El mandatario colombiano reconoció que el exterminio de la Unión Patriótica fue responsabilidad del Estado, mientras las FARC en su X Conferencia refrendarán el Acuerdo Final de La Habana y crearán las condiciones para su tránsito a una organización política en el marco de la paz.
Editorial del Semanario VOZ
El jueves 15 de septiembre del presente año, el salón Bolívar de la Casa de Nariño fue el escenario de un insólito acto con la participación de casi un centenar de sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica, con la presencia de Aída Avella, Jahel Quiroga, Jaime Caycedo, Gloria Inés Ramírez, Carlos Lozano, Josefa Serna, Gelasio Cardona, Pavel Santodomingo, Ómer Calderón, de familiares de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, entre otras personas, y presidido por el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior Luis Fernando Cristo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, Frank Pearl, entre otros funcionarios gubernamentales, en el cual el mandatario colombiano reconoció que el exterminio de la Unión Patriótica fue responsabilidad del Estado “porque no hizo lo suficiente para impedirlo”. La embajadora de Suecia, Marie Anderson de Frutos, participó también en el acto.
Una declaración de esta naturaleza, sorpresiva por cierto, fue posible por el Acuerdo Final de La Habana y por el optimismo gubernamental por la perspectiva de paz estable y duradera en Colombia.
Aunque la declaración del presidente Santos es insuficiente porque no reconoce el genocidio ni la responsabilidad del Estado en la ejecución de los asesinatos y masacres, como tampoco lo ha hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como se lo recordó en su intervención Aída Avella, es un paso importante y marca la diferencia con anteriores administraciones que eludieron el tema.
El genocidio de la Unión Patriótica, que lo es también del Partido Comunista Colombiano, fue parte de una concepción de la clase dominante y de las instituciones militares basada en la doctrina de seguridad nacional y del aniquilamiento del “enemigo interno” en los rigores de la aplicación del “conflicto de baja intensidad” en la guerra interna. La responsabilidad del Estado colombiano, agenciado por el militarismo, sectores de la clase política tradicional local y nacional, empresarios, ganaderos, latifundistas y narcotraficantes, que tuvo antecedentes similares en el anticomunismo acuñado por la democracia restringida que ha caracterizado al régimen colombiano a lo largo de la historia, es evidente.
Es una verdad que no se puede soslayar y que a la luz de los acuerdos que le pusieron fin al conflicto con las FARC-EP, debe reconocerse en clave de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Verdad histórica y no repetición como manifestación explícita de la seguridad de que un hecho igual no volverá a repetirse. La reparación dará lugar a resarcir los derechos y la presencia política de la Unión Patriótica, desaparecidos mediante el genocidio como quedó claro en la declaración del presidente Santos en el acto de la Casa de Nariño.
En otro contexto, a partir del 17 de septiembre y hasta el 23 del mismo mes, en los Llanos del Yarí tiene lugar la X Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC-EP, la última como organización política-militar y la primera que se realiza públicamente y no en las condiciones de la clandestinidad y del acecho de los operativos militares.
La Conferencia refrendará el Acuerdo Final de La Habana, lo cual se da por descontado, y creará las condiciones para el tránsito de las FARC a una organización política en el marco de la paz, sin armas y en la lucha democrática por la transformación política y social del país. Demuestra la voluntad de paz de la guerrilla, desde el comienzo de los acercamientos secretos con el gobierno de Santos y con mayor razón en la fase pública durante la cual se fue tejiendo el acuerdo de paz con democracia y justicia social.
El referente de La Habana guiará el proceso político después del 2 de octubre cuando el pueblo colombiano en su mayoría votará por el sí a los acuerdos y por la paz anhelada por los ciudadanos y ciudadanas. Proyectará la lucha política y social de los sectores democráticos y populares más allá del texto de 297 páginas que contiene el Acuerdo Final, porque con la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas le abrirá la posibilidad a la Asamblea Nacional Constituyente y a un nuevo país con transformaciones estructurales y reformas avanzadas.
En la Conferencia las FARC han demostrado solidez, voluntad, cohesión y disciplina para que la inmensa mayoría de sus integrantes asuman los nuevos desafíos y la “nueva vida” tras la ratificación de los acuerdos.
