La semana pasada las organizaciones de Derechos Humanos Minga y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia contra el Estado de Colombia, por la constante persecución que ha hecho el Procurador en contra Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.
Para las organizaciones peticionarias, la facultad de disciplinar a funcionarios de elección popular, es contraria a la Convención Americana sobre derechos humanos. En un Estado democrático, la facultad de afectar derechos fundamentales de funcionarios elegidos popularmente solo está en cabeza de los jueces, así se desprende de la letra del artículo 23 del tratado interamericano.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el caso Leopoldo López contra Venezuela, la Corte Interamericana interpretó dicha regla en el sentido de señalar claramente que restricciones por vía de sanción, deberían ser resultado de condenas, es decir, decisiones proferidas por jueces, en el marco de un proceso penal.
Los demandantes, esperan que este caso abra las puertas para la modificación de las facultades de la Procuraduría, así como el restablecimiento inmediato de los derechos políticos y garantías judiciales del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, afectado por la actuación de la Procuraduría.
