El Senado aprobó ascenso del brigadier de la Policía Francisco Patiño, quien presuntamente está implicado en caso del grafitero Diego Felipe Becerra. La Policía debe garantizar el ingreso de miembros educados en libertad y la protección de los derechos humanos
Kikyō
Hace apenas unas semanas la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación en contra del brigadier general de la Policía Francisco Patiño Fonseca, por su presunto apoyo en la manipulación de la escena en donde fue asesinado el adolescente Diego Felipe Becerra, mejor conocido como “el grafitero”.
Para tal fin Eduardo Montealegre, fiscal general, firmó una resolución en la que se remitió ante una unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el proceso que se lleva contra el general Patiño.
Solo unas semanas después, el pasado 12 de junio, en la sesión en la que el Senado aprobaría el ascenso de Patiño a mayor, el fiscal sostuvo que el ente acusador no tenía pruebas para imputar cargos al alto oficial, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en la época del crimen contra el menor de edad. ¿Qué pasó?
Ya la abogada de la familia de Diego Felipe, Myriam Pachón, había denunciado ante los medios de comunicación la existencia de una orden desde el despacho del fiscal general para no mover el proceso del general de Patiño y que llevan al menos medio año exigiendo documentación sobre cómo van las investigaciones contra el alto oficial de la Policía.
Paradójicamente Montealegre dijo ante el Senado que el caso “del grafitero” es un “falso positivo urbano”, pero muy a pesar de sus declaraciones y de las investigaciones que pesan sobre la espalda de brigadier general Francisco Patiño, la Comisión Segunda del Senado visó el ascenso del oficial a mayor general, convirtiéndose en una ofensa y un desafío no solo para la familia de Diego Felipe, sino para el conjunto de víctimas de falsos positivos.
Mal paga el diablo
En mayo de este año no se pudo realizar nuevamente la audiencia preparatoria (ya son siete), debido a que el defensor del patrullero Wílmar Alarcón, el abogado Jaime Gutiérrez, no llegó. Por este motivo el juez 43 de Conocimiento le asignó un abogado de la defensoría pública y compulsó copias nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue la aparente intención de dilación del caso en manos del profesional.
En esta oportunidad el padre de Diego Felipe, Gustavo Trejos, manifestó que: “Es preocupante la falta de ética de los abogados, se han preocupado por guardarle la espalda a los altos oficiales y a la Policía Nacional y no se han preocupado por al agente de la Policía”. Al parecer el patrullero no tiene contacto seguido con su abogado.
La familia de Diego Felipe cree que lo que ellos están esperando es la aprobación del fuero penal militar y se puedan llevar el proceso a la Justicia penal militar. Sin embargo los abogados dicen que no existe sostén jurídico para que eso ocurra, ya que las actuaciones que se han presentado en el proceso no llevan a concluir que los hechos ocurrieron en un acto de servicio, puesto que éste se rompió cuando los implicados trataron de obstruir a la Justicia ocultando el crimen.
El general José Roberto León Riaño, director de la Policía de Bogotá, dio excusas públicas por la muerte de Diego Felipe Becerra y llamó a reconocer las fallas cometidas por la Institución.
Aunque la familia del grafitero aceptó las excusas, lo que quiere realmente es que los altos oficiales implicados sean investigados, juzgados y condenados, y no queden en la impunidad sus actuaciones, como suele pasar en otros casos de falsos positivos.
