Andrés Arias
La Unión Peneya, inspección del municipio de La Montañita, en el departamento del Caquetá, ha sido considerada a nivel nacional como una de las regiones más golpeadas por el conflicto social y armado que afronta este país.
Luego de que culminaran las negociaciones de paz en el Caguán y se reconfiguraran las nuevas políticas gubernamentales encabezadas por el gobierno de Álvaro Uribe por recuperar estas regiones catalogadas como “madrigueras insurgentes”, estas definiciones estatales provocaron una guerra sin tregua que hizo que en 2004 casi toda la población de esta inspección saliera en calidad de desplazamiento, por omisión de protección del Estado ante las operaciones militares contrainsurgentes.
Las comunidades campesinas organizadas resistieron en pro de la subsistencia y mediante acciones legales de carácter internacional lograron el retorno a sus tierras a inicios del año 2008.
Triunfo popular que se vio reflejado un año más tarde cuando se les hizo un reconocimiento nacional gracias a su tenacidad otorgándoles el Premio Nacional de Paz en el año 2009. En la actualidad esta comunidades continúan enmarcadas en el flagelo del conflicto y la estigmatización por parte de las Fuerzas Militares y con total ausencia del Estado.
La estigmatización continúa contra la población civil a la que acusan de ser filtrada por milicianos y guerrilleros de las FARC. Fruto de ello la comunidad ha denunciado que miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil número 12 han arremetido con fuerza desmedida a instalaciones civiles como el puesto de salud, aludiendo en todos los casos que algunas de las personas que se encuentran recibiendo el servicio médico hacen parte de las redes terroristas de las FARC.
¿La razón? que en muchos de los casos los pacientes atendidos tienen afectaciones propias del trópico amazónico y los “militares infieren que son guerrilleros”, dice un trabajador del centro de salud que prefirió no dar su nombre. Todos estos pacientes ante los ojos del Ejército Nacional son colaboradores del terrorismo.
Allí mismo en esa población, el pasado 23 de mayo, Fernando Villa, propietario del predio vecino de la base militar, contrató cerca de 40 labriegos del sector para lograr sembrar cuatro hectáreas de caucho natural, y en el momento que los labriegos se encontraban forjando unos huecos para la posterior siembra del árbol fueron impactados por dos granadas de mortero lanzadas desde la base militar, acto que de inmediato causó conmoción en medio de la comunidad que les prestó los primeros auxilios de inmediato a los labriegos que quedaron aturdidos por efecto de la onda explosiva.
En medio de la confusión observaron que uno de los labriegos, Fernando Roda Monroy, había sufrido una herida profunda por esquirla en su pierna derecha, de forma que debió ser remitido inmediatamente a la ciudad de Florencia, con graves heridas.
En el momento que la comunidad fue a hacer la respectiva denuncia y pedir explicaciones con la comandancia de la base militar, fueron recibidos por el teniente Jhon Edward Bravo Gómez, comandante de este fuerte militar, quien afirmó, carente de gallardía, que sus militares habían actuado en defensa propia, ya que según él, tenían información de la fuerte incidencia del frente 15 de las FARC en el sitio. “Al ver a tantas personas decidieron abrir fuego”.
Respuesta que de inmediato causó el repudio de la comunidad caqueteña, ya que este hecho refleja una vez más las constantes violaciones en contra del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas del Estado en contra de la comunidad campesina.
Es por ello que la comunidad de la Unión Peneya, en un acto nuevamente de constancia y compromiso con la paz, denuncia este tipo de acciones que sin ningún pudor realizan las Fuerzas Militares que, escudadas en la figura del terrorismo, asesinan sin ningún control estatal. Y se preguntan: si así es sin fuero militar, ¿cómo será lo que se nos viene?
