaba una red de ajusticiamiento conocida como “La Cooperativa”, para asesinar dirigentes, activistas y militantes de la izquierda, en particular de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, comandada por el mayor Jorge Eliécer Plazas Acevedo, alias Don Diego, también segundo comandante de la División.
De inmediato la dirección conformó la unidad de investigación del semanario VOZ para evaluar la importante información de fuente privilegiada. Las averiguaciones permitieron encontrar a dos suboficiales que hacían parte de “La Cooperativa” y que, por negarse a seguir delinquiendo y presentar la denuncia ante la Fiscalía, estaban siendo buscados por sicarios de Plazas Acevedo para silenciarlos.
A pesar de la gravedad de las denuncias, la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Gustavo de Greiff, no les dio ningún tipo de protección a los suboficiales. VOZ lo hizo con sus escasos recursos. Los llevó a un lugar seguro donde permanecieron hasta que decidieron salir del país. Tenían temor porque dos integrantes de otra red de exterminio de la Inteligencia de la Armada en Barrancabermeja, de nombres Carlos David López y Saulo Segura, que habían denunciado al entonces coronel Rodrigo Quiñones, quien la dirigía, fueron detenidos por la Interpol en Panamá y traídos a Bogotá, donde los obligaron a retractarse, lo que al final sirvió para la absolución de Quiñones.
Persecución e impunidad
Tanto el caso de Plazas Acevedo como el de Quiñones, denunciados en este semanario, quedaron en la impunidad, y los dos oficiales que señalaron a Quiñones fueron orientados por el general Harold Bedoya Pizarro para que demandaran por calumnia al director de VOZ. En los dos casos el fallo fue de su exoneración por preclusión de los jueces que conocieron los procesos.
Una vez hecha la denuncia en VOZ, arreciaron las amenazas contra el director Carlos Lozano y la persecución contra los dos suboficiales que habían hecho revelaciones contundentes. Además de la existencia de “La Cooperativa” y de sus crímenes, en particular en San Vicente de Chucurí, revelaron que habían recibido la orden del propio Plazas Acevedo de asesinar a Olga Nieto de Rojas, fiscal que conocía del caso. Así mismo, dieron a conocer el lugar preciso de una fosa común donde se hallaban sepultados tres cadáveres.
Relataron las relaciones de Plazas Acevedo con Don Berna y otros narcotraficantes y paramilitares. La denuncia la hicieron ante Mary Luz Méndez, directora regional de Fiscalías de Santander. Entregaron las armas que iban a utilizar para demostrar la veracidad de la denuncia, pero la Fiscalía les abrió un proceso por “porte ilegal de armas”. Entregaron, además, una grabación en que el mayor Plazas les ordenaba matar a diez personas más.
La cúpula militar se anticipó al escándalo y trasladó al mayor Jorge Plazas Acevedo a Bogotá para hacer el curso de ascenso a coronel y una vez logrado este y ratificado por el Senado de la República, fue enviado, ni más ni menos, a la XX Brigada de Inteligencia, desmantelada al final del gobierno Samper por la cantidad de denuncias en su contra. “Fue como enviar al ratón a cuidar el queso”, le dijo a este semanario una fuente militar de la época.
Entre tanto, la familia de los suboficiales fue sometida a seguimiento, la esposa de uno de ellos fue desaparecida, ellos encarcelados y con orden de ser asesinados. Cuando obtuvieron la libertad, después de dar a conocer a VOZ los hechos, prefirieron salir del país para evitar las retaliaciones del nuevo jefe de inteligencia de la Brigada XXI.
Para la época (1994), el senador de la UP Hernán Motta y el director de VOZ, Carlos Lozano, se reunieron con el defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, quien se limitó a escucharlos casi que con impotencia. Era un terreno que nadie quería pisar. Contra el semanario VOZ llovían amenazas y denuncias penales de militares contra su director.
Alianzas en Urabá
De la Brigada XXI de Inteligencia, una vez desmantelada, lo trasladaron a la Brigada 17 con sede en Carepa, comandada por el general Rito Alejo Del Río. En la Brigada XXI, el nuevo coronel coordinó las masacres de Chocó (la misma que tiene en prisión a Rito Alejo del Río) y de Mapiripán, entre otras. Colaboró de manera estrecha con Carlos Castaño, Don Berna y El Alemán, así como con empresarios bananeros, todos comprometidos en el exterminio de la izquierda en la región de Urabá. Fue la alianza de militares-paramilitares-empresarios-políticos regionales-narcotraficantes en el exterminio de la izquierda, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y los dirigentes sindicales.
Presionada por las denuncias contra Rito Alejo del Río, la cúpula militar decidió trasladar al oficial a Bogotá a la XIII Brigada. Por supuesto se llevó al coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo como jefe de inteligencia. Allí contribuye a formar el Bloque Capital de las AUC en contubernio con políticos locales y con la presunta cooperación de Francisco Santos Calderón, candidato uribista a la Alcaldía de Bogotá. Plazas Acevedo, existen indicios, hizo la inteligencia para el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep; del humorista Jaime Garzón, del jurista Eduardo Umaña Mendoza y de una larga lista de dirigentes de izquierda que no lograron asesinar en la capital del país.
Guerra sucia y captura en Bogotá
Al tiempo que Plazas Acevedo adelantaba la guerra sucia en Bogotá, colaboraba con bandas de secuestradores para lucrarse en lo personal. Y es esta actividad delictiva la que lo lleva a la cárcel y no la cadena de crímenes contra la izquierda. El 30 de octubre de 1998 ordena el secuestro, en Pacho (Cundinamarca), del industrial israelí Benjamín Khoudary y no obstante que su familia pagó 180 millones de pesos por su libertad, Plazas, con sangre fría, ordenó asesinarlo. Por este crimen fue condenado a purgar 40 años de prisión en las cómodas instalaciones de la Escuela de Artillería del Distrito Capital.
Es de anotar que un suboficial del Ejército, preso en estas mismas instalaciones por el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, participó en el secuestro y posterior asesinato de Khoudary.
Plazas Acevedo huyó de “forma inexplicable” de la Escuela de Artillería el 24 de julio de 2003, en medio del Cantón Norte militar y de la Cárcel Nacional La Picota, sin que nadie se diera cuenta, en el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. “Huyó y se perdió como si se lo hubiera tragado la tierra”, le dijo a VOZ un oficial de la Escuela de Artillería que se percató de la huida al hacer el reconteo diario de los detenidos.
Por las confesiones de varios paramilitares ante los jueces y magistrados de Justicia y Paz, se conoce que Jorge Eliécer Plazas Acevedo se “enmontó” con los paramilitares y, cuando se produjeron los acuerdos de Ralito, decidió pasar a la clandestinidad y se residenció en San Martín (Meta), donde fue capturado, por fin, el año pasado, por unidades del CTI y de la Policía Nacional, tras 12 años de fuga.
Jorge Eliécer Plazas Acevedo es un criminal de siete suelas, consentido de la cúpula militar en todos los tiempos y estrecho colaborador del general Rito Alejo del Rio. Es la demostración de que no se trata de una manzana podrida, como suelen explicar los generales, sino de un verdadero criminal, formado en los parámetros de la lucha contrainsurgente, del feroz anticomunismo y del conflicto de baja intensidad.