Jóvenes menores de 18 años ocupan el primer lugar en desaparición forzada. Discriminación para acceder a la justicia, falta de credibilidad en las autoridades y miedo, son los principales obstáculos para denunciar la desaparición forzada
Kikyō
“Nuestras esperanzas están en ustedes para encontrar a nuestros desaparecidos y para superar el grave estado de impunidad que se vive en América Latina, en donde el derecho a la verdad y a la justicia de nuestros seres queridos es una deuda histórica”.
Estas fueron las palabras con las que inició Yanette Bautista de la Fundación Nidia Érika Bautista su intervención en la Audiencia Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en el marco de su 147 sesión, que se realizó el pasado 16 de marzo.
Para hablar del tema por parte de Colombia también hizo presencia la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que denunció la vigencia de la práctica de la desaparición forzada y los constantes señalamientos de los que son víctimas sus miembros por denunciar y buscar justicia.
“Me corresponde hablar sobre las desapariciones forzadas en Colombia, quiero decirles que es un drama, ya que según el registro oficial de desaparecidos manejado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta el momento se registran 61.133 casos, de las cuales el mismo Estado ha considerado 18.179 como desapariciones forzadas, bajo el concepto de la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas, que incluye la participación de agentes estatales por acción, tolerancia o aquiescencia”, señaló Yanette Bautista.
Según el Instituto de Medicina Legal el 25% de los desaparecidos en el país corresponde a mujeres, y 13.600 casos corresponden a menores de 18 años de edad. Hoy en día son los jóvenes quienes por su origen social u origen étnico llevan un alto porcentaje de desaparecidos, según la Fundación Érika Bautista.
La desaparición forzada muchas veces no se denuncia ya que generalmente se asocia con un estado de indefensión e intimidación, especialmente en las regiones donde mantienen presencia de los victimarios. Amenazas a las familias, detenciones arbitrarias o reclutamientos forzados, también contribuyen al miedo para que no denuncien.
Según las denuncias realizadas ante la CIDH las familias de las víctimas han perdido la confianza a las autoridades por su insensibilidad con su dolor o por la complejidad de los procesos judiciales.
Otro aspecto importante que vale la pena resaltar es que hay discriminación en la administración de justicia, como prejuicios de las autoridades, quienes no creen en la versión de las víctimas, que se dude que están desaparecidos forzadamente, o expresiones justificantes para la desaparición forzada como que la víctima estaba metida en algo, en algún grupo o que quién sabe en qué trabajaba.
La justificación de ausencia de investigaciones muchas veces es por tener casos más urgentes o por ser afrodescendiente, aunque no lo digan directamente.
Las ONG presentes en la audiencia denunciaron vacíos estructurales de la política pública, como falta de recursos, la no aplicación de mecanismos de búsqueda urgente. También señalaron que las víctimas se encuentran en un estado de indefensión jurídica, que hay pérdida de expedientes en la Fiscalía y que se precluyen las investigaciones sin que se haya buscado a los desaparecidos.
