“Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos.”
Centro Mariana Páez
El 02 de mayo, tendrán encuentro el acueducto EAAB-ESP y la comunidad de Antonio Nariño para dar el debate de control político sobre el proyecto Renovación De Redes De Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial. Este evento marca la recta final de la larga lucha que se inició en los años sesenta, donde la misma comunidad construyó su suministro de acueducto orientada por CENAPROV.
Armados de asbesto, hierro, y gres, la comunidad construyó esta obra que ahora mismo suministra agua a más de ochocientas familias. El costo social de esta instalación ha sido obviado por el acueducto y los gobiernos distritales. Es de admirar que la comunidad del barrio Policarpa haya podido completar semejante proyecto a pesar del asesinato sistemático de los lideres que dieron su vida por completar la tarea de la construcción de un Barrio de Nuevo Tipo, proyectado por la CENAPROV y el PCC.
Los objetivos del acueducto son contradictorios
La constitución de 1991 nunca tuvo en cuenta la posibilidad del agua como derecho fundamental, más bien se reglamentan los derechos económicos, sociales y culturales, así como los colectivos y ambientales. La Corte Constitucional avanza en delimitar el alcance del acceso al agua potable como derecho fundamental, inicialmente de forma indirecta, resaltando la relación íntima que tiene el acceso al agua potable para consumo humano con derechos fundamentales reconocidos como la vida o la dignidad humana y luego de forma directa, refiriéndose expresamente al agua como un derecho (Montoya; Rojas, 2019).
Por otro lado, la Ley 142 de 1994 plantea que la prestación del servicio debe servir a intereses económicos, entrando en el juego de libre mercado al estipularse que cualquier empresa de servicios públicos pueda desarrollar su objeto social cobrando un precio para recuperar los costos y obtener utilidades (Montoya; Rojas, 2019). En la legislación también se aliena el acceso al servicio del agua a través del pago; esta perspectiva se desarrolla ampliamente en el contrato de renovación.
En 1997, el acueducto aplica la Ley 142 de 1994, la cual contempla el suministro de agua como una mercancía. El objetivo es formalizar tantos consumidores como sea posible, y se comienza a facturar 50 m3 e insiste en que los medidores son una necesidad. Para el 2002, conjuntamente con la Junta de Acción Comunal, se rebaja el mínimo vital a 37 m3, mientras se remarca la necesidad de instalar medidores para “normalizar” el barrio siendo rechazada por la comunidad.
Desde el 2008, el acueducto ha sostenido negociaciones con la Comisión de Servicios Públicos Policarpa Salavarrieta para la normalización de las redes de acueducto y alcantarillado. Este proyecto encubre el afán de una “formalización comercial”, presionando a la comunidad que necesita el servicio. El acueducto responde la solicitud, con la condición de implantar el modelo neoliberal de servicios públicos, cobrando un servicio que nunca brindó. Hacia el año 2019 se concretan las mesas de trabajo entre la EAAB-ESP y la CSPBS, sin embargo, la contradicción persiste.
El contrato
En el contrato de agosto de 2023, el acueducto omite su ausencia en la instalación y mantenimiento de las actuales redes de alcantarillado y criminaliza a la comunidad, arguyendo que “la mayoría de los habitantes del barrio Policarpa no han solicitado ser suscriptores de la EAAB… pero si reciben agua potable de las respectivas redes”, esto, según ellos, implica una defraudación de fluidos, poniendo a la comunidad como responsable de la ineficiencia del suministro, señalando “la necesidad de formalización como suscriptores para que, de esta manera por medio del contrato de condiciones uniformes, la EAAB asuma el deber de atención y los suscriptores aporten los recursos”.
El costo social instalando las redes de alcantarillado por cuenta y riesgo de la comunidad no está reconocido. Los habitantes del barrio denuncian que cada vez que hay un daño en la infraestructura, se direcciona la problemática a la JAC, omitiendo cualquier reclamo. Es claro entonces el chantaje al que está sometida la comunidad: se instalan las nuevas redes, se cobran los medidores y los que se niegan son “criminales”.
Llamado a la movilización
La CSPBP ha avanzado en las mesas de trabajo con la EAAB-ESP, mostrando la voluntad de solucionar las necesidades históricas del barrio. Para solventar el problema y estar a la altura del momento, es necesario pelear por la concepción del agua como un bien común, y no como una mercancía.
Hace dos años, la comunidad se movilizó por sus derechos una vez más, haciendo que el gobierno de Claudia López tuviera que reconectar el agua. Es necesario emprender acciones nuevamente presionando al gobierno distrital del alcalde Carlos Galán y sentar un precedente histórico.
El agua se hace una necesidad vital, y no se puede retroceder ante los intereses de funcionarios que quieren conseguir tantos clientes puedan. En la evaluación que realizó la Defensoría del Pueblo en 2012 sobre la satisfacción del Derecho Humano al Agua, halló que las nociones rectoras para la gestión del agua en el país se cimentaron en una alineación del aprovisionamiento de agua potable en relación con la estrategia de desarrollo urbano y la política de vivienda. En esa medida, es razonable una ausencia de metas sobre la calidad del agua, precarias reflexiones sobre la asignación de subsidios y una visión costo – beneficio en el acceso al agua potable (Montoya; Rojas, 2019).
Así las cosas, las exigencias que plantea la CSPBP son claras: que el acueducto asuma la responsabilidad histórica en la construcción de las redes de alcantarillado subvencionando la totalidad del costo de los medidores; una subvención a las deudas de los habitantes del barrio Policarpa por el suministro de agua; y el componente social, involucrando laboralmente a la comunidad de los barrios objetivo del contrato. De la lucha que comenzó en los setenta y que aun se encuentra irresuelta, se puede cerrar el ciclo histórico del acceso digno al agua como Bien Común.
