lunes, abril 15, 2024
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El robo de la ranchería

Aída Avella (**)

Riohacha intenta apoderarse del territorio de la comunidad Wayúu: Jarijinamana. Con toda clase de triquiñuelas, algunos jueces se prestan a la injusticia, violando así los sagrados derechos del Pueblo Wayúu en La Guajira.

El pasado 26 de diciembre de 2023, los vecinos y la comunidad de la Ranchería Jarijinamana, en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, fueron sorprendidos por una orden de desalojo de sus tierras ancestrales, heredadas legítimamente de sus antepasados. Esta orden de expulsión estuvo basada en una orden judicial, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, y la presencia de la Defensora del Pueblo, la Personería, el ICBF, y otras entidades de dicho departamento.

Durante dicha acción, personas encapuchadas, conocidas como “coteros”, contratados por los reclamantes de las tierras, destruyeron e incendiaron, ante la presencia de las autoridades, las viviendas, los enseres y los corrales de animales domésticos, con la subsiguiente pérdida de chivos y otras especies. No contentos con este injustificado acto de violencia, abiertamente ilegal, estos “coteros” profanaron las tumbas del cementerio de dicha comunidad, hecho de la mayor gravedad, ya que estas tumbas marcan al mismo tiempo el límite de las tierras ancestrales.

Estas reclamaciones de tierras, llevadas a cabo por operadores judiciales, son facilitadas por el desconocimiento del castellano de muchas comunidades Wayúu, y su alto grado de analfabetismo. Situación agravada por la ausencia de escrituras y títulos de propiedad de estas tierras ancestrales, heredadas de generación en generación, que hace que el 70 por ciento de la tierra en el municipio de Riohacha se encuentre actualmente en disputa, ante la presión del crecimiento urbano, lo cual ha generado todo tipo de pugnas basadas en intereses privados.

Dicho desalojo logró detenerse temporalmente gracias a las acciones de amparo legal en favor de esta comunidad, hasta que el 7 de febrero de 2024 pasado, la comunidad amenazada se replegó en la parte trasera de la tierra, teniendo como consecuencia la dispersión de esta comunidad, cuyos niños, mujeres y ancianos están en estado de vulnerabilidad y marginalización extremas, deambulando por las calles de Riohacha en época de lluvias.

Ante esta situación me pregunto ¿por qué no se le da cumplimiento al artículo 63 de nuestra Constitución Política, que ampara y protege las tierras comunales de grupos étnicos en Colombia?

En la actualidad, otras comunidades Wayúu, del perímetro urbano de Riohacha, afrontan esta misma injustificada y riesgosa situación de pérdida y desalojo de sus tierras ancestrales por parte de personas que, bajo engaños, pretenden alterar el carácter ancestral de la herencia de la tierra, cuyo reconocimiento, titularidad y propiedad debe ser reconocido, con prioridad inmediata, por parte de los poderes públicos.

Por consiguiente, hago un firme y urgente llamado al Consejo Superior de la Judicatura, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a las autoridades municipales y departamentales, así como a la Defensoría del Pueblo, para que la pretendida legalidad de estas reclamaciones de tierras, llevadas a cabo por parte de terceros ajenos a las comunidades Wayúu y, por ende, no sujetos de titularidad legítima de estas tierras, sea revisada y revertida, para que los derechos a la vida, a la tierra y a la identidad del Pueblo Wayúu sean restablecidos de inmediato, en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.

(**) Senadora de la República, Pacto Histórico

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