Ocho jóvenes capturados durante el estallido social en Neiva, tras dos años de privación, recuperaron su libertad
Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
En el 2021, el país vivió uno de los estallidos sociales más importantes de su historia, los jóvenes exigían el respeto y garantías para sus derechos. Se respiraba dignidad y solidaridad en cada parte de Colombia.
Sin embargo, durante esta movilización social, el gobierno de Iván Duque y la Fiscalía de Barbosa respondió sus exigencias con dolor, estigmatización y criminalización a la protesta social, señalando y asociándolos con crímenes y grupos delincuenciales, para reprimir las demandas sociales de los colombianos.
Un año después, el 27 de abril de 2022 en Neiva, fueron capturados Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Anyi Carolina Cuellar Ospina, Pablo Fernando Vargas Lima, Cristián Andrés Reyes Cuellar, Vanessa Sánchez Cabrera, Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez y Andrés Felipe Yara Vargas. Ocho jóvenes que, en el estallido social, realizaban labores comunitarias de periodismo, defensa de los derechos humanos y liderazgo social.
La olla para todas y todos
Vanessa Sánchez Cabrera es una de las jóvenes víctimas de la criminalización y estigmatización del gobierno de Duque. Es madre de dos niños, defensora de los derechos humanos e hizo parte de la olla comunitaria.
“El estallido social fue una experiencia sorprendente. En ese espacio me di cuenta que la necesidad era colectiva, eso me motivó a estar en la olla comunitaria y ser un apoyo de las personas que tenían hambre. Construimos un tejido social con la base de la solidaridad y la hermandad”, dice Vanessa mientras recuerda el 2021. Todavía hay sorpresa en ella mientras habla de cómo la criminalizaron un año después.
“Nunca pensé que por dar apoyo a la olla comunitaria la Fiscalía comenzara a criminalizarme, pero no solo ellos, sino también los periodistas locales me estigmatizaron al tergiversar toda la información. Fue una experiencia traumática”, relata Vanessa. Fueron ocho personas imputadas por varios delitos tales como concierto para delinquir, perturbación en el servicio de transporte público, hurto, incendio, terrorismo, extorsión, porte ilegal de armas y secuestro.
“Nos recluyeron en un lugar y nos dábamos apoyo moral. Pero, cuando nos separaron, dos a domiciliaria y otros seis a la cárcel, ya era imposible sentir ese apoyo”, continúa la líder comunitaria. Vanessa estuvo seis meses en la cárcel de Rivera, Huila, siendo una constante víctima de estigmatización y vulneración de los derechos humanos.
Siendo madre de dos menores, la familia fue víctima de la criminalización y reclusión “mi mamá tuvo un accidente cerebrovascular en el 2022, y no podía ayudarme con los niños. Fue mi hermana el apoyo en su cuidado”, afirma Sánchez. Después de los seis meses en la cárcel de Rivera, le conceden la prisión domiciliaria, la cual le permite estar junto a sus hijos.
Un año después del Estallido
comunitarias. Foto Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Ahora bien, es importante destacar que a los ocho jóvenes los capturan un año después del Estallido social. Por tal razón, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, decide ayudar en la defensa por los derechos humanos de Vanessa Sánchez.
Lorena Medina fue la abogada que estuvo siempre al lado de Sánchez, quien da su apoyo al saber que iba a estar custodiada por miembros de la SIJIN “le di unos tips de cómo pasar ese tipo de privatización y judicialización, sabiendo que en su custodia la podían maltratar emocionalmente”, afirma Lorena.
“Desde el punto de vista jurídico y de proyección fiscal, se acusaban de hechos muy fuertes. Hay un apoyo visual por parte de la Fiscalía que se notaba que era una edición, y nos demostró que todas las pruebas estaban construidas”, afirma la abogada, “desde ese momento empezamos a luchar por una prisión domiciliaria a Vanessa, que es madre de dos menores, pero no se nos concede”.
Tras esta decisión, ella y cinco compañeros fueron traslados a la cárcel de Rivera, Huila, que es una prisión de hombres con anexo de mujeres, “no hay ni infraestructura ni condiciones para las mujeres. Y por eso, decidimos apelar, y después de seis meses, se concede la domiciliaria”, señala la abogada. Vanessa estuvo privada de la libertad desde abril del 2022 hasta junio del 2024.
El comienzo de la libertad
Según la ley 1908, la defensa debía esperar 500 días para la radicación de la libertad por vencimiento de términos. Al ver que se cumplía con ese requisito, junto con los demás abogaos se radica el escrito para la solicitud.
Alejandra Ballesteros, del Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, fue la elegida para la vocería de la solicitud en conjunto. No obstante, el día de la audiencia, el fiscal no quiso que se llevara a cabo porque no se sentía preparado, así que se aplazó del martes 11 al jueves 14 de junio, lo que generó ansiedad en todas las personas vinculadas.
Sin embargo, el 14 de junio el fiscal concluyó en no oponerse a la solicitud “los y las abogadas de este equipo han trabajado sin maniobras dilatorias, han acudido a las audiencias y han actuado de buena fe. No es un grupo delincuencial ni armado, por lo tanto, no me opongo”, afirmó.
Así pues, en la misma audiencia se entregó un auto satisfactorio para las libertades de los y las jóvenes que nunca debieron estar presos.
La estigmatización de la protesta social
La respuesta de Iván Duque de criminalizar la protesta social fue contundente para generar temor en las personas para que no continuaran ejerciendo su derecho a la protesta. Pero, la estigmatización no solo es en el marco de la protesta social, sino que afecta toda su vida “muchas de las personas que salen de las cárceles, se sienten disminuidas porque una sociedad entera los acorraló y los segregó de la comunidad”, continúa Medina.
“Es peor que un exilio. Volver a incorporarse a una sociedad que le dio la espalda es muy difícil”, finaliza Lorena Medina del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Hasta la fecha, todavía hay catorce personas en prisión domiciliaria y cincuenta en medida intramural. Se debe seguir con la defensa de los derechos humanos de los jóvenes que cambiaron al país.
