El 21 de marzo de 2020, los prisioneros del penal se manifestaron por garantías para proteger su salud e higiene ante el covid-19. La protesta pacífica rápidamente se transformó en una noche de terror por la excesiva violencia de los guardias del Inpec. La represión dejó 108 heridos y más de 24 asesinatos
Redacción DD. HH.
Julián Duarte se unió a Objetivo Libertad en el 2020, una iniciativa que comenzó como un ejercicio de aglutinar otras campañas que brindaban acompañamientos a los casos de prisioneras y prisioneros políticos en el contexto del paro nacional. Durante su trabajo, se identificó la sistematicidad de los montajes judiciales contra las y los jóvenes.
Esta situación llevó a la creación de un espacio organizativo y social para acompañar a quienes ya están o puedan llegar a ser judicializados en un futuro.
Duarte fue víctima de los allanamientos y los montajes judiciales de 2019, lo que derivó en un proceso judicial que en la actualidad continúa en su desarrollo.
VOZ habló con él sobre los cinco años de la masacre en la cárcel La Modelo, la estrategia que usó la derecha para deslegitimar esa protesta y las demandas actuales de los familiares de las víctimas.
Los hechos
Cinco años de la masacre de la cárcel La Modelo. ¿Cómo se puede retratar esta situación?
La jornada de protesta fue convocada en distintos centros penitenciarios del país. Sus exigencias eran mínimas y básicas frente a la llegada del covid-19, garantías en términos de salud, higiene y cómo se organizaría el proceso para las visitas, que estaban siendo canceladas, y las cuales eran parte fundamental para la salud mental de esos prisioneros.
Sin embargo, lo que hizo el Establecimiento, junto con los grandes medios de comunicación, fue deslegitimar la protesta al señalarla como un plan de fuga masiva que estaba azuzado por parte del ELN y las disidencias de las Farc -EP.
Según cifras oficiales, 24 personas fueron asesinadas, sin embargo, los familiares y las víctimas sostienen que son más, porque hubo cuerpos que no aparecieron.
Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos señalan que se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en el marco de estas protestas…
Sí, la manifestación tuvo como principal reivindicación las exigencias frente al covid-19, pero también se sumaron a las demandas históricas de los y las privadas de la libertad respecto a sus condiciones, como el hacinamiento, la comida, educación, trabajo. Estas problemáticas son parte de un Estado inconstitucional que ha persistido durante más de veinte años en el país.
La retoma de la cárcel La Modelo estuvo a cargo del Inpec y otros organismos que atienden este tipo de emergencia, sin embargo, el uso de la fuerza fue totalmente desproporcional, se priorizó el uso de armas de fuego contra los privados de la libertad que no tenían armas, ni equipos de defensa como chalecos o un entrenamiento como lo tienen los guardias. El uso de las armas de fuego no se utilizó para disuadir a los manifestantes, sino para asesinarlos.
Por tal razón, organismos como Human Rights Watch afirman que hubo ejecuciones extrajudiciales, además de torturas como desnudez, golpes y la utilización de armas no convencionales como cuchillos, palos con puntillas y otros elementos. Esta acción fue un ejercicio premeditado para señalar que fue un ataque de los mismos internos y no un asesinato de parte de la guardia.
Las actuales exigencias
Todos los años realizan una movilización por la masacre y la amnistía total a los prisioneros y prisioneras por luchar. ¿Cómo fue la jornada este año?
Durante cinco años, cada 21 de marzo hacemos una conmemoración de esta masacre, en articulación con distintas colectividades e individualidades. Lo hacemos porque creemos que es fundamental que este hecho no sea olvidado por la sociedad colombiana.
Hasta el día de hoy, tres guardianes del Inpec están vinculados por cargos que tienen que ver con tortura agravada y lesiones personales agravadas, pero estas tres personas se encuentran en libertad por vencimiento de términos.
Por ello, nuestra principal exigencia es visibilizar las responsabilidades involucradas y resaltar que, en este acto de justicia, es clave que los principales responsables asuman su parte.
¿Quiénes podrían ser estos responsables?
Iván Duque, por ser presidente de la Nación en ese momento; la exalcaldesa Claudia López; Hugo Acero, quien era el secretario de Seguridad, Justicia y Convivencia; el brigadier general Norberto Mujica Jaime, quien era el entonces director del Inpec; Carlos Augusto Hincapié quien fue exdirector encargado de La Modelo; la excomandante de custodia y vigilancia, la teniente Elizabeth Vergara Vergara y, finalmente, Margarita Cabello por su papel como procuradora y fue la encargada de liderar desde su organismo las investigaciones y fue la primera en resaltar y defender el papel excesivo de la guardia.
¿Y sobre la amnistía total a los prisioneros y prisioneras por luchar?
Esto hace parte de una reivindicación. Estamos abocados a movilizarnos, decidimos que fuese un llamamiento colectivo a la sociedad colombiana, porque esta conmemoración atraviesa el profundo cuestionamiento de las cárceles y las prisiones para quién.
En ese orden de ideas, dentro de los múltiples niveles y dimensiones que permiten entender la problemática carcelaria, se destaca su función como un dispositivo de atomización de las fuerzas y los repertorios de la lucha social. Un ejemplo claro de esto son los procesos de criminalización que se dieron alrededor del paro nacional.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, las promesas hechas en relación con la libertad de los y las compañeras han sido sistemáticamente incumplidas, debido a una serie de factores que se han combinado de manera desfavorable.
Nosotras hablamos de amnistía total en la medida en que permite abocar cualquier momento del proceso judicial que tengan los y las compañeras, es decir, para quienes se encuentran siendo investigados, para quienes se encuentran en un proceso que de pronto están en libertad por vencimiento de términos, pero el proceso sigue en curso, también para aquellos que ya han sido o que ya tienen condenas.
Esta figura permitiría la libertad de todos ellos y ellas bajo ciertos delitos, lo cual implicaría, entre otras cosas, la creación de una nueva tipificación que también es posible legislativamente hablando. Esto sería viable a través de una revisión realizada por la Fiscalía, lo que abriría la posibilidad de aplicar esta nueva tipificación de los delitos que las personas tienen, de esta medida legislativa.
