Son los modelos de despojo los responsables de los conflictos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Modelos planificados desde el régimen y ejecutados mediante el terrorismo de estado.
Húbert Ballesteros
Desde la invasión española hasta nuestros días, el problema agrario ha estado presente como centro de la conflictividad de nuestro país: la lucha entre invasores y pueblos nativos por el control del territorio no pudo resolverse por la vía militar a pesar de los continuos enfrentamientos entre españoles y población aborigen durante todo el tiempo de la Colonia.
Entre los siglos XVI y XVII la Corona española reconoció los resguardos indígenas como territorios autónomos de los pueblos prehispánicos que sobrevivieron al exterminio y la crueldad de sus formas económicas y políticas, buscando con ello resolver de un lado el problema que para la economía y la política del gobierno colonial representaban los privilegios otorgados a los encomenderos, y de otro lado conciliar la política de la Corona con la de los pueblos indígenas que habían mantenido desde la invasión su resistencia a las instituciones españolas.
La minería y la hacienda colonial impusieron un modelo de ocupación del territorio y de explotación de la mano de obra indígena y esclava que desconoció por completo todos los derechos de la población no propietaria. Fue la defensa que los propietarios —encomenderos, esclavistas y hacendados— hicieron de sus privilegios lo que los llevó durante mucho tiempo a enfrentarse contra las autoridades de la monarquía española.
Fueron los herederos de estos quienes, en la naciente república después del grito de independencia el 20 de julio de 1810, buscaron darle continuidad a sus privilegios de clase, conformando un gobierno de aristócratas criollos que asumieron el control político, dejando intactas las instituciones feudales heredadas de la Colonia española, reformando algunas que, por conveniencia económica o humanismo, se habían dictado en favor de los nativos.
La lucha que se desató en la llamada Patria Boba (1810-1816) dejó al descubierto los intereses de una oligarquía criolla ansiosa de poder político y de aumentar su poder económico a costa de los derechos de pueblo raso, para quien solo reservaban un cambio de mando en el gobierno, pero con iguales o peores condiciones económicas y sociales que las que habían tenido durante los cerca de trescientos años que duró la presencia de los españoles como gobierno en nuestro suelo.
El decreto del 20 de mayo de 1820, expedido por el Libertador Simón Bolívar en Villa del Rosario de Cúcuta, mediante el cual ordenó la abolición de la esclavitud, la devolución de las tierras de resguardo a los naturales y la distribución de las tierras confiscadas, fue desconocido por aquellos que mantuvieron el régimen de privilegios a los hacendados, terratenientes y esclavistas; régimen que se mantiene hasta nuestros días por parte de sus herederos.
La República no logró resolver los problemas del indio, del negro ni del mestizo campesino; las castas de oligarcas finalmente enterraron el sueño del Libertador, el de una revolución social que elevara a la categoría de ciudadanos a todos por igual. Por el contrario: quienes asumieron el control del Estado han mantenido hasta hoy el espíritu excluyente de las instituciones coloniales.
Los conflictos por la tierra de las tres primeras décadas del siglo XX fueron la continuidad de una cuestión irresuelta y caldo de cultivo para un agudo periodo de violencia de mitad del siglo.
El desprecio que esta oligarquía siempre ha sentido por los pobres y su herencia colonial-feudal le han impreso siempre el sello a las políticas sobre el desarrollo rural. Para ellos hemos sido, seguimos y debemos seguir siendo siervos, terrazgueros y peones. Ningún modelo o política que dignifique la vida del campesinado y que lo incluya como sujeto de derechos es aceptado ni válido para ellos.
Sistemáticamente han sido atacadas todas las normas que desde la ley 200/1936, han pretendido impulsar la modernización en los sistemas de explotación en el campo, ni qué decir de aquellas pocas que de forma bastante tímida han tratado de afectar la estructura de la tenencia de la tierra.
La violencia institucionalizada contra quienes luchaban por la tierra fue la génesis de un conflicto que en nuestro país tiene más de 50 años. La denominada violencia liberal-conservadora de mitad del siglo pasado y la que se vive desde los 80 (paramilitarismo) han sido en realidad planes sistemáticos de contrarreforma agraria, consolidando mediante el terrorismo de Estado, un modelo de desarrollo rural que se implementa en cumplimiento de las recomendaciones que desde hace más de 60 años viene haciendo el Banco Mundial (Misión Lauchlin Currie, 1949) que privilegia la gran propiedad latifundista y propone el exterminio y la expulsión del campesinado.
Los conflictos por despoblamiento
Algunos investigadores plantean que el poblamiento de los territorios es la razón de los conflictos que se han vivido en Colombia y los ubican en cuatro etapas: primera etapa, inicio de la Colonia española en la zona andina; segunda, expansión de las haciendas en la Costa Atlántica; tercera, ocupación de las zonas templadas en las tres cordilleras para el cultivo del café; y la cuarta, la colonización de la Orinoquia y la Amazonia. Podríamos agregar una quinta de la que poco hablan los investigadores es la del paramilitarismo que coincide con los megaproyectos viales, mineros, de expansión ganadera y de producción agroindustrial que en realidad no se ha dado una sola vez y siempre con el fin de producir desplazamiento dentro de la estrategia de la contrarreforma agraria.
Una constante histórica de nuestro país es que el colono campesino desmonte la montaña, establezca su fundo y luego los poderosos, mediante medidas tramposas y violentas, lo desalojen y lo empujen a nuevos frentes de colonización (Alfredo Molano, Siguiendo el Corte).
Son en consecuencia los modelos de despojo los responsables de los conflictos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Modelos planificados desde el régimen y ejecutados mediante el terrorismo de estado.
Como plantea el compañero Héctor Mondragón: “en Colombia no hay desplazados por la violencia; en Colombia se planificó la violencia para que haya desplazados”.
