Jairo Torres Oviedo es licenciado en Ciencias Sociales, abogado especialista en Justicia Constitucional, magíster y doctor en Filosofía Política. También es el presidente del Sistema
Universitario Estatal, SUE. VOZ habló con él sobre la necesaria reforma a la Ley 30 de 1992
José Ramón Llanos H.
¿Por qué es necesaria una nueva legislación que regule la función de la universidad colombiana?
-Es necesario contextualizar la reflexión. La Ley 30 que rige la educación superior tiene treinta años, fue expedida en 1992. Pero como estamos hablando de la educación sucede que está ha tenido cambios, transformaciones, por eso hay aspectos de la legislación que no se sintonizan con esos cambios.
¿Cuál era la situación política cuando se aprobó la Ley 30?
-En 1989 cuando se desintegra el Muro de Berlín, que es el símbolo de la división del mundo en ese momento, en el ámbito geopolítico emerge una narrativa a nivel global alrededor de un mundo unipolar, es decir, el capitalismo se impuso. Pues en ese contexto y en esa dinámica nace la Constitución de 1991 como una de las más modernas en la región, garantista de derechos. En esas condiciones emerge la Ley 30 del 92, pero esta no incorpora ese pensamiento progresista.
Una ley en contra de la Constitución
¿Qué aspectos de esa ley no encarnan el pensamiento progresista que vivía el país?
-No encarna ese pensamiento por una razón esencial que es evidente en el artículo segundo de esa ley, el cual establece que la educación es un servicio único y cultural y uno de los bienes esenciales del Estado. Pero no la establece como derecho fundamental, no obstante que hay una Constitución garantista de derechos.
¿Qué otro contenido lesivo tiene esa ley?
-El tema de financiamiento porque en sus artículos 86 y 87 el poder legislativo estableció que la nación concurriría financieramente con las universidades públicas que en ese entonces eran 32, hoy son 34. Esto significa que en tres décadas no se han creado universidades. Además, la misma legislación estableció que el mecanismo de transferencia de los recursos del Estado a las universidades era el Índice de Precios al Consumidor, IPC, pero ese indicador se quedó pequeño frente al crecimiento de las universidades.
¿En 1992 cuántos estudiantes teníamos en las universidades públicas y cuántos tenemos hoy?
-En 1992 las universidades tenían 150 mil estudiantes matriculados. Hoy son 652 mil, es decir, tenemos 500 mil estudiantes más, eso significa que se requiere mayor infraestructura física, mayor vinculación de profesores, más laboratorios para la investigación, etc., esto es, todo lo que se necesita en una universidad para ofrecer un servicio educativo en las mejores condiciones y con los más altos estándares de calidad.
Problema financiero
¿El Estado con su política neoliberal, condenó a la Universidad a vivir en condiciones precarias?
-Eso nos lleva a decir que treinta años después la deuda del Estado con sus universidades públicas es de 18 billones de pesos. Ese es el cálculo que ha hecho el Sistema Universitario Estatal, SUE.
¿Cómo la universidad pública pudo funcionar en esas condiciones económicas?
-La universidad pública se vio obligada a crear un 48 por ciento de los recursos que necesita para funcionar mediante la venta de servicios. Le tocó salir en la lógica mercantil a comercializar el conocimiento, a convertirlo en dinero para poder operar. El indicador de transferencia se quedó pequeño frente a las necesidades de las universidades.
¿De esa forma lograron resolver todas las exigencias que requiere el funcionamiento optimo de una universidad?
-Por supuesto que no. Por ejemplo, nuestra Universidad de Córdoba se está cayendo, porque el Estado no transfiere los recursos necesarios para mejorar la infraestructura. Hay una realidad trágica y crítica en la cuestión financiera. Por eso estamos exigiendo reformar los artículos 86 y 87 para construir un modelo de financiamiento que haga sostenible a las universidades.
Autonomía y la educación como derecho
Los jóvenes universitarios de los sesentas y setentas luchamos por la autonomía universitaria. Hoy nos parece que la tendencia es que los gobiernos están interfiriendo. ¿Usted que opina?
-La autonomía es una reivindicación que viene desde la Reforma de Córdoba, Argentina, hace más de 100 años. La Ley 30 la incorpora, pero no hemos sabido entender la autonomía como autodeterminación, en términos como llamaría Kant de la mayoría de edad, esa capacidad de pensar por nosotros mismos sin la conducción del otro. Sí las universidades son autonomía este no ha sido el factor determinante para autodeterminarnos y para auto pensarnos. Ahí hay que trabajar mucho más y eso es uno de los asuntos que debe trabajarse en la reforma que impulsará el Gobierno.
¿Cuáles son los otros contenidos lesivos de la Ley 30 contrarios a la esencia de la universidad pública?
-Es que fue hecha con una lógica que no fue la Constitución del 91, ya que no identifica a la educación como un derecho fundamental. En cambio, el borrador de la nueva ley estatutaria si lo reconoce. Expresamente dice que la educación en un derecho fundamental. Por tanto, acaba con la concepción de que la educación es un servicio público que lo puede prestar cualquiera.
Nos metimos en el embeleco de que las libres fuerzas del mercado iban a realizar el bienestar social y con ese criterio se privatizó la educación, la salud y todos los servicios públicos esenciales que deben ser responsabilidad estatal. Por no haberlo hecho así, hoy somos uno de los países más desiguales del planeta.
Treinta años después ese derecho a la educación pública no se concretó. Por esa razón, la iniciativa privada ocupó el espacio que el Estado abandonó.
¿Qué hacer ante esa situación?
-El Estado debe tratar de llegar a quien no le ha llegado: dos millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior.
Petro y la reforma
¿Cuál debería ser el criterio para asignar un presupuesto óptimo que beneficie a la universidad pública?
-Todo debe estar en función de la tarea misional. La universidad hace investigación, pero debe financiarla el Estado porque requiere de muchos recursos. Y hay una contradicción, a las universidades se les exige calidad pero no se les transfieren recursos para lograrla. Esas son las consecuencias de las políticas neoliberales.
¿El actual gobierno entregara a la universidad pública los recursos que requiere?
-Estoy seguro que el actual jefe de Estado no cometerá el exabrupto de escatimarle recursos a la universidad pública y darle cinco billones de pesos a la universidad privada como lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos.
El presidente Gustavo Petro está dialogando con los rectores, con los profesores y los estudiantes universitarios. De allí saldrá el contenido de la nueva ley. Seguramente tendrá un articulado que garantice los recursos para el funcionamiento que necesitan las universidades públicas del país.
