La última visita de las víctimas a La Habana dejó un sinsabor: la ausencia de un prisionero político, víctima de violaciones a sus derechos fundamentales. Tulio Murillo es la voz de los reclusos que reclaman superar la crisis humanitaria en las cárceles de Colombia
Hernán Camacho
En la cuarta delegación de víctimas existió una silla vacía. La de Tulio Murillo, quien junto a María Zabala, Jineth Bedoya, Luz Marina Cuchumbé, Wilfredo Landa Caicedo, María Jackeline Roas Castañeda, Lisina Collazos Yule, Germán Graciano Posso, Guillermo Murcia Duarte, Nora Elisa Vélez, Alberto Tarache Niño y Juan Carlos Villamizar, fueron escogidos por el Centro de Estudios de la Universidad Nacional y la oficina de la ONU Colombia para cumplir una visita más de las víctimas a la mesa de negociación en La Habana.
No obstante, la ausencia de Tulio Murillo, quien representa al menos a nueve mil prisioneros políticos de esa insurgencia fue calificada como un hecho antipático y de desequilibrio, pues en la visita anterior fue escuchado el general de la Policía Nacional Luis Herlindo Mendieta, capturado por esa insurgencia en Mitú, capital del departamento de Vaupés, en pleno combate cuando trascurría el año 1998.
“Desgraciadamente sigue presente la circunstancia de que no todas las víctimas son iguales ante el Estado. Por ello, de manera incomprensible, vemos que el Gobierno nacional no otorgó las autorizaciones necesarias para que el rebelde bolivariano Tulio Murillo hiciera presencia como prisionero de guerra y víctima en un evento que como este, en aras de la justicia, requiere de la voz viva de quienes en las cárceles de Colombia padecen toda clase de vejámenes y violaciones a sus derechos fundamentales”, señalaron voceros de la insurgencia.
Tulio Murillo representa la voz que denuncia la crisis humanitaria que se vive en las cárceles del país, cuyo efecto es doble contra los prisioneros políticos de las FARC-EP y el ELN, los presos de conciencia, así como también los líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas y estudiantes que, con fundamento en falsos positivos judiciales, afrontan procesos penales por rebelión o terrorismo, convirtiéndose en víctimas del Estado. Esa situación fue denunciada por el Movimiento Nacional Carcelario, que hace una semana era protagonista de una serie de protestas pacíficas demandando soluciones estructurales a una crisis perenne.
La voz desde la prisión
“Vivimos persecuciones del Estado encaminadas a la eliminación física de los hombres de las FARC en las cárceles. Los prisioneros de las FARC han sido aislados y reciben un trato inhumano. Existen prisioneros que pasan años sin ver la luz solar. Hay cárceles sin agua, sin salud. Nosotros como prisioneros de guerra tenemos propuestas: Una de ellas es que los garantes del proceso de paz, los países facilitadores, la ONU y la Universidad Nacional hagan una visita humanitaria a todas las cárceles del país”.
“Que el presidente Juan Manuel Santos haya accedido a un diálogo sin cese de hostilidades bilateral no quiere decir que en las cárceles continúe la violación de los derechos humanos. Es inconcebible”, explicó Tulio Murillo, quien mediante un video expuso a la mesa de negociaciones las difíciles situaciones de los guerrilleros de las FARC, y en general de los reclusos, en las cárceles.
La visita de la delegación de víctimas sirvió para que las FARC reiteraran su propuesta de cese al fuego bilateral y su compromiso de implementar, a la mayor brevedad, los acuerdos del punto de víctimas para hacerlos efectivos en su integridad.
“Estamos obligados a actuar adoptando medidas inmediatas que eviten la generación de nuevas víctimas. Y en esta misma línea de ideas creemos que el Estado no puede continuar negándose a reconocer ante la CIDH, o ante cualquier otra instancia, su responsabilidad por el exterminio de la UP, ni negarse a reparar el daño causado por este grave caso de victimización colectiva por motivos políticos, que no tiene antecedentes en todo el hemisferio occidental”.
“Por eso hoy, de manera especial, mostramos nuestra consternación por la actual negativa del Estado a reconocer ante la CIDH su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada en 1984 de Miguel Ángel Díaz, activista del Partido Comunista Colombiano (PCC)”, explicaron los voceros de las FARC-EP.
Las víctimas renuevan compromiso
Por su parte las víctimas remarcaron la necesidad de acelerar los diálogos y los compromisos adquiridos entre las partes. Pero reiteraron que la paz no se puede construir sobre el odio y el rencor. Las víctimas le exigieron al Estado colombiano garantizar la seguridad de las personalidades que están siendo amenazas por grupos paramilitares por acudir a la mesa de La Habana. “Le exigimos al Estado y a los grupos armados garantías de seguridad para nuestro retorno a Colombia. En nuestro país no puede haber víctimas de primera y segunda categoría, todos tenemos los mismos derechos”.
Otro de los puntos expresados por la cuarta delegación de víctimas fue la necesidad de adelantar un desminado urgente y la desvinculación de menores de edad de la guerra. Así como también reclamaron la concreción de los planes de retorno de las comunidades indígenas y afrodescendientes desplazadas por efectos del conflicto. “Reconocer la diversidad sexual puesto que la comunidad LGTB “ha sido violentada y desconocida por el Estado y los grupos armados y además por la sociedad. Es necesario que haya un reconocimiento jurídico de sus derechos”, reclamaron las víctimas.
Dos propuestas llamaron la atención por el impacto sobre dos poblaciones víctimas: los reclusos del país y los inmigrantes colombianos. “El Estado sigue sin atender la sistemática violación de derechos humanos de los hombres y mujeres recluidos en las cárceles colombianas”, y agregan las víctimas en un comunicado: “El Estado colombiano y los grupos armados tienen una deuda con las personas migradas y exiliadas, demandamos un protocolo para la reparación y el retorno digno y con garantías”.
Al cierre del ciclo 30 las delegaciones emitieron un comunicado conjunto en el que señalan la continuidad de la discusión del tema de víctimas, la convocatoria a un próximo encuentro a efectuarse al finalizar el mes de noviembre. En el mismo comunicado el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC señala que recibirán a organizaciones de mujeres con el fin de “escuchar su visión sobre el enfoque de género en los acuerdos ya logrados, así como frente a los puntos que aún no han sido discutidos. Sin duda, sus aportes serán fundamentales para asegurar que los acuerdos reflejen un adecuado enfoque de género”. El ciclo 31 de conversaciones se iniciará el 18 de noviembre.
