De para atrás

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La bancada de unidad nacional junto al gobierno han advertido que la agenda legislativa camina en torno a las locomotoras y la reelección de Santos. Foto Presidencia.

La rendición de cuentas de Santos, caracteriza su último año de mandato. El doble discurso. Hostilidad legislativa

La bancada de unidad nacional junto al gobierno han advertido que la agenda legislativa camina en torno a las locomotoras y la reelección de Santos. Foto Presidencia.
La bancada de unidad nacional junto al gobierno han advertido que la agenda legislativa camina en torno a las locomotoras y la reelección de Santos. Foto Presidencia.

Hernán Camacho

Tres son las características que identifican los años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos: el ahondamiento de la conflictividad social, el incumplimiento de las metas de gobierno y su doble discurso.

Locomotoras de la “prosperidad” fueron llamadas las políticas que apalancarían el crecimiento económico y social del país en el cuatrienio del mandatario; pero los resultados de cada una de esas políticas son ínfimos. Los índices de pobreza son crecientes a pesar de las mediciones que poco o nada generan credibilidad. A un año de finalizar su mandato el país está como venía, mal.

Los balances de los dos primeros años de gestión auguraban una mejor preceptiva, es decir: nada podía ser peor y arrancar siempre sería bueno. Las palabras del ministro de hacienda de la época Juan Carlos Echeverry, señalaban que solamente falta destrabar el Estado para la inversión de recursos que haría realidad las promesas de campaña. Pero todo falló y la cuenta regresiva para la terminación del mandato corre en su contra.

Por su parte, la bancada de gobierno que califica a Santos como un estadista, es en parte responsable del rumbo del país. “El gobierno de las víctimas” dijo el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo y sin embargo siguen auspiciando leyes contrarias a las víctimas y a todos los colombianos.

El legislativo paralelo

Un cúmulo de iniciativas legislativas, que para expertos, no allanan el camino de la paz, la reconciliación o la democracia. El cese legislativo lo exigen sectores democráticos, sociales y populares quienes son las primeras víctimas de la locomotora legislativa.

Las iniciativas legislativas cuestionadas van desde la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, calificada por el propio establecimiento como la “reforma agraria” que “remienda” estructuralmente el país, hasta su reforma tributaria, pasando por la reforma a la justicia, son los logros expuestos en la pasada rendición de cuentas.

Ni los objetivos se cumplen ni los números concuerdan. El asesinato sistemático de medio centenar de líderes de restitución de tierras a manos de paramilitares ligados con políticos regionales parece no preocupar al gobierno.

Las recientes denuncias de testaferros en el proceso de restitución de tierras en Urabá y los deficientes resultados de entrega efectiva de predios, que con aspavientos anunció Santos, nos deja como resultado el estridente fracaso de su política.

Los números no dan

Según el Plan Nacional de Desarrollo, son 360 mil víctimas despojadas y la promesa es devolver 160 mil predios, de los cuales hoy la cifra de restituciones no llega a los tres mil. Lo más grave es que el Ejecutivo sigue insistiendo que dicha ley es la bandera de su administración y las abultadas cifras entregadas, según denuncia la bancada del Polo en la oposición, hacen parte de otras políticas de tierra como la entrega de baldíos, las 150 mil hectáreas entregadas a 12 empresas nacionales como Riopaila Castilla y cuyo despojo ilegal el gobierno no le interesa reconocer sino legalizar.

Y para completar, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico las ayudas humanitarias a las víctimas que el gobierno considera hacían parte de la reparación integral a las víctimas de la violencia. Cada vez menos efectiva la Ley y calculan expertos que deja un vacío presupuestal en el erario para cumplir con la reparación pues el gobierno asimila los 40 billones de pesos para las víctimas con rubros como atención humanitaria.

Salud sin remedio

Y si de apuestas fracasadas se trata, la reforma a la salud es otra de sus promesas echadas al traste, y por partida doble. Dos son las mini reformas que a lo largo de sus tres años el gobierno ha propuesto pero que de manera tímida se han quedado en el camino y por el contrario han favorecido los emporios económicos dedicados al negocio de la salud.

La equivalencia de los Planes Obligatorios de Salud entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, no fue la real solución a la crisis que estalló en el país con el nacimiento de la ley 100. Como tampoco la restructuración del sistema de salud condicionando sus recursos públicos al beneplácito fiscal del país, en cuyo caso nunca será posible satisfacer el derecho de cada uno de los colombianos.

Sigue la intermediación de las EPS, esta vez con figuras gerenciales sofisticadas pero que en el fondo contienen los mismos vicios que llevan de a poco al sistema de salud a su terminación”, le dijo a VOZ, la senadora Gloria Inés Ramírez.

Un sistema de salud fundado con principios de mercado y no de derechos, un acuerdo tácito entre las EPS y el gobierno a pesar de los sucesivos escándalos de corrupción propios de un sistema así y que no atrevió a tocar el Ejecutivo.

La línea política

Luis Carlos Villegas, jefe de los industriales del país y ahora delegado de la comisión de paz del gobierno en La Habana, en su análisis “Dos años de Santos en el poder”, para El Tiempo, hacía énfasis en la necesidad de seguir buscando cambios estratégicos para el país de la mano del reformismo.

Villegas alentaba a Santos a que en los dos años restantes de su gobierno corriera a sacar adelante el fuero militar, la reforma tributaria y la reforma pensional. Dos de esa exigencias que hacía el industrial, se cumplieron. Se aprobó un fuero militar que dejo, abierta de par en par la puerta para la impunidad y el encubrimiento de los crímenes de Estado cometidos por militares en el marco del conflicto y fuera de éste.

La imposición del fuero militar fue también una prueba de lealtad del Ejecutivo ante el mando castrense de quien dicen, no está del todo del lado de Santos. Por ello la reforma a la Justicia Penal Militar parece una conciliación entre el duro y puro militarismo y el Presidente.

Revelando el doble discurso de Santos; por un lado habla del sueño de paz y tras bambalinas les otorga tranquilidad penal a los agentes de Estado en delitos. Nada que ver son las banderas de las víctimas que dice llevar.

Tributos a los pobres

Por último, una reforma que con el tiempo y a cuenta gotas va mostrando su real dimensión, la reforma tributaria. Esa iniciativa se venía gestionando desde los primeros días de su mandato, pero se hizo posible casi tres años después, cuando en cabeza del tecnócrata Mauricio Cárdenas, el gobierno logró gravar con tributos a buena parte de la clase media del país y exonerar con leguleyadas económicas grandes capitales en el país.

“El corrientazo”, almuerzo de los colombianos, estuvo entre los rubros a tributar con el fin de ampliar la base gravable de los colombianos sacrificando el bolsillo de todos. Además de la creación del impuesto a la producción Cree, para borrar de tajo los parafiscales que financian al SENA y al ICBF.

El colofón

Cumplidas dos de las tres tareas impuestas por Villegas, Santos se prepara para adentrar al país al tema pensional. Otro tema número uno en la agenda para competir en las “ligas mayores” de la política mundial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

Y como va el Ejecutivo la tempestad social no parará. Los levantamientos populares, `paros en la producción y bloqueos dan cuenta que el país nacional va en dirección contraria a los intereses del Ejecutivo. El cese legislativo puede ser parte de una voluntad real de paz y reconciliación. La paz no solo es el silencio de los fusiles: eso el legislativo lo ignora.