La cúpula judicial quiere mantener la extradición para jefes guerrilleros y evitar que empresarios comparezcan ante los jueces a decir la verdad de lo sucedido en el conflicto. Todos quieren impunidad para expresidentes
Por: Hernán Camacho
@camachohernan
Desde cuando su nombre apareció en la lista de candidatos a convertirse en Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, principal asesor jurídico de importantes empresarios nacionales y de empresas multinacionales, no se desprendería de la defensa de sus clientes, y elegido como jefe del ente investigador pondría a disposición la entidad para proteger su interés.
Hoy ese análisis toma fuerza después de conocer su intervención pública en el foro La Paz es Posible, organizado por la Universidad del Rosario y el periódico El Tiempo, donde arremetió contra la justicia transicional que contiene el acuerdo de paz. Y como si fuera una estrategia planificada, casi el mismo día, desde la cúpula judicial del país, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en representación de la colectividad de togados, le pidieron al Gobierno nacional escuchar sus reparos sobre el proceso de paz y en especial sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Las observaciones
Las preocupaciones que rodean la cúpula judicial en torno al proceso de paz van desde la seguridad jurídica para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las obligaciones judiciales para los terceros responsables del conflicto, la extradición de los miembros de las FARC, la competencia como órgano de cierre para las acciones relacionadas con el conflicto y la implementación, subordinación y vigencia de la JEP.
Al fiscal Martínez lo embargan dos preocupaciones que llaman la atención. La primera trata del riesgo que tendría el expresidente Álvaro Uribe al implementarse la Justicia Transicional, pues considera que el blindaje judicial que trae consigo la JEP solo es aplicable a la actuación de los presidentes en el periodo constitucional para el cual fue elegido.
Puntualmente Martínez señaló: “Vamos a reabrir una suerte de responsabilidades jurídicas respecto de todos los aforados. Eso lo hicieron, todos lo sabemos, porque había un régimen de inmunidad respecto de la Presidentes de la República. Pero lo que querían los negociadores era enviarle un mensaje al expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, que sus acciones como Presidente no sería competencia de la JEP, y resulta que las imputaciones que se le han venido haciendo a él nada tienen que ver con su periodo presidencial, luego tampoco le transfieren ninguna seguridad jurídica”, señaló el Fiscal General de la Nación.
Los paraempresarios
Y de otra parte, Martínez Neira vine sosteniendo la idea de oponerse a que los terceros vinculados al conflicto comparezcan ante los tribunales de paz. Para el jefe del ente investigador la actuación de los empresarios que financiaron al paramilitarismo no se encuentra tipificada como un tipo penal sino por el contrario son coacciones de los grupos ilegales y por tanto empresarios resultan víctimas del conflicto.
En principio esa interpretación responde al espíritu de lo negociado en La Habana. Sin embargo, el propio acuerdo señala que ellos, los terceros responsables, no serán juzgados pero sí deberán acudir a ella para declarar los hechos y contribuir con el escarmiento de los actos del conflicto. Según Martínez, no hay claridad ni seguridad jurídica para organizaciones empresariales o multinacionales que en distintas regiones y momentos de la historia del país pudieron contribuir al financiamiento de grupos paramilitares y que de ser así no tienen por qué comparecer a los tribunales. De hecho la polémica la hizo pública tras enviarle una misiva al expresidente Gaviria donde sostiene que todos los empresarios que financiaron el conflicto tienen que dar la cara. “El propio presidente Gaviria en el periódico El Colombiano decía que los terceros debe acudir. Yo mismo le mande una carta reclamándole su postura pública”, dijo Martínez.
Las declaraciones del Fiscal fueron respondidas desde la dirigencia de la Unión Patriótica. Su presidenta Aída Avella, señaló que el Fiscal Martínez, induce a generar impunidad y a dejar a las víctimas sin la verdad ni la reparación que han reclamado a lo largo de la negociación: “Para la paz estable y duradera se necesita la verdad. Quienes actuaron en el conflicto deben señalar todas sus responsabilidades. No podemos excluir ni a empresarios ni a exgobernadores, ni a nadie a que digan lo que sucedió”, indicó.
La Corte
Pero el ataque al proceso de paz llegó desde la cúpula de la Corte Suprema de Justicia. En carta dirigida al mandatario de los colombianos el alto tribunal señala cinco observaciones para tener en cuenta en la nueva negociación. Entre ellas se encuentra la solicitud al mandatario de mantener las órdenes de extradición para los jefes guerrilleros y que sea ese cuerpo judicial el que determine la viabilidad de dichas solicitudes y no la J.E.P.
Solicitó el alto tribunal que sean ellos los que resuelvan: “Los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en que solicite a personas sometidas a ella, con mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas al conflicto”.
Petición que va directamente a lesionar la estructura central del acuerdo de La Habana en que se niega la extradición de guerrilleros de las FARC que se reincorporen a la vida política sin armas. El propio exfiscal Eduardo Montealegre, dijo en su momento con la decisión de elevar a categoría de tratado internacional los acuerdos de paz con las FARC, hace que los integrantes de esa guerrilla queden blindados contra la extradición: “Se establece que no habrá extradición por los delitos cometidos con anterioridad a los acuerdos”.
Impunidad
Otro asunto de interés para la Corte es el principio de cosa juzgada sobre las decisiones que tienen que ver con el conflicto. Ese asunto resulta de vital importancia para los cimientos del proceso de paz pues las actuaciones de la Justicia Transicional, muchas de ellas podrán modificar las sentencias de miembros de la fuerza pública que acudan al tribunal a contar la verdad sobre sus actuaciones.
Pero también podrá el Tribunal de Paz revocar las decisiones de la justicia sobre cualquier colombiano que hubiera sido investigado y absuelto de responsabilidad sobre alguna actuación suya en el conflicto. Por ejemplo, levantar las absoluciones a miembros de la fuerza pública acusados de actuaciones ilegales en el marco del conflicto y que producto de la reconstrucción de los hechos y la verdad tenga merito suficiente para reabrir una investigación. La magistrada Margarita Cabello Blanco declaró: “Pero al mismo tiempo, las decisiones en firme con efecto de cosa juzgada de la Sala Penal son decisiones que hay que respetar. Por eso proponemos que la cosa juzgada debe mantenerse”.
Incluso la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran condenados, y cuya única esperanza para recobrar la libertad es acudir a decir la verdad, se encuentra en riesgo tras el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia. Un oficial, vencido en juicio y condenado podrá acudir a los tribunales de paz y acogerse a los parámetros de la JEP a cambio de aminorar su pena: a mayor verdad mayor rebaja de pena.
Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia reclamaron no haber sido escuchados a lo largo del proceso de paz. No obstante la alta corte es una de las instituciones que participarán en la escogencia de los magistrados de la JEP. Sorprenden dichas posición ante un momento de sensatez que reclaman los colombianos para con el futuro del país.
