viernes, marzo 29, 2024
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Depuración a mitad de camino

La Policía Nacional debe apartarse de la doctrina de la seguridad nacional, trazar una política de seguridad de contenido patriótico, que defienda los intereses del ciudadano, incluyendo sus derechos económicos y sociales.

Foto: Vivian Ruiz, El Turbión via photopin (license)
Foto: Vivian Ruiz, El Turbión via photopin (license)

Alberto Acevedo

Algunos medios de comunicación -no todos-, presentaron ante la opinión pública lo que calificaron como la depuración más grande que en los últimos 20 años ha habido en las filas de la Policía Nacional, destacando que este proceso ha ocurrido en los escasos tres meses que lleva al mando de la institución el general Jorge Nieto.

Las cifras mostradas dan cuenta que 1.427 uniformados, entre ellos 89 oficiales y 13 suboficiales, fueron retirados de la institución, por la comisión de una gama de delitos que van desde microtráfico de estupefacientes hasta cobro de sobornos. Se informa además, que en procesos todavía en desarrollo, serán retirados unos trescientos o cuatrocientos uniformados más.

Si miramos las cifras a la luz del comportamiento de conductas criminales en este tipo de instituciones, podríamos estar hablando no de la mayor depuración habida, sino de la corrupción más grande registrada en las últimas décadas en una institución que pretende ser respetable. No olvidemos que los organismos internacionales de observación, sitúan a Colombia por encima de Brasil en el registro de índices de corrupción. Y esto ya es bastante.

Le viene bien a la salud de la patria ese proceso de depuración, que pretende ponerse a tono con los vientos de reformas políticas y sociales que intentan afianzarse a partir de las negociaciones de paz en La Habana.

Pero, justamente, mirando ese horizonte esperanzador, es un proceso insuficiente. Los roles y objetivos de la Policía Nacional, como un cuerpo de control y vigilancia ciudadana de carácter civil, subalterno del ministerio de Justicia, se desdibujaron desde los aciagos años de la violencia partidista y del Frente Nacional, que la convirtieron en un instrumento político represivo, al servicio de las clases dominantes y sus aliados.

La separación de agentes y suboficiales vinculados al microtráfico, desvía la atención de la opinión pública sobre el nexo cierto de altos oficiales de la institución con los grandes capos del narcotráfico. Cuestión que, por cierto, explica por qué desde el aeropuerto El Dorado salen a diario toneladas de cocaína, sin ser detectadas por los mecanismos de control.

Tampoco toca la anunciada depuración policial el vínculo de unidades enteras de la institución con los grupos paramilitares, en apartadas pero estratégicas zonas, donde sirven de escolta a estas estructuras criminales. En episodios como el del crimen del grafitero en Bogotá, el escándalo de las chuzadas a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de izquierda, se guarda un encubridor silencio.

El anuncio de la depuración en las filas de la policía se hizo en el marco de una cumbre de generales, que se reunió para analizar el problema de la corrupción. En las deliberaciones del evento se instalaron cuatro mesas de trabajo, una de ellas ocupada del tema del ‘nuevo modelo de Policía para el posconflicto’.

La intención es buena. Pero hay que llenarla de contenidos democráticos, como es el espíritu de los cambios propuestos en La Habana. Y en ese sentido, no es posible que en la institución siga existiendo un organismo como el Esmad, verdadera empresa criminal. El Esmad debe ser liquidado e investigadas sus actuaciones represivas, en favor de sus víctimas, especialmente los movimientos estudiantil y campesinos.

La Policía Nacional debe apartarse de la doctrina de la seguridad nacional, trazar una política de seguridad de contenido patriótico, que defienda los intereses del ciudadano, incluyendo sus derechos económicos y sociales. Debería existir una clara delimitación entre las funciones del Ejercito Nacional y las de la Policía.

Hoy en los barrios, la gente ataca a la policía, porque no la reconoce como guardiana del orden y la institucionalidad. Y tampoco cree en una justicia, de espaldas a sus intereses. La depuración de la Policía, pues, debe ser más profunda, más radical, que elimine el carácter militarista y guerrerista en que han sido formados la mayoría de sus oficiales.

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