Clara López Obregón
Son muchos los titulares periodísticos parecidos al de CNN que sentencia: “2 años de Petro en el poder: muchas promesas de cambio, pocos resultados tangibles”. Con todo, en esa nota periodística, el analista político Jaime Honorio González afirma algo distinto: “Petro no ha sorprendido porque ha hecho lo que prometió que iba a intentar hacer: las reformas, cambios en la estructura económica, política, social del país para imponer su visión de izquierda. Eso hay que abonárselo”.
El cambio de rumbo, como se sabía, no es cosa de una administración, por ello, en el programa del Pacto Histórico al Congreso afirmábamos que el propósito era sentar las bases para concretar “un programa estratégico concebido para los próximos veinte años”. Si bien es cierto que hay dificultades de corrupción como el de la UNGRD, el Gobierno ha tomado medidas para enfrentarla y respalda la acción de la justicia.
La oposición no nos mide por el programa, sino frente a lo que el Estado ha dejado de hacer durante la vigencia de la Constitución de 1991. Al haber optado sus gobiernos por el modelo del Consenso de Washington, privatizaron los servicios públicos, la salud y las pensiones; firmaron los TLC que destruyeron el agro y desindustrializaron el país y desfinanciaron la educación; restándole $350 billones con la recentralización de las transferencias a municipios y departamentos del sistema general de participaciones.
Los grandes capitales que sustentan a la oposición tienen un interés fincado en ese modelo privatista y extractivista que el Gobierno Petro empieza a reconducir por uno que democratice el crédito, amplíe la producción y enfrente los problemas de desigualdad, exclusión y cambio climático que el neoliberalismo ha agudizado. Petro viene descarbonizando la economía y modificando su carácter extractivista por uno productivo y amigable con la naturaleza.
Lo que está en marcha es un nuevo modelo de desarrollo propio, sustentable e incluyente que busca reformar la salud y la regulación privatista de los servicios públicos e impulsar el turismo, la agricultura, la reforma agraria, la educación superior y la transición energética que garantizará que hagamos nuestra parte frente al cambio climático. La producción nacional se está ampliando con los nuevos protagonistas de la economía popular.
A pesar del catastrofismo de los gremios de oposición, el aumento del salario mínimo no produjo desempleo e inflación, sino que sacó a 1.600.000 personas de la pobreza monetaria; el estímulo a la producción nacional, aun con altas tasas de interés, ha bajado el desempleo y la inflación generando que el dinamismo de la actividad económica haya sido una sorpresa positiva.
Colombia hoy es líder en política internacional y el Gobierno insiste en el diálogo para desactivar la violencia armada. Para sostener y profundizar el viraje se requiere un acuerdo nacional para desterrar toda violencia y corrupción de la política y del Estado. Ese es el desafío pendiente.
