Juan P. Montero (*)
Las organizaciones sindicales han manifestado la importancia de reconocer los derechos fundamentales en el trabajo, entre estos, el reconocimiento del Estado colombiano del convenio 87 de la OIT, en el que se establece el derecho a la libertad sindical. Este es una piedra angular para garantizar los plenos derechos de los trabajadores, en una sociedad donde la cultura que venía siendo normal es la práctica antisindical.
Tres son las exigencias de las organizaciones de los trabajadores. Lo primero es el derecho de asociación, segundo, la negociación colectiva y, finalmente, el derecho a la protesta. Es en este marco político-jurídico donde nos desenvolvemos los trabajadores para defender los derechos que van más allá de reivindicaciones economicistas.
El gobierno del cambio propuso en el Plan Nacional de Desarrollo varios temas claves que las protestas del 2019 y 2021 los hicieron sentir. El primero es la reivindicación del trabajo digno, por ello, la necesidad de la reforma laboral que reintegre derechos a los trabajadores, que el neoliberalismo despojó hace 35 años; el segundo fue la reforma pensional y, el tercero, el trámite del convenio 190 de OIT en el Congreso y otras instancias, que lidera la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez.
Al interior del Ministerio del Trabajo, los sindicatos hablan de un “supuesto incumplimiento de lo negociado” y, por esta razón, han promovido una huelga que refuerza la tesis mediática de la derecha: “En casa de herrero, azadón de palo”, refiriéndose a la no resolución de un conflicto laboral que, en esta coyuntura, busca deslegitimar a una de las destacadas ministras del gobierno de Gustavo Petro en el impulso de dos de las principales reformas, la laboral y la pensional.
El Ministerio del Trabajo ha construido un diálogo con el movimiento social y sindical por la defensa de los cambios y en contra del golpe blando como lo expresamos este primero de mayo. Entonces, ¿el diálogo social planteado por la ministra, la instauración de mesas de negociación, el seguimiento a lo acordado, no son medios para que la huelga no llegue a ser el último recurso interpuesto por los trabajadores?, ¿es esta huelga reivindicativa y una huelga política?, son preguntas válidas que hacemos en medio de un conflicto laboral, pero también en medio de una batalla campal a favor o en contra de las reformas sociales, y en contra del golpe blando, donde claramente sabemos quiénes promueven estas acciones.
La ministra del Trabajo ha llamado al diálogo con las organizaciones sindicales y ha informado que el concurso de 1300 vacantes ya está publicado en la Comisión Nacional del Servicio Civil, el pago de las bonificaciones se canceló en un 25 por ciento en diciembre y está a la espera que el Ministerio de Hacienda cancele los otros cinco mil millones de pesos. La ministra ha expresado que vienen cumpliendo los acuerdos pactados desde el gobierno Santos en el 2013 hasta la última negociación de 2023, es decir, si bien existe un conflicto laboral real, este puede resolverse a través de una mesa de diálogo social. Si no se asume y no se agotan estas vías, entonces cabe pensar que hay otros intereses detrás de esta huelga.
