La firma de un tratado con Nicaragua no es posible con el gobierno de Iván Duque, cuya política exterior se caracteriza por descalificar y satanizar a los gobiernos progresistas del continente
Alberto Acevedo
La Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó, el pasado 21 de abril, que Colombia “ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua” en la zona económica exclusiva del país centroamericano.
La violación colombiana se registró “al interferir con las actividades de investigación científica marina y pesquera de las embarcaciones con bandera nicaragüense o con licencia nicaragüense y con las operaciones de las embarcaciones navales nicaragüenses en la zona económica exclusiva” de Nicaragua.
La sentencia recibió diez votos a favor y cinco en contra en el principal órgano judicial del sistema de Naciones Unidas. El fallo establece que Colombia debe “cesar de inmediato” sus actividades pesqueras y de investigación marítima al igual que las de patrullaje en la zona que fue objeto de controversia. Además, consideró que “la zona contigua integral establecida por Colombia mediante decreto presidencial, no se ajusta al derecho internacional consuetudinario”.
Haciendo el oso
De esta manera, el alto tribunal respondió a la demanda presentada por Nicaragua en noviembre de 2013, alegando violaciones de Colombia a sus derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, después de que la Corte Internacional de Justicia le adjudicó un área en disputa de 75.000 kilómetros cuadrados.
Leyendo los términos del fallo, resultan entonces por lo menos ridículas las declaraciones del presidente Iván Duque, de su ministra canciller Marta Lucía Ramírez y de los abogados que litigaron por Colombia ante La Haya, que todos a una reclamaron una resonante victoria diplomática para Colombia. Nada más alejado de la realidad.
En un acto presencial en San Andrés, que no va con su estilo de gobierno, porque durante su mandato dio la espalda a los problemas de la zona, el presidente Iván Duque dijo que el fallo de la Corte convalidó la posición de Colombia. Para el presidente, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejercer el derecho a la libre navegación y sobrevolando en el área, para luchar contra los delitos transnacionales y en terrorismo.
Interpretación errónea
No es eso lo que se desprende de la lectura de la decisión de La Haya. Hay medias mentiras y medias verdades en el discurso gubernamental colombiano. Claro que el país puede hacer presencia en aguas marítimas, pero en las de su jurisdicción. Los derechos de pesca de la población raizal, claro que quedaron restringidos.
Reclama el mandatario colombiano como un éxito de su gestión, que se mantiene la unidad, integridad e indivisibilidad del Archipiélago y se aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico. Argumento tonto. Estos derechos no estaban en juego para Colombia.
Lo que no menciona el presidente Duque, o no quiere reconocer, es que la Corte Internacional exhorta a su gobierno a modificar un decreto suyo, que establece una zona contigua en la plataforma marítima, de manera que no interfiera en la zona que la Corte concedió a Nicaragua y que la administración Duque se niega a reconocer.
Intereses coloniales y soberanía
Por cierto, en materia de soberanía, fue Nicaragua la que se anotó el round, y es una verdad de a puño que la administración Duque pretende tapar, para ocultar su desastrosa gestión legal ante la Corte Internacional.
El analista político Jorge Capelán afirmó que la victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justica de La Haya sobre el litigio marítimo con Colombia, fortalece el ejercicio de soberanía del país centroamericano en el área disputada. En entrevista exclusiva con Prensa Latina, Capelán aseguró que con dicho triunfo Nicaragua fortalece las labores de combate al narcotráfico, defensa de los recursos pesqueros y prospección petrolera en la zona.
En opinión del analista, el contencioso marítimo con Nicaragua en el Caribe aún tiene para rato, pues no es una función que únicamente le pertenece al uribismo, sino que es parte de la apuesta geopolítica de la oligarquía colombiana en su conjunto y de los intereses coloniales e imperiales a lo largo de la historia.
Lo mejor es dialogar
En estas condiciones, lo que opinan los analistas más sensatos es que el camino de la confrontación resulta estéril, va en contravía de los esfuerzos de integración regional, y la mejor opción es la del diálogo bilateral entre el gobierno colombiano y el del país centroamericano. Un aspecto crucial en este sentido sería discutir los mecanismos que garanticen la pesca artesanal de la población raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.
Inclusive ante la hipótesis de que podrían encontrarse ricos yacimientos de petróleo o minerales en la cuenca marítima común a las dos naciones, podría buscarse un entendimiento en torno a la posibilidad de que cada país emprenda su propio proyecto explorador, “sin pisarse los callos” (ni los cayos).
En este aspecto, la Corte de La Haya fue clara: Colombia tiene derecho a tener una zona contigua, advirtiendo que ésta no debe sobreponerse con la zona económica nicaragüense, pues tal conducta infringe los derechos de esa nación. En este sentido, vale la pena destacar que, contrario a lo que sostuvo Nicaragua, la Corte Internacional sostuvo que todas las islas y cayos colombianos en el Caribe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas náuticas, más allá de las 12 millas de mar territorial.
Entre las reacciones por el pronunciamiento de La Haya, está la del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien se manifestó por el diálogo bilateral entre dos naciones hermanas. Lo que debería hacerse con Nicaragua, dijo, es un acuerdo para “recobrar los derechos de pesca de la comunidad raizal”, advirtiendo que “el uribismo hizo perder soberanía” al país. Por su parte, el ex presidente Ernesto Samper se refirió a “la necesidad de un tratado con Nicaragua que proporcione nuevos límites marítimos”.
La cuestión es que la firma de un tratado con Nicaragua, definitivamente no es posible bajo el gobierno de Iván Duque, cuya política exterior se caracteriza por descalificar y satanizar a los gobiernos progresistas del continente. Duque ha tildado al gobierno sandinista de dictadura, y lo que ha hecho el tribunal de La Haya es confirmar el papel de agresor del régimen colombiano.
En manos de un gobierno progresista, como lo es el proyecto del Pacto Histórico, quedaría una propuesta de entendimiento con Nicaragua, y de paso el diseño de una política internacional progresista, incluyente, cimentada en el respeto a la soberanía nacional, como lo reclaman los nuevos tiempos.
