De mal en peor: Santos rehén de la reelección

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María Ángela Holguín, canciller y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

La reciente cumbre ministerial en Hatogrande estuvo atravesada por un caldeado ambiente de protesta social en todo el país. Las cuentas no le cuadran al Gobierno: ni la política ni la economía marchan al paso que quisiera el presidente Juan Manuel Santos.

María Ángela Holguín, canciller y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
María Ángela Holguín, canciller y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

Hernando López

Al concluir el pasado 11 de marzo la reunión del presidente Juan Manuel Santos con los ministros y principales asesores, en la hacienda Hatogrande, al norte de Bogotá, el mandatario declaró: “(…) Quedé satisfecho. Hemos venido cumpliendo la gran mayoría de las metas y los resultados que se informaron el día de hoy son muy, muy positivos, prácticamente en todas las carteras”.

En la reunión, cada ministro dio un informe de cinco minutos y luego estos fueron analizados en detalle. Posteriormente, según Santos, se concentraron en los problemas no resueltos y lo que falta de las metas del programa presidencial.

No obstante que la cumbre ministerial de Hatogrande se realizó al final de una semana de intensa actividad social y popular, de protestas y paros en todo el país, el gobierno dio “un parte de victoria”. Ni una sola alusión a la inestabilidad que produjeron los paros, reflejo de la incuria gubernamental y de la incapacidad de resolverlos por la vía democrática, salvo para repetir la acostumbrada letanía de la “infiltración guerrillera y de la oposición”. “Ojo no se dejen manipular, no se dejen utilizar” fue el mensaje oficial a los manifestantes.

Para el presidente, haciendo caso omiso de la realidad, según su declaración,

“donde uno analiza la parte de infraestructura, en la parte de vivienda, en la parte económica, en la parte social, el avance social que hemos logrado en estos dos años y medio es bien, bien importante. Todos los indicadores han venido mejorando, el número de gente que ha salido de la pobreza, de la pobreza extrema, las políticas que están funcionando.

En la parte de infraestructura, por ejemplo, los kilómetros ya construidos de dobles calzadas y los que se están construyendo este año, lo que ya está licitado, lo que se va a licitar en los próximos meses, todo eso nos da un panorama muy positivo. En términos macroeconómicos, la inflación más baja desde 1955, si a eso se le suma el descenso en el desempleo, nos da el índice de miseria más bajo en toda la historia”.

Aunque, ni lo menciona el presidente, la doble calzada Bogotá-Girardot, obra de los Nule, heredada del gobierno de Uribe Vélez, sigue siendo un monumento a la corrupción y a la incapacidad oficial en obras públicas.

Silencio ante los diálogos

El Gobierno Nacional otea el horizonte de las dificultades desde una urna de cristal, alejado de la realidad y sin reconocer la gravedad del conflicto social que amenaza la anhelada reelección de Santos. De alguna manera es rehén de la reelección, no solo porque no quiere reconocer las dificultades, reflejadas en la baja credibilidad y la pobre aceptación en el “estado de opinión”, sino que quiere forzar con “tiempos fatales” los resultados de la mesa de diálogos de La Habana.

A propósito, ni un solo comentario le mereció al presidente Juan Manuel Santos al final de la reunión ministerial el tema de los diálogos de paz, cuando en la anterior ronda las partes reportaron avances en las coincidencias y en el ritmo del debate. Aunque sí reportó avances en la guerra, iguales a los que han informado los mandos militares belicistas a lo largo de casi seis décadas, durante los cuales repiten una y otra vez “el fin de fin” y anuncian con alegría que ya llega la madre de todas las batallas.

La palabra la tuvo en este sentido el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien convenció a Santos para que aseverara que es notorio “el avance contra las FARC y el ELN, por ejemplo, se dio un cifra que es muy reveladora, por primera vez, desde que se lleva esta contabilidad el número de integrantes de las FARC está por debajo de ocho mil, el censo que ha venido utilizando la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares para contar el número de personas que están en armas en las FARC son 7.800, primera vez que está por debajo de ocho mil”.

El mismo “cuento chino” de siempre. Un periodista comentó con ironía: “Parece que el Ministerio de Defensa realizó un empadronamiento de las unidades guerrilleras”.

De todas maneras, al menos la cumbre reconoció el incremento de la inseguridad, diagnosticada como efecto de la criminalidad, sin reconocer las consecuencias sociales debido al aumento de la pobreza y la indigencia, desestimadas en el alto gobierno.

Sin soluciones concretas y reales

Al concluir una posterior reunión del Conpes, el presidente reiteró sus cálculos optimistas. “Estamos cumpliendo todas las metas que nos propusimos”, dijo. Sin embargo los resultados hablan por sí solos. Reformas como la tributaria, el fuero militar y el fracaso de la ley de víctimas y de tierras están demostrando que el Gobierno no tiene norte social.

Es rehén de la reelección y de sus debilidades, la principal de ellas es la permanente concesión al uribismo y al militarismo que no lo deja asumir con decisión la construcción dialogada de la paz con democracia y justicia social. Sería lo único que le permitiría pasar a la historia como el “presidente de la paz”, anunciado sueño que por el camino que lleva jamás lo va a lograr.

No se avizoran correcciones. Es difícil hacerlas sin autocrítica. Los signos de pobreza y pobreza absoluta son crecientes, contrario a lo que dicen los “genios” del Ministerio de Hacienda y del Conpes. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo y eso se siente en los bolsillos en el mercado mensual en supermercados y plazas de abastos. Por ende las metas en materia de seguridad y construcción de obras públicas están retrasadas, con mayor razón cuando los recursos para la guerra son exorbitantes.

Acaban de hacer una compra millonaria de helicópteros artillados, para completar más de cien, cuando en los últimos días fueron derribados o accidentados, no se sabe bien, tres helicópteros Black Hawk en las selvas colombianas.

La agenda legislativa que se anuncia a partir del 16 de marzo, cuando comienza el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, habla por sí sola. Reforma pensional, reforma a la salud, reforma al régimen departamental, reglas para mejorar la competitividad en infraestructura, reforma a la justicia penal militar, código penitenciario y ley estatutaria del fuero militar.

Nada de fondo en el terreno social donde más necesita el país para resolver problemas cruciales de la población olvidada e ignorada. Más reformas neoliberales (pensiones y salud), más reformas centralistas (régimen departamental) y reforzamiento de la impunidad y la violación de los derechos humanos (justicia penal militar, estatutaria del fuero militar y código penitenciario). Mayor dosis de neoliberalismo.

Pacto con empresarios del campo

El pasado jueves 14 de marzo, el presidente Santos se sentó a manteles con los gremios agropecuarios, con la excepción de Fedegan. Seguramente les da vergüenza sentarse con un personaje como José Félix Lafaurie, agente de la extrema derecha y del uribismo recalcitrante, en el ojo del huracán por su presunta colaboración con los paramilitares.

Estuvieron los presidentes de la SAC, Asocaña, Fedearroz, Asocolflores, Fedepalma y Asoporcicultores. Plantearon temas como la coyuntura sectorial, la revaluación del peso, los costos de producción, la transferencia de tecnología, el libre comercio y el contrabando. Nada sobre la reforma agraria, el desarrollo agrario integral, las zonas de reserva campesina y otros temas sustanciales que están en el centro del debate de la mesa de La Habana, respecto del primer punto de la agenda de paz.

Durante 45 minutos el presidente Juan Manuel Santos les habló de los diálogos con las FARC, prometiendo, según lo reveló a este semanario uno de los asistentes, que no aceptará ninguna decisión que afecte el modelo económico y los principios rectores del respeto a la iniciativa privada en el campo. Esa reunión exprés se convirtió en una mesa alterna a La Habana, donde estuvieron ausentes el interés público y el de los campesinos que son el sujeto principal de una verdadera reforma agraria democrática, antilatifundista y soberana como la requiere el país para el desarrollo agrario y el beneficio de los más necesitados.

El país va mal, no solo porque lo revelan todas las cifras reales de la economía, distintas a las oficiales. El Gobierno tiene su forma sui generis de medir el ritmo del desarrollo económico y de la macroeconomía para la publicidad, con mayor razón cuando está cerca la campaña electoral. Lo que sí es cierto, dicen tirios y troyanos, es que la inconformidad social está en ascenso, nuevas luchas populares se avecinan, porque la lucha de clases no se detiene por ninguna razón. El Gobierno está del lado del capital, de los poderosos y de las transnacionales y sus decisiones e iniciativas son plutocráticas. En ello nadie debe equivocarse.