Lo que sería una fase de transición a la multipolaridad presenta no solo resistencias del gran capital internacional, sino el aumento de la inversión militar para la guerra
Pietro Lora Alarcón
Pensar y ejecutar fórmulas económicas con responsabilidad y eficiencia, que determinen prioridades y posibiliten acuerdos que generen un desarrollo constante, apuntando a los sectores estratégicos y a las potencialidades y recursos del país, es una prioridad de cualquier gobierno comprometido con el bienestar popular.
La tarea implica situarse hábilmente en un contexto de cambios en la correlación de fuerzas de la gobernanza global, en la cual la administración predominantemente conducida por la estructura de poder, encabezada por los EE.UU., no gira en función del ser humano sino de los intereses del gran capital.
Y lo cierto es que el escenario es hoy particularmente complejo para un país como Colombia, cuyo Gobierno intenta una reorientación del gasto público para atender históricas demandas populares que encuentran permanente resistencia y sabotaje de la derecha.
Una mirada a vuelo de pájaro a los factores externos, especialmente a los de mayor impacto en la sociedad colombiana, muestra políticas económicas predatorias como las imposiciones arancelarias del 10% a las exportaciones a EE.UU., que afectan al sector agropecuario, y también la preocupación con la situación de la colombianidad migrante. En este caso, a las cuestiones humanitarias y de revictimización de nuestra migración se añaden las posibles restricciones que afectarían las remesas de cerca de US$10.200 millones anuales, de los cuales 53,2% provienen de los EE.UU.
Reconfiguración geopolítica
En el plano general, la OCDE anunció una desaceleración del PIB mundial entre el 2025 y el 2026 del 2,9%. Lógicamente, el panorama se agrava porque lo que sería una fase de transición a la multipolaridad presenta no solo resistencias del gran capital internacional, sino el aumento de la inversión militar para la guerra como salida a la crisis sistémica. La reconfiguración geopolítica tiene una matriz geoeconómica, que explica agresiones, expansionismos e incluso el genocidio en Palestina.
En este cuadro de conflictos, es esencial reducir los factores e índices de dependencia económica y financiera para enfrentar la desestabilización y volatilidad de los precios. Como constatado en las reuniones preparatorias del Consenso de Brasilia, en 2023, cuando la guerra se extiende las cadenas de suministro de recursos y abastecimiento son afectadas, países latinoamericanos y caribeños se tornan aún más vulnerables por sus carencias infraestructurales y la economía para de crecer, el desempleo aumento y se dispara la inflación.
Todos estos argumentos permiten valorizar como altamente positiva la aceptación de Colombia como país autorizado a recibir financiación externa del Nuevo Banco de Desarrollo – NBD-, creado en el 2015 y cuyos accionistas son los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –.
Financiación energética
Colombia no será aún parte del bloque, pero si es substancialmente importante esta posibilidad de financiación porque la apuesta de los BRICS es la multipolaridad. La desconcentración de inversiones de los BRICS contribuye a quebrar, con medidas como la desdolarización y el intercambio comercial en condiciones mucho más favorables para las políticas de desarrollo de los pueblos de la región, el sistema que desde Bretton Woods y constituido por el FMI y el BM, concentra el poder de decisión de los EU.
El NBD financia proyectos en cuatro áreas: energía limpia y eficiencia energética; infraestructura de transporte; agua, sanidad y protección ambiental; infraestructura social e infraestructura digital. Entre sus objetivos institucionales determina que, por lo menos hasta el 2026, 40% de la financiación será dirigida a la transición energética y el combate a la crisis climática.
En clave del interés popular colombiano, son vitales los acuerdos que puedan minimizar la vulnerabilidad ante el gran capital monopolista internacional, expandiendo programas con base en las monedas locales de los países miembros del bloque. Así, por ejemplo, la moneda de negociación podría ser perfectamente el rublo o el real brasileño.
La importancia de esta fuente de recursos no es pequeña, especialmente ante el anuncio de Trump oponiéndose a que el BID realice préstamos para inversiones en empresas que actúen en Colombia y que cuenten con capital de China.
Nuevas rutas
Aunque hay que recordar que los estudios realizados por el antiguo Consejo de Infraestructura y Planeación de la UNASUR – Cosiplan -, mostraron que la suma de las inversiones en la región latinoamericana y caribeña, no solo del BID, sino del FMI y del BM, constituye apenas el 5% de los recursos para proyectos estratégicos. La disculpa habitual es que proyectos de esa naturaleza son de “alto riesgo”, de “baja calidad” o que, simplemente, no son una prioridad del Banco.
Con el ingreso a la Ruta de la Seda y la aceptación en el NBD el gobierno del Pacto Histórico abre un camino de objetivos en el plano infraestructural que puede priorizar las regiones más vulnerables. Un primer paso es la cooperación técnica para elaborar proyectos con sentido en la integración, promoviendo corredores de desarrollo que permitan que la población de fronteras reciba una efectiva mejora en la calidad de vida y se realicen capacitaciones para que, de manera sustentable, las personas aprovechen las oportunidades que surjan en ese proceso. Eso demanda, lógicamente, proactividad y organización en las regiones.
En esa línea, es también decisiva la inversión que contribuya a reorganizar el sistema productivo, democratizando las relaciones en el campo y ampliando la capacidad industrial para favorecer la oferta de empleo formal; igualmente la que inyecte recursos estatales en la educación, acelerando el progreso científico y tecnológico, beneficiando directamente la salud y el cuidado del medio ambiente.
Sin duda, estar al lado de los BRICS es una excelente noticia.
