La campaña de desinformación sobre las manifestaciones ciudadanas para exigir a la Corte Suprema que elija nueva fiscal general es la mejor evidencia de que la clase dominante se siente arrinconada ante el empuje democrático
Federico García Naranjo
@garcianaranjo
Las movilizaciones populares, convocadas el pasado 8 de febrero para exigir a la Corte Suprema una elección rápida de la nueva fiscal general, desnudaron varios aspectos que merece la pena analizar. Por un lado, fue evidente la creciente fuerza popular y la vibrante politización de la ciudadanía –tradicionalmente apática frente a estos asuntos– y, por otro, se reveló una vez más el carácter mezquino de las élites y el patético papel que han asumido los medios de comunicación corporativos.
Una mentira repetida mil veces…
Desde el día anterior a las manifestaciones, se puso en marcha un calculado plan para deslegitimarlas y hacerlas ver como presiones violentas e indebidas contra la Corte. Lo primero fue la divulgación desde cuentas de la red social X de una supuesta amenaza de “guerra civil” si la Corte no elegía nueva fiscal. Según rastreos en la red social, que no son difíciles de hacer si se cuenta con el tiempo, varios usuarios demostraron que el origen de estos llamados surgió de cuentas anónimas, luego fueron reproducidos por líderes de la ultraderecha y, finalmente, se convirtieron en noticia al ser difundidos por los medios.
Por supuesto, el falso llamado se convirtió, rápidamente, en argumento para sugerir que el presidente estaba llamando a una especie de insurrección y que las manifestaciones constituían una presión inaceptable a la Corte Suprema. La expresión “guerra civil” se repitió incesantemente, lo que ya no sorprende por parte de los líderes de oposición, pero sí demuestra una vez más el poco rigor con que los medios hacen su trabajo.
Durante la jornada, los medios se ocuparon de difundir dos marcos de interpretación contradictorios, pero que, efectivamente, sirvieron para enrarecer el ambiente. El primero, difundido en horas de la mañana, sostenía que las manifestaciones contaban con una lánguida asistencia. Noticias Caracol, que tristemente se ha convertido en un burdo medio de propaganda, usó convenientes encuadres, tanto de la Fiscalía como de la Plaza de Bolívar, para mostrar que en las concentraciones apenas había gente, cuando en realidad a esa hora contaban con una nutrida asistencia, en particular, la que Fecode hizo frente a la sede del ente acusador.
El segundo marco de interpretación, ya en horas de la tarde, difundió la versión de que las manifestaciones eran violentas y que constituían un “asedio” al Palacio de Justicia –donde sesionaba la Corte– y un “secuestro” a los magistrados. Incluso, desde cuentas ubicadas en Miami –y reproducidas por mercenarios del micrófono como Ricardo Ospina de Blu Radio– se difundió la mentira de que los magistrados habían sido atacados a piedra o que habían tenido que ser evacuados en helicóptero. Todo mentira.
Negligencia o complicidad
Los medios y la clase política, que en 2009 prefirieron mirar para otro lado cuando Álvaro Uribe –él sí– amenazó a la Corte, interceptó sus comunicaciones y la estigmatizó como terrorista cuando se negó a elegir un fiscal de la cuestionable terna presentada por él, ahora claman al cielo por la independencia judicial y llaman a “rodear” a los magistrados ante las “inaceptables presiones” para que hagan su trabajo. En este caso, la terna presentada por el presidente Petro está compuesta por tres mujeres intachables e independientes.
No deja de ser inquietante que varios miembros de la Corte tengan a sus parientes, esposas y amigos trabajando en el ente acusador, lo que, obviamente, debería ser suficiente para que se declarasen impedidos para decidir. Pero no. Prefieren dilatar y dilatar la elección de la nueva fiscal, mientras se victimizan con lánguidos comunicados donde denuncian que se sienten indebidamente presionados.
No queda claro, por tanto, si los magistrados simplemente son negligentes por negarse a elegir fiscal de una terna impecable, que recibieron hace cuatro meses, o si, por el contrario, están asustados por la posible pérdida de sus cuotas burocráticas. Prefieren que la cuestionada vicefiscal, Martha Mancera, se encargue de la Fiscalía por tiempo indefinido, con tal de no pisar callos en el poder, a riesgo de que se deslegitime aún más el papel de una Corte que, a diferencia de otras épocas, fue el muro de contención contra el autoritarismo y la impunidad.
Tapen, tapen
La que será fiscal encargada, a partir del 13 de febrero, tiene graves señalamientos que ponen en entredicho su idoneidad para asumir el cargo. No es solo su actitud negligente al negarse a investigar la vinculación de altos cargos del CTI de Buenaventura –el ya famoso “Pacho Malo”– con el narcotráfico y el contrabando, sino sus pésimos resultados al frente de la Fiscalía del Valle del Cauca, seccional que dirigió por más de treinta años y que ha ostentado los más altos índices de impunidad en todo el país.
Además, en las últimas horas se ha revelado que Mancera posee inmuebles avaluados en más de 2500 millones de pesos, algo que deberá justificar, pues su salario como funcionaria pública claramente no le alcanza para amasar semejante fortuna. Se suma a lo anterior las numerosas denuncias en su contra por maltrato laboral, nepotismo, nombramiento atrabiliario de amigos en la entidad y su penoso papel como vocera de la oposición, que la ha llevado a salirse de su rol de investigadora para convertirse en una instigadora más del golpe blando contra el Gobierno popular.
Nueva fiscal o miedo
Sin duda, la masiva presencia ciudadana en las calles el pasado 8 de febrero, así como las manifestaciones que se seguirán presentando mientras la Corte no elija a la nueva fiscal general y la posibilidad de que al ente acusador llegue alguien decente, que haga bien su trabajo, tienen a la clase dominante y a los medios corporativos con los pelos de punta.
Sienten pasos de animal grande. Su rabo de paja está a punto de incendiarse y se resisten a que sus fechorías queden al descubierto. La campaña de desinformación, el lenguaje histérico con que se distorsionan las movilizaciones ciudadanas e incluso la actitud ladina y acomodaticia de los voceros del “centro biempensante” como Catherine Juvinao o Humberto De La Calle, solo son una clara demostración de debilidad y miedo.
Debilidad porque saben que están perdiendo el control de lo que siempre han considerado su finca. Y miedo no solo a que, desde la Fiscalía, por fin, se haga justicia y los bandidos sean acusados, sino, sobre todo, miedo al pueblo, al pueblo movilizado, politizado y consciente. En otras palabras, les gustan los ciudadanos cuando votan callados por sus candidatos o cuando son simples espectadores de la pantomima que se presenta todos los días por los medios de comunicación, pero se mueren de pánico cuando ese pueblo se mueve y exige sus derechos. Se llenan la boca llamando a “defender” la institucionalidad mientras esté a su servicio, pero gritan desesperados cuando esa institucionalidad corre el riesgo de hacerse verdaderamente democrática y ponerse al servicio de los ciudadanos.
Como dijo el usuario de la red social X, Alexander Klein ─@AlexKleinO─, “les molestan las series de narcos, pero les da igual que la nueva fiscal tenga denuncias por narcotráfico”. No les interesa la democracia, solo les interesa sus privilegios.
