Cultivos ilícitos: Plan nacional de sustitución

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En la mesa de diálogos de La Habana, las FARC propusieron un programa de sustitución concertado con las comunidades y financiado por el Estado.

Agencia Prensa Rural

La implementación de un plan nacional de sustitución de los cultivos ilícitos fue una de las propuestas del ciclo número 19 de los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, que se adelanta en La Habana (Cuba).

Pablo Catatumbo, miembro del equipo negociador de las FARC, leyó un comunicado en el que explicó al país la propuesta, llamada “Programa nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”.

Según el comunicado de la guerrilla dado a conocer a la opinión pública el 14 de enero pasado, la propuesta se basa “en el plan piloto para Cartagena del Chairá (Caquetá), presentada por el comandante ‘Manuel Marulanda Vélez’ en San Vicente del Caguán, el 16 de junio de 2000”.

La fórmula también recoge algunos planteamientos realizados en dos foros de participación ciudadana hechos a finales del 2013 en Bogotá y San José del Guaviare.

En ella, con un enfoque estructural del problema, se contempla la posibilidad de sustituir los ingresos derivados de los cultivos declarados ilícitos en el marco de la ejecución de “planes de desarrollo alternativo”. A su vez, se tiene en cuenta la posibilidad de sustituir el uso ilícito de estos cultivos por usos alternativos lícitos regulados por el Estado.

Financiación del plan

Al mismo tiempo, la guerrilla propone un diseño institucional de ejecución de los planes desarrollo alternativo con participación directa del campesinado y una ruta de financiación que haga viable la sustitución.

Las FARC propusieron que la financiación de dicho programa corra “en su totalidad por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional”.

Dicho fondo se dotaría con inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, asignaciones del presupuesto nacional, recursos del Sistema General de Regalías, y otros derivados de la reducción del gasto en seguridad y defensa. También con aportes de la comunidad internacional y recursos provenientes de las incautaciones hechas a narcotraficantes.

Implementación

La guerrilla propone que los territorios objeto del programa de sustitución de cultivos ilícitos queden desmilitarizados y excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos.

“Se hace necesario la desmilitarización de los territorios y su consecuente exclusión de zonas de guerra… pues se requiere la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina”, expresó Catatumbo ante los medios de comunicación.

“Más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o sustituirla”, explica el documento con la propuesta (disponible íntegramente en http://prensarural.org/spip/spip.php?article13113).

Por otra parte, el programa se llevaría a cabo en concertación con la comunidad, y para ello se conformarían asambleas y consejos comunitarios o territoriales, así como un Consejo Nacional.

Las FARC también propusieron la conformación de una “Veeduría Internacional de Seguimiento y Control del Programa”, la cual estaría integrada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de la Unión de Naciones Suramericanas, además de autoridades locales.

El de la sustitución es uno de los aspectos incluidos en el punto sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, el cual se debate actualmente en la mesa de diálogos. Los otros temas de este cuarto punto de la agenda (el tercero en orden de discusión) son los de “Programas de prevención del consumo y salud pública”, y “Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”.