Rubén Darío Arroyo Osorio
Más allá de que en las 15.117 hectáreas de tierras que comprende la reserva natural del Parque Tayrona haya un paisaje con montañas, arrecifes, playas de arena blanca, aire salitroso llamativo a los turistas que atraería flujo de capital y nuevas inversiones en la región, la problemática del Proyecto radica en que de construirse las 12 cabañas, una zona de camping y dos muelles de acceso, se malograría sustancialmente la existencia del bosque primario, en particular, el bosque seco tropical en peligro de extinción, la flora concomitante a él y la fauna de esa zona ecológica en las inmediaciones de Villa Concha. Donde se pretende levantar el macroproyecto ecoturístico, se atenta contra el hábitat de los Kogis y se violenta de manera flagrante la misión constitucional del Estado de proteger territorios de reserva natural.
No obstante el mandato taxativo de la Sentencia C-746 del 2012 de la Corte Constitucional, que reza: “una licencia ambiental puede ser objeto de modificación, suspensión e incluso cancelación por parte de la autoridad competente, cuando se puedan causar daños no previstos”. A pesar de las denuncias fundamentadas de los ecologistas, de las declaraciones del presidente Santos de no permitir la construcción del hotel y demás infraestructura del Proyecto; además de asegurar que su prioridad en este caso es la conservación ecológica y de haber dado instrucciones claras para que los funcionarios responsables suspendan el proyecto y de haber denunciado en noviembre pasado que familias adineradas se estaban adjudicado tierras de parques naturales que pertenecen al Estado, Los Ciruelos sigue adelante. “Vamos a construir ya mismo, eso demora un año, el proyecto es muy sofisticado, dice Ramón Jimeno, vocero de los inversionistas”.
La Superintendencia de Notariado y Registro ha bloqueado cualquier negociación que quiera realizarse con predios del parque Tayrona y “congeló” las 15.117 hectáreas de esa reserva. El ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, asevera que en esta zona no se puede adelantar ninguna actividad productiva para evitar la afectación los trabajos y el funcionamiento de cualquier proyecto en la zona protegida. Insiste en que no se va a permitir la tala de árboles, ni a dejar depredar el bosque, ni a afectar las riquezas existentes allí, porque su obligación es conservar y proteger los ecosistemas del parque natural Tayrona. Pero muestra su ambigüedad “al solicitar un concepto jurídico unívoco -dice él- que determine si el proyecto es viable o no”. ¿En qué estamos, asume la defensa del Parque o deja rendijas para que los Ciruelos sigan? ¿Se lava las manos o enfrenta su obligación? Defínase, Ministro. Ahora en este asunto hay notarios investigados y otros amenazados por favorecer a terceros mediante titulaciones de tierras en esta zona. ¿Qué tal?
