En reciente foro en Londres, el presidente Santos, en un ejercicio de oratoria, propuso al mundo unas inocuas medidas anticorrupción. No mencionó sin embargo, que el país es campeón en esta práctica, que ha florecido bajo su gobierno
Alberto Acevedo
Respondiendo a una invitación de la reina Isabel de Inglaterra, el presidente Juan Manuel Santos participó, el pasado 12 de mayo, en un evento académico, con estudiosos del fenómeno de la corrupción, y ante representantes de unas 40 naciones, no se sabe si por ser Colombia un caso emblemático, o porque el gobierno Santos ha sido campeón mundial en esta materia.
Las agencias noticiosas aseguran que al mandatario colombiano se le pidió presidir una de las tres comisiones de trabajo de la reunión, a la que estuvieron invitados además, aliados suyos como el primer ministro inglés David Cameron y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry.
Santos aprovechó la ocasión para proponer ante la comunidad internacional intercambio de información para combatir este flagelo. La cooperación entre las naciones es clave para luchar contra la corrupción, aseguró el mandatario, pues el delito organizado tiene siempre algún tipo de conexión global. Parte de esa cooperación consiste en suprimir las visas a los corruptos y perseguir sus capitales.
Como es usual en el gobernante colombiano frente a muchos temas cruciales de la nación, adopta un doble discurso. En este caso, posa en foros internacionales como líder de la lucha anticorrupción, mientras florece este delito bajo su gobierno, alcanzando los más altos e insólitos niveles en los últimos años.
Lista de la corruptela
Organismos como Transparencia Internacional hacen seguimiento a este flagelo en nuestro país. En un informe de 2013, la organización señala que Colombia ocupa el puesto 94 entre 177 naciones observadas, y el puesto 18 en América Latina.
En diez de los casos más publicitados de corrupción en el país, unas cien personas comprometidas se apropiaron de algo más de cuatro billones de pesos. Entre estos figuran la contratación en el Distrito Capital con los hermanos Nule, el caso de la EPS Saludcoop, la mayor prestadora de servicios de salud en Colombia; los desfalcos en Coomeva, los negociados en la construcción de la vía Bogotá-Girardot, en la Empresa de Energía de Pereira, los negociados en Interbolsa, en la construcción de las obras de Transmilenio en la calle 26 de Bogotá; los negociados en Caprecom, en la recolección de basuras en Bogotá, entre los más sonados.
Los antecedentes de algunos de estos casos se remontan a la anterior administración de Uribe Vélez. Pero otros maduraron y cuajaron bajo la actual de Santos. Es el caso de la venta de Isagén, para beneficiar con contratos multimillonarios a su mentor, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. O el desfalco de los alimentos escolares, el desvío de recursos para los niños de La Guajira, el cartel de los pañales, el del papel higiénico, la Comunidad del Anillo, el negociado de las pistolas eléctricas Taser y otros negociados de Indumil, entre los más sonados.
Sin autoridad moral
La ONG Barómetro de las Américas, en un reporte de mayo de 2015 dice que la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía es de 79.6 por ciento, en una escala de 0 a 100, el más alto del continente. En encuestas previas al Plan Nacional de Desarrollo, el 56 por ciento de los colombianos indicaron que para ellos la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene el país, junto al desempleo y la delincuencia común.
La Sociedad Colombiana de Economistas, en un informe de 2011 decía para ese momento que entre 1991 y 2010, la corrupción le costó al país 189 billones de pesos, una cifra igual al 4 por ciento del producto interno Bruto, durante 19 años.
Con semejantes indicadores, no es mucha la autoridad moral que le cabe al jefe de gobierno colombiano para hablar de lucha contra la corrupción. Y proponer medidas que, ante la magnitud del fenómeno, resultas tímidas e inocuas, pues el poder de la corrupción le permite burlar, siempre lo ha hecho, estos mecanismos de control.
Ejercicio corruptor
Hace poco, el actual secretario general de las Naciones Unidas decía al respecto: “La corrupción malogra las oportunidades y crea desigualdades flagrantes. Socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados”.
Lo que no dicen, ni el funcionario de la ONU ni el presidente Santos, porque lo ignoran o no les interesa debatirlo, es que la corrupción es consustancial al sistema capitalista. Como decía hace poco el ex ministro y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, el propio ejercicio del poder en nuestras sociedades actuales es corrupto y corruptor.
Para el funcionario ecuatoriano, “la corrupción es un cáncer para la democracia. A la corrupción hay que entenderla no solo como actos reñidos con la ley, sino también como el abuso de poder por parte de los individuos u organizaciones, públicas o privadas, en actividades económicas, políticas, sociales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, que beneficien directa o indirectamente a una persona o a un grupo”.
“El motor que mueve el capitalismo está en la corrupción”, escribe el analista Rómulo Pardo Silva. Está en los genes de la clase dominante, añaden otros estudiosos del tema. En nuestro caso, además, puede erigirse en obstáculo para el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Así, al menos, lo advierte la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar: “La corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera”.
No son casos aislados
Ese espectro recorre América Latina y otros continentes. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, uno de los juzgadores de la presidenta Rousseff, tenía dinero oculto en bancos suizos. También la casi totalidad de los flamantes líderes de la oposición de ese país. En Guatemala, el presidente y la vicepresidenta encabezaban una organización para estafar el Estado. En China, el jefe de seguridad del Estado, destacado cuadro del Partido Comunista, es investigado por corrupción.
En el caso colombiano, según el ex ministro Alfonso Gómez Méndez, “la ausencia de un sistema real de Gobierno y oposición facilitan en buena parte la corrupción. (…) Hoy, la principal fuente de corrupción pública es la contratación”.
Pero no solo en el sector público. También el sector privado en Colombia tiene una enorme responsabilidad en la proliferación de esta epidemia. Y que no nos vengan con el cuento, como en el caso de las desapariciones, la torturas, los ‘falsos positivos’, y las violaciones a los derechos humanos, que “son responsabilidades individuales”, que son algunas manzanas podridas.
No hay tal. No son unas pocas manzanas podridas, es el guacal completo. Es el sistema el que no funciona. En 200 años de historia republicana, la acumulación por despojo hizo grandes a los padres de la patria, que vieron crecer sus fortunas y las de sus descendientes. En la actualidad, la alianza de la clase dominante con el narcotráfico y con las empresas transnacionales corrobora esta tendencia.