Una nueva legislatura en medio de la protesta social que se acrecienta
Hernán Camacho
El 20 de julio el Congreso de la República inició una nueva legislatura. VOZ habló con la senadora comunista Gloria Inés Ramírez, vicepresidenta de la Comisión Séptima de Senado y recientemente con una nueva responsabilidad: presidir la Comisión para la Equidad y el Género, que en buena medida es fruto de su trabajo
–La agenda para esta nueva legislatura se puede deducir del discurso de Juan Manuel Santos el pasado 20 de julio.
–Se inicia una nueva legislatura en un contexto nacional bastante preocupante pues se da en medio de una conflictividad social como respuesta a las políticas públicas que ha planteado el presidente. Desde el Catatumbo, pasando por los mineros, los cafeteros, los trabajadores de la multinacional Drummond, todo es producto de las locomotoras. Para profundizar esas políticas es que se plantea la agenda legislativa.
–Los voceros de la Unidad Nacional le brindaron a Santos un apoyo en temas como la salud. ¿Qué esperar de esos respaldos?
–La propuesta de salud que tiene el Gobierno Nacional lo único que hace es un maquillaje bien hecho a la ley 100. Por ejemplo: se crea un fondo único de financiación pero los recursos de ese fondo, la dirección y el pago siguen estando en cabeza de las empresas prestadoras de salud. Serán ellas las que sigan usufructuando los recursos de la salud.
–¿Y entonces los cambios que prometen?
–Es importante decir que no se cambiará el sistema de salud: cuando uno tiene cobertura universal, que es con la que el gobierno saca pecho, pero una calidad de servicio malo, ineficiente, ineficaz es una contradicción entre cobertura y calidad. La gente tiene el carnet pero sigue el paseo de la muerte, la ineficiente o ausente entrega de medicamentos, las deficiencias en consultas ordinarias o de especialistas, sigue todo igual pero con carnet.
–¿Qué sigue?
–Advertir lo que viene. Ya se encuentra sancionada la ley estatutaria pero hay que advertir a los colombianos que lo aprobado no es garantía de acceso y menos de calidad en la salud. Todo son nuevas barreras al acceso. Nosotros seguimos proponiendo que los colombianos, todos, tienen el derecho a acceder a los servicios de salud tengan o no cómo pagar, pero lo de hoy es en la práctica un nuevo sistema con mayores exclusiones.
–¿La reforma pensional está en planes del Ejecutivo?
–Sí. Este país no resiste una reforma pensional como lo pretende el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Es una reforma que va enredar la vida de los colombianos. El Gobierno habla de cobertura universal pero con ese discurso se les garantizará a los trabajadores un régimen de prima media de un salario mínimo es el máximo para pensionarse, y de ahí en adelante es un ahorro individual. No es pensión, es un modelo de ahorro.
–¿Eso a quién le sirve?
–Es un negocio para los bancos. Yo hago un llamado a las centrales obreras, a los trabajadores y trabajadoras para movilizarnos para que no nos engañen y no permitir que engañen a los colombianos con un lenguaje sofisticado de universalidad, les arrebaten el derecho de los trabajadores y se le entregue todo su patrimonio a los bancos.
–Le cambio el tema. Hablemos de proceso de paz. ¿Cómo lo ve?
–Nosotros saludamos que sigan las conversaciones y hoy más que nunca remarcar que no se pueden levantar de la mesa ni el Gobierno ni la insurgencia hasta no encontrar un acuerdo para poner fin al conflicto social y armado. Y por supuesto que se vincule a las otras guerrillas. Así hablamos de un convenio general para el final del conflicto.
–¿Y mientras llega el acuerdo final?
–Como hay unas reglas: negociar bajo el fuego, muchos colombianos tendrán como único destino sufrir los combates y la embestida de la guerra. Lo vemos en el Arauca, lo vemos en el Cauca, Nariño, Caquetá, regiones que han sido estigmatizadas y han vivido en carne propia los efectos dañinos de la guerra. El cese bilateral de fuegos debe ser una prioridad. Esto no se trata de un pulso para saber quién es el más fuerte, esto es un acuerdo humanitario que le dé protección a los civiles en esas regiones en conflicto.
–Esas son las regiones, estigmatizadas y olvidadas que cuando protestan les responden con muertos.
–El Gobierno se equivoca cuando le da un tratamiento de guerra a la conflictividad social. Colombia no puede seguir sometida a la perspectiva militarista y cuando lo digo no solo hablo de la presencia militar en las regiones, también del bombardeo de todo tipo que convierte a ciudadanos en sujetos de esa doctrina y los resultados es la permisividad y callar ante la violencia del Estado. Los colombianos no pueden ser cómplices de esa doctrina: gases, señalamientos, garrote y bala.
–Para el Ejecutivo ninguna protesta es buena.
–Es un llamado a que el Gobierno pare el tratamiento que le da a la protesta. Ya no más criminalizar. Lo mejor para el Ejecutivo es mostrar una voluntad de paz manejando de manera distinta las soluciones los problemas sociales. No puede ser que mientras en La Habana habla de paz, en el Catatumbo se ataque a campesinos con escuadrones de muerte como el Esmad, esos son matones. No se entiende cómo se profesa el discurso de derechos humanos y se tiene el Esmad.
–A propósito de lo que no le gusta al Gobierno, ¿la salida de la ONU es grave para el proceso de paz?
–En un país como el nuestro con un conflicto tan profundo y con la esperanza de un acuerdo no es posible que el Gobierno saque la Oficina de los Derechos Humanos. En todos los conflictos del mundo el papel de la ONU ha sido fundamental para completar esos acuerdos. Y eso quiere decir dos cosas lamentables: que el Gobierno Nacional no le juega de frente a la paz o simplemente está chantajeándola porque su papel de denunciante no le conviene.
–La llevo a la política. Con la reforma política y su nuevo umbral muchos vaticinan que la izquierda puede quedarse sin representación en el Congreso. ¿Ve eso posible?
–Sí, y eso lo que demuestra es la ausencia de democracia en el país. La democracia es la voluntad de la mayoría pero con reconocimiento de la minoría, y lo que hay en Colombia son reformas para cerrar ese espacio de la minoría. Porque no se trata solamente de candidatizarse sino de cuáles son las garantías para hacerlo y eso no lo tiene la izquierda colombiana.
–¿Cómo es el tema del umbral?
–El umbral del 3%. Eso quiere decir que cada colectividad debe obtener 450 mil votos en las próximas elecciones de marzo y el Gobierno tiene claro que ningún partido de izquierda puede hacerlo sin coaliciones, sin frentes amplios o sin estar unidos. El gobierno quiere gobernar sin contrapesos, sin oposición.
–El último pleno del Partido Comunista (PCC) le propuso al país un frente amplio. ¿En qué va la unidad?
–El PCC ha jugado un papel en la historia, siempre ha tenido claro que para avanzar hay que tener vocación de poder y para ello se llega con un frente amplio, una fuerza colectiva. Por eso lamentamos la actitud del Polo de sacar a los comunistas de esa colectividad, pero nosotros seguimos en la tarea. Hemos conversado con Poder Ciudadano, con Marcha Patriótica, con el Congreso de los Pueblos, con los movimientos sociales y populares en la idea de conformar un frente amplio de unidad que permita avanzar. Y desde luego conversamos con los Verdes, con los Progresistas porque todos podemos confluir a un gran espacio solo con una premisa fundamental: la paz con justicia social.
