Más de 700 delegados de 17 departamentos acudieron a la cita por la construcción de una política alternativa, integral y soberana
Juan Sebastián Barragán –Agencia Prensa Rural
En Mocoa se desarrolló del 4 al 6 de julio, la Constituyente de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, encuentro del que emanó el mandato nacional de los cultivadores y que finalizó con una marcha por las calles de la capital del Putumayo.
El evento se realizó para analizar el contexto en que se desenvuelve la política antidrogas en Colombia, sus implicaciones sobre los pequeños productores y cultivadores de plantas declaradas ilícitas, y presentar una propuesta que permita reconfigurar la visión que se ha construido sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola.
La Constituyente fue “la oportunidad para que las comunidades legislen y aparten de su mente aquella afirmación de que es un delito cultivar coca y de que esta planta es la culpable de los problemas que vive el país”, explicó Yule Anzueta, líder de la Mesa departamental de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes del Putumayo.
Masiva asistencia
Poco más de 700 delegados de 17 departamentos acudieron a la cita por la construcción de una política alternativa, integral y soberana.
Representantes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, estudiantes, investigadores, miembros de organizaciones de consumo responsable y cultivadores de Ecuador, Perú y Bolivia se hicieron presentes e intercambiaron sus experiencias organizativas en favor de la regulación y normalización de la producción, comercialización y consumo de los derivados de las plantas declaradas ilícitas.
Dos propuestas se generalizaron: “Se debe reconocer el uso ancestral y medicinal de las hojas de coca, amapola y marihuana” y “debe existir una alternativa a la guerra contra las drogas impuesta por los Estados Unidos”.
Propuestas y mandato
Los asistentes discutieron alrededor de la sustitución y legalización de los cultivos declarados ilícitos, la regularización del consumo, la superación del narcotráfico y la reparación de las víctimas de la política antidrogas.
Pese a que la solución del problema de las drogas ilícitas se ha tocado en los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno, los delegados a la Constituyente declararon que sus propuestas superan lo preacordado en La Habana.
Los asistentes rechazan la política de erradicación forzada, aunque valoran como positiva la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato a partir de octubre.
Sobre la sustitución y legalización de los cultivos declarados ilícitos, los asistentes afirmaron que el tema debe ser parte de una reforma agraria integral. Esto implica que la sustitución y legalización deben ir de la mano con la garantía de los derechos fundamentales y con el desarrollo de la infraestructura social y material que permita la soberanía alimentaria.
Un proceso de sustitución y legalización solo puede ser posible a partir del reconocimiento de los usos tradicionales, ancestrales, culturales, recreativos y medicinales de la coca, marihuana y amapola. La ciencia y la investigación deben ir de la mano a un proceso de éstos, ya que se requiere promover la industrialización y tecnificación de la producción, para con ello diversificar los usos, especialmente en cuanto a los beneficios medicinales y farmacéuticos.
Los medios de comunicación y el poder hegemónico en Colombia han estigmatizado y criminalizado a quienes menor responsabilidad tienen con el narcotráfico. Cultivadores y consumidores han sido víctimas de las acciones del Estado y los medios de comunicación. Por ello los asistentes mandataron que las comunidades y sus organizaciones deben controlar la producción, distribución y consumo, para con ello mitigar el monopolio de las organizaciones criminales.
El fomento de los programas de prevención, mitigación, tratamiento y ayuda a las personas con consumo problemático debe ser una realidad, pues el prohibicionismo sólo ha traído problemas. Estos programas deben ser respetuosos de los derechos humanos y la participación en los mismos deberá ser voluntaria.
Las propuestas presentadas en la Constituyente de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola requieren de la reforma estructural del Estado. Por ello, una de las propuestas es que sea una Asamblea Nacional Constituyente la que estructure las reformas que se requieren en materia de tierras, justicia, salud y educación, para que una política sobre las drogas pueda ser desarrollada en el país y con ello se supere el problema del narcotráfico.
“Enviaremos una carta al presidente Santos como parte de las conclusiones de este encuentro, porque tiene que materializarse el querer de las comunidades aquí representadas”, sostuvo Andrés Gil, líder campesino y coordinador del equipo nacional de Constituyentes por la Paz con Justicia Social.
Reparación a las víctimas
La principal arma del Estado colombiano a la hora de combatir el crecimiento de los cultivos de plantas declaradas ilícitas ha sido la fumigación aérea con glifosato. Se sabe que desde 1999 hasta 2014 se han fumigado con glifosato 1’700.000 hectáreas de coca, lo que ha derivado, por un lado, en la ubicación de nuevos cultivos en zonas de mayor protección y cuidado ambiental, ocasionando deforestación y ampliación de la frontera agrícola, y por el otro, en la destrucción de cultivos de pancoger y afectaciones en la salud humana y animal.
Las fumigaciones son tan solo una de las muchas causas de la victimización de las comunidades rurales. En respuesta a esta situación, los asistentes a la Constituyente mandataron la necesidad de reparar a las víctimas de la política antidrogas, con base en un enfoque diferencial, producto de la investigación y recopilación de pruebas por daños producidos por las fumigaciones y la persecución judicial.
La reparación a las víctimas de la política antidrogas debe restituir las tierras despojadas a quienes se vieron desplazados.
La libertad de todos los pequeños productores, cultivadores y consumidores recluidos en las cárceles por acción de la política antidrogas debe realizarse de inmediato y debe ser acompañada de un proceso de reparación integral.
El mandato de los cultivadores también considera la necesidad de que la ley 1448 de 2011 sobre Víctimas y Restitución de Tierras sea reformada. Es necesario que dentro de esa ley se incluya un apartado especial para las víctimas de las fumigaciones y quienes han sufrido persecución judicial a causa del cultivo y producción de la hoja de coca, marihuana y amapola.
