El país asiste a una ofensiva reaccionaria para desestabilizar los procesos de paz, aprovechando la debilidad del Gobierno Nacional y la ambigüedad de sus posiciones.
Editorial del Semanario VOZ
Está convocado para los próximos 14 y 15 de noviembre el Encuentro Nacional del Frente Amplio, en el cual participarán fuerzas políticas, sociales y populares, en procura de fortalecer la lucha por la paz, la defensa de los diálogos de La Habana con las FARC-EP y las aproximaciones con el ELN, y de abrir la posibilidad de un proyecto alternativo de la izquierda y la democracia con opción de poder.
En el país son activos los conspiradores contra las conversaciones de paz, que están incrustados dentro y fuera del Gobierno Nacional. El mismo presidente Juan Manuel Santos se muestra vacilante frente a la ofensiva de la extrema derecha, representada en el Centro Democrático uribista, los militares en retiro y algunos activos, gremios como los ganaderos y algunos medios de comunicación que, con aparente apoyo a la solución política, estimulan la guerra y descalifican a los voceros de la insurgencia.
La oposición a la paz con democracia y justicia social es una realidad y en la medida que se avanza en la discusión de la agenda y que el tema de víctimas no significó un acorralamiento a la insurgencia como lo esperaban los círculos del poder y de la “gran prensa”, se agudizan las contradicciones y las exigencias porque ella presiona para que el tiempo se acorte y los acuerdos políticos y sociales sean mínimos.
La conspiración está activa, incluyendo las amenazas y provocaciones contra las delegaciones de víctimas y reconocidos activistas de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como a dirigentes y militantes políticos de izquierda. El país asiste a una ofensiva reaccionaria para desestabilizar los procesos de paz, aprovechando la debilidad del Gobierno Nacional y la ambigüedad de sus posiciones.
Son razones poderosas para que actúen la izquierda y los sectores democráticos que respaldan la salida política dialogada y que se oponen a la guerra contrainsurgente y contra el pueblo colombiano. En este sentido no puede haber mezquindades ni posiciones dubitativas en sectores que se proclaman de izquierda. Ni tampoco los cómodos críticos gratuitos que, como lo señalaba hace unos días Timoleón Jiménez, descalifican los acuerdos logrados porque son débiles y no resuelven nada.
En La Habana y en los diálogos con el ELN están en juego la apertura democrática y social, nadie ha dicho que de ellos resultará la revolución colombiana. ¡Ni más faltaba! Son cambios democráticos y sociales evidentes, que fortalecerán la lucha popular y abrirán la posibilidad de un proceso constituyente que conduzca a profundas reformas políticas y sociales.
Este el significado que tendrá el Frente Amplio si quienes lo integran entienden la necesidad de su carácter y de su proyecto alternativo.
Debe ser para la paz, para defender los diálogos con la insurgencia y confrontar a la extrema derecha guerrerista, agresiva y violenta. Rodear de apoyo a la paz con democracia y la justicia social, bases para los acuerdos políticos y sociales que deberán de ser refrendados por el pueblo colombiano. Pero también para la unidad popular. Para la convergencia de fuerzas de izquierda, democráticas y sociales en un proyecto alternativo y un programa de transformaciones avanzadas en el país. Tiene sentido porque si se llega a un acuerdo de paz estable y duradera, la profundización del mismo dependerá de un gobierno democrático y popular.
Se abre una enorme posibilidad para las fuerzas democráticas y progresistas; es un desafío unitario que no excluye la participación en las elecciones de 2015 para disputarle el poder local a las mafias clientelistas y tradicionales. Hay que abrirle el paso a una forma nueva de hacer política, ligada a la lucha de masas y donde la opinión de la base sea fundamental para la participación política.
La tarea es construir con decisión el Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la soberanía.
