Rodrigo López Oviedo
Varias son las enseñanzas que está dejando el paro que actualmente compromete a la caficultura colombiana y que en Ibagué concentra a más de seis mil productores de diferentes municipios tolimenses. Tal vez la primera y más importante es que no importa salir avante en una contienda electoral si los candidatos que han contado con nuestras preferencias, además de no consultar nuestros intereses, terminan aceptando mansamente ser desplazados en su autoridad por otros entes que deberían estar a su servicio.
En los casos del Tolima y su capital, tanto el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón como el alcalde Luis H. Rodríguez se han visto desbordados por la acción de una Fuerza Pública que parece haber convertido los escenarios del paro en campo de prácticas de agresión contra la población inerme, en lugar de aprovechar esta experiencia para hacer lo que todo el país quisiera ver en ellos: defensores de la Constitución y la ley y de los derechos en ellas consagrados, incluido el de la protesta social.
Estos funcionarios dependen tanto de lo que se piensa en los cuarteles que una comisión de caficultores que visitó al gobernador para exigirle límites al actuar irracional del Esmad en Boquerón terminó siendo remitida por el propio gobernador a la comandancia de la Policía Metropolitana para que allí presentara sus quejas. Lo que puede deducirse, entonces, es que estos funcionarios han puesto a los ratones a cuidar el queso o que ellos mismos han sido convertidos en ratones por una jauría fantástica de gatos.
Sea cual sea la verdad de lo ocurrido, tan adversa situación ha sido aviesamente aprovechada por el Esmad para descargar su furia contra una población que tan solo reclama en paz mejores condiciones de vida. Con saña, lo hemos visto disparar sus bombas lacrimógenas y de aturdimiento, no contra los pavimentos, como se le ha visto a veces por la televisión, sino contra los cuerpos mismos de los manifestantes.
Además, estando cerca de los lugares donde se han quemado vehículos, actúan no sobre los saboteadores infiltrados, sino contra los campesinos, a quienes les descargan sus armas gaseantes y explosivas. Además de impunidad, los resultados no pueden ser otros que decenas de heridos, incluido el caso de un campesino a quien le dispararon un arma que le dejó alojado un proyectil tan cerca de su columna que los médicos prefirieron no extraérselo para no agravarle sus males.
Lo que los cafeteros piden es bueno para ellos y para un buen sector de la población. El tipo de lucha que están librando es un ejemplo para el resto de los colombianos. Todos estamos moralmente obligados a respaldarlos.
