Discriminación en el mercado laboral

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El desempleo afecta con mayor rigor a la población con discapacidad

La población en situación de discapacidad sufre peores exclusiones que las que hacen algunas Iglesias. El 91% de las personas en situación de discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de un mínimo. Barreras para acceder al trabajo

El desempleo afecta con mayor rigor a la población con discapacidad
El desempleo afecta con mayor rigor a la población con discapacidad

Redacción laboral

La exclusión de que son víctimas los feligreses de una Iglesia cristiana es mínima al compararse con la que se hace en el mercado de trabajo, donde es más evidente. Según el censo 2005 de la Escuela Nacional Sindical (ENS), el 6.3% de la población colombiana tiene por lo menos una limitación permanente. Proyectado al año 2012, quiere decir que 2´943.971 personas se encontraban con alguna discapacidad.

Barreras actitudinales y prácticas discriminatorias asociadas a la discapacidad de las personas impiden el acceso y la permanencia en trabajos formales en condiciones dignas. “La discriminación se produce, bien deliberadamente o bien como resultado de la existencia de barreras intrínsecas o estructurales en el entorno de trabajo, que impiden que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en condiciones de igualdad con las demás personas”, explica la ENS.

Letra muerta

Por la falta de oportunidades estas personas están condenadas a no encontrar trabajo, o se ven obligadas a trabajar de una forma no adecuada y sin cumplir con las garantías legales.

Esto a pesar de que la población discapacitada es sujeto de especial protección otorgada por la Constitución y ampliamente desarrollada en el ámbito jurisprudencial y legal. Además, Colombia es parte de la convención que reconoce los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), que en el art. 27 señala:

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación…”.

No obstante los compromisos que ha contraído el Estado colombiano, la información disponible sobre las condiciones laborales de esta población son incompletas y no están actualizadas.

El informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de 2012 señala que el 91% de las personas en situación de discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de un salario mínimo legal vigente, el 42% cuenta apenas con educación básica primaria, y el 54% está en el rango de edad definido como etapas productivas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desempleo afecta con mayor rigor a la población con discapacidad y en los casos de empleabilidad las remuneraciones son considerablemente más bajas que las de las personas sin discapacidad, un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres.

Esto obedece al imaginario que aún existe en la sociedad y en el sector empresarial, de que una persona en esta condición no puede desempeñar adecuadamente algún trabajo, o que de hacerlo no lo haría con los mismos criterios de calidad de aquella que no tiene discapacidad. La OMS concluye que la tendencia mundial es que la población con discapacidad y sus familias presentan unos niveles más altos de pobreza.

De las 615.274 personas registradas en la encuesta del Ministerio de la Protección Social de 2010, apenas el 16.6% se encontraban trabajando; el 4,3% buscaban un trabajo y sólo el 1.6% estaba pensionada.

El dato más preocupante es que, en promedio, el 25.5% de estas personas se encontraba en una situación de discapacidad permanente, y no recibía ninguna pensión, situación más notoria en los departamentos de Córdoba y Vichada, donde más del 40% se encontraban en esta situación.

Según la ENS, acerca de las condiciones de protección social que tienen las personas discapacitadas que se encuentran ocupadas, no existen datos precisos, pues la información es muy general: afiliados a salud, prevalece la afiliación al régimen subsidiado, 72%, y un 4% no se encuentra afiliada al sistema. Los datos sobre afiliación al régimen contributivo no diferencian entre afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios, una información clave para identificar cuántos de ellos están vinculados al mercado laboral en condiciones de trabajo decente.